Separaci¨®n de poderes

El auto por el que el juez del Supremo Pablo Llarena rechaz¨® emitir una nueva euroorden de captura contra Carles Puigdemont, en este caso dirigida a Dinamarca, ha sido objeto de cr¨ªtica. Unos se han fijado en el hecho de que discrepara del criterio del fiscal; otros han considerado que el juez baja a la arena pol¨ªtica con sus argumentos acerca de la intenci¨®n de Puigdemont de ser detenido.

Nosotros valoramos por encima de todo la autonom¨ªa en el funcionamiento de la justicia y respaldamos, por tanto, la decisi¨®n del juez de conducir el caso de acuerdo con sus propios criterios. Damos por hecho que el separatismo golpista, empe?ado ya ¨²nicamente en hacer el mayor da?o posible a Catalu?a y a Espa?a, es ignorante de estos principios.

A prop¨®sito de esta ¨²ltima decisi¨®n, verificamos, una vez m¨¢s, el derecho a opinar libremente sobre las actuaciones judiciales que todos los ciudadanos tienen. Y constatamos, asimismo, la existencia de un juez independiente actuando en el marco de sus competencias y el normal funcionamiento de un Estado de derecho en el que se respeta la separaci¨®n de poderes. Frente a esa realidad naufraga el constante intento del independentismo de desprestigiar el Estado de derecho, perturbar el funcionamiento de la justicia y sembrar las dudas, dentro y fuera de Espa?a, sobre la calidad de nuestra democracia.

Que juez y fiscal discrepen y que veamos al juez negarse a activar la euroorden al albur de los pasos que decida dar Puigdemont en su estrategia de burlar al Estado no debe intranquilizar a nadie. Tanto los pol¨ªticos dispuestos a cumplir la legalidad como la opini¨®n p¨²blica alarmada por el cariz grotesco que va tomando la andadura de Puigdemont y la mayor parte de los ciudadanos, incluidos numerosos independentistas, quieren ver cerrado el esperp¨¦ntico cap¨ªtulo que inici¨® el expresidente en Bruselas. Pero el tiempo judicial es distinto del emocional y del gubernamental y solo al juez le corresponde leg¨ªtimamente determinar la v¨ªa para perseguir eficazmente a los que han incumplido la ley. Llarena ha querido evitar un fraude ¡ªuno m¨¢s¡ª y ha considerado que hay que esperar.

Pero la guerra que libra Puigdemont es contra todo el Estado, no contra la justicia, y lo que llama la atenci¨®n es la inacci¨®n que encuentra en el que deber¨ªa ser el pilar m¨¢s activo, pol¨ªtico, discursivo y due?o de una iniciativa que alumbrara un futuro m¨¢s claro: el Gobierno. Es el Gobierno, no el juez, el que tiene que salir a disipar dudas y defender la autonom¨ªa de la justicia. Es el Gobierno, no los jueces, el que tiene que tranquilizar a los ciudadanos ante las ¨²ltimas amenazas de Puigdemont y los suyos ¡ªtranquilidad a la que, por cierto, no contribuyeron las palabras de ayer del ministro del Interior¡ª. La suerte quiso que una brillante profesora danesa pusiera a Puigdemont en su sitio en Copenhague y defendiera la causa de la democracia espa?ola con m¨¢s vigor y convicci¨®n de lo que hemos escuchado nunca en boca de un ministro del Gobierno o de su presidente. Esa carencia de pol¨ªtica est¨¢ en el origen de los problemas que padecemos: el exceso de judicializaci¨®n del caso, no lo olvidemos, responde no solo al desaf¨ªo de los golpistas, sino a la falta de respuesta adecuada, pronta y contundente por parte del Gobierno.