?Podemos permitirnos un ingreso m¨ªnimo vital?

En pocos d¨ªas, el Congreso de los Diputados constituir¨¢ formalmente la ponencia encargada de redactar la Ley que ha de establecer un Ingreso M¨ªnimo para parados sin recursos en nuestro pa¨ªs. Como era de esperar, en su contra se han alzado voces que llaman a la ¡°responsabilidad¡± del legislador, porque ¡°algo as¨ª no nos lo podemos permitir¡±.

Los argumentos tambi¨¦n han sido previsibles: que si ¡°cuesta demasiado¡±, que si se trata de un est¨ªmulo a la ¡°vagancia¡±, que si supone un ¡°efecto llamada¡± a la inmigraci¨®n econ¨®mica... Para la mayor¨ªa de la sociedad espa?ola, sin embargo, lo que ¡°no nos podemos permitir¡± es la realidad de un 28% de espa?oles sufriendo riesgo de pobreza y exclusi¨®n social, como se?ala Eurostat, en un pa¨ªs, adem¨¢s, cuyo Gobierno presume cada d¨ªa del crecimiento sostenido del PIB.

Va a costar sobremanera que la tramitaci¨®n de esta ley concite la debida atenci¨®n medi¨¢tica y social, en un contexto casi monopolizado por el bucle de la pol¨ªtica catalana o las revelaciones de los arrepentidos en las interminables causas judiciales del PP. No obstante, hay muchas razones para reclamar el foco sobre este asunto. En primer lugar, porque se trata de una iniciativa legislativa popular, llegada al Congreso gracias al esfuerzo y la esperanza de m¨¢s de 700.000 firmantes.

Segundo, porque sus promotores fueron los sindicatos UGT y CCOO, leg¨ªtimos representantes de los trabajadores espa?oles. Y tercero, porque interpela a los poderes p¨²blicos para cumplir una obligaci¨®n moral antes que pol¨ªtica: la de luchar efectivamente contra la pobreza y proveer a nuestros semejantes de los medios necesarios para vivir con dignidad.

Quien esto firma tuvo el privilegio de defender en la tribuna del Congreso la toma en consideraci¨®n de esta propuesta de ley. Y si entonces hab¨ªa razones para admitirla a tr¨¢mite, hoy, m¨¢s de un a?o despu¨¦s, las razones para que entre en vigor son a¨²n m¨¢s s¨®lidas, tanto en el orden social como en la clave econ¨®mica e, incluso, en t¨¦rminos puramente democr¨¢ticos.

Es cierto que la macroeconom¨ªa espa?ola ha superado la crisis iniciada en 2008. Pero no es menos verdad que el crecimiento del PIB se ha financiado con pobreza laboral y desigualdad social. Las empresas del IBEX multiplican beneficios con porcentajes de dos d¨ªgitos, mientras el paro se mantiene por encima de los 3,7 millones de personas, de las que m¨¢s de la mitad no reciben prestaci¨®n publica alguna.

De hecho, casi la cuarta parte de los espa?oles que llevan parados m¨¢s de dos a?os no tienen cobertura p¨²blica. Son m¨¢s de 1,5 millones. La cobertura p¨²blica a los parados registrados ha pasado del 70% al 58% entre 2011 y 2017. En consecuencia, los hogares espa?oles con todos sus miembros en paro superan los 1,2 millones y m¨¢s de uno de cada cinco espa?oles se sit¨²a ya por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, a medida que arreciaban los costes sociales de la crisis, el Gobierno recortaba el gasto destinado a proteger a sus v¨ªctimas.

En t¨¦rminos estructurales, adem¨¢s, todo parece indicar que la econom¨ªa global y la revoluci¨®n tecnol¨®gica digital se est¨¢n saldando con un balance de empleo negativo. Todav¨ªa son menos los empleos creados que los que se destruyen al calor del avance t¨¦cnico en los procesos productivos.

Y esto supone un problema grave para unas sociedades que tradicionalmente han vinculado renta con empleo y ayudas p¨²blicas con situaciones temporales de desempleo. Si las econom¨ªas de mercado no son capaces de reducir las tasas de paro, y en tanto no cambiamos el paradigma econ¨®mico en favor del reparto de los tiempos de trabajo o el fomento de nuevas actividades intensivas en mano de obra, parece razonable generalizar prestaciones de ingresos m¨ªnimos como la que nos ocupa.

Tambi¨¦n hay buenos argumentos de eficacia econ¨®mica para respaldar esta iniciativa. Est¨¢ demostrado que las econom¨ªas que crecen a costa de reducir el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro de los trabajadores est¨¢n condenadas al fracaso a medio plazo. Una prestaci¨®n p¨²blica para hogares sin recursos supone una inyecci¨®n inmediata al consumo, que se traducir¨¢ necesariamente en el aumento de la actividad econ¨®mica y el empleo. Esta es una l¨ªnea de pensamiento que ya est¨¢n asumiendo las autoridades de la Comisi¨®n Europea y el FMI a prop¨®sito del aumento necesario en los salarios.

Hay una raz¨®n democr¨¢tica tambi¨¦n a favor de este tipo de medidas. Porque si una prestaci¨®n para hogares pobres podr¨ªa ¡°llamar¡± negativamente a la pereza o a la inmigraci¨®n econ¨®mica ilegal, como aseguran sus detractores, es seguro que la cronificaci¨®n de las desigualdades y el aumento de la pobreza acabar¨¢n ¡°llamando¡± al auge de los populismos que persiguen derruir el sistema vigente sin asegurar nada mejor.

Est¨¢ comprobado hist¨®ricamente que la desigualdad y la pobreza constituyen el aut¨¦ntico c¨¢ncer de la democracia. En consecuencia, aquellos que cuentan afanosamente sus monedas, tal y como hac¨ªa el avaro Ebenezer Scrooge en el c¨¦lebre Cuento de Navidad de Dickens, deber¨ªan calcular bien hasta d¨®nde pueden tensar la cuerda de la injusticia social. Porque un d¨ªa podr¨ªa romperse...

En la ponencia legal en ciernes podremos discutir y acordar en torno al cu¨¢nto, al cu¨¢ndo y al c¨®mo. Si la ayuda se establece como una nueva prestaci¨®n no contributiva a cargo de la Seguridad Social, financiada con los presupuestos del Estado, pero gestionada por las Comunidades Aut¨®nomas, salvaremos las dificultades competenciales. Si acordamos un calendario de aplicaci¨®n progresiva, sortearemos tambi¨¦n los inconvenientes presupuestarios. Si vinculamos bien la prestaci¨®n con el marco global de las pol¨ªticas activas y pasivas de empleo, as¨ª como con las rentas auton¨®micas de inserci¨®n, el conjunto podr¨ªa resultar armonioso y eficaz.

Es mucho dinero, desde luego. Seg¨²n las f¨®rmulas y los tiempos de aplicaci¨®n, podr¨ªamos hablar de entre 6.000 y 12.000 millones de euros al a?o. Pero ?es demasiado? Habr¨ªa que hacer comparaciones. ?Comparamos con los m¨¢s de 60.000 millones del rescate a la banca que nunca se recuperar¨¢n? ?O con los 40.000 millones de dinero negro lavado en la amnist¨ªa fiscal de Montoro? ?O con los 13.000 millones anuales ¡°ahorrados¡± en prestaciones por desempleo desde 2011? ?Y c¨®mo de cara resulta la pobreza?

Ser¨¢ dif¨ªcil, sin duda. Pero tengamos algo claro: lo que realmente no se puede permitir la sociedad espa?ola, si aspira a un m¨ªnimo de justicia, dignidad y decencia, es dejar a millones de semejantes en la cuneta de la marginalidad social.

Rafael Simancas es secretario general del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados