Lengua de Espa?a

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la disposici¨®n de la Ley Org¨¢nica para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE, o ley Wert) que obligaba a la Generalitat a hacerse cargo de los gastos de escolarizar en centros privados a los alumnos cuyas familias optaran por la ense?anza en castellano. Estima el Alto Tribunal que el Gobierno se arrog¨® esa competencia de manera indebida.

La sentencia es importante porque su literalidad cierra el paso legal a la pretensi¨®n de establecer de facto una doble red escolar en Catalu?a. Es, tambi¨¦n, oportuna, al coincidir con el debate lanzado por el Gobierno, de forma torpe y confusa, acerca de si intervenir, v¨ªa las competencias adquiridas en el marco del art¨ªculo 155, en la modificaci¨®n del peso relativo de castellano y catal¨¢n en el sistema educativo.

La sentencia es el mejor aviso para el Gobierno de que en esta materia, extraordinariamente sensible, huelgan las chapuzas y las precipitaciones, m¨¢xime si vienen dictadas por la inquietud que ha generado el auge de Ciudadanos en las encuestas y el consiguiente deseo de los populares de no dejarse arrebatar el papel de mejor ariete contra el secesionismo.

Ni el catal¨¢n ni los catalanes deben ser v¨ªctimas de esos forcejeos que confrontan lenguas e identidad. Ni de los que buscan auparse en el nacionalismo espa?ol para lograr r¨¦ditos electorales ni de los que en los ¨²ltimos tiempos han intentado poner la lengua catalana al servicio de un proyecto pol¨ªtico tan divisivo y excluyente como el independentismo.

Las lenguas cooficiales son de toda Espa?a y corresponde al Gobierno protegerlas y difundirlas?

El debate debe partir del extremo contrario: de la necesidad de poner el catal¨¢n a salvo de unos y otros y reivindicarlo como una lengua de todos, dentro y fuera de Catalu?a. Es lo l¨®gico y sensato. La jurisprudencia del TC reafirma el art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n por el que el catal¨¢n (y las dem¨¢s lenguas cooficiales) merece especial protecci¨®n y promoci¨®n y forma parte del patrimonio com¨²n. El catal¨¢n es tambi¨¦n lengua de toda Espa?a y por eso corresponde a los poderes p¨²blicos, empezando por el Gobierno de la naci¨®n, protegerlo y difundirlo.

Su expansi¨®n en 40 a?os ha sido muy exitosa. Lo entiende el 95% y lo usa m¨¢s del 80% de la poblaci¨®n, lo que ha evitado el peligro, real al comienzo de la Transici¨®n, de su residualizaci¨®n. Su ¨¦xito es el de la democracia espa?ola y del sistema de autogobierno del que nos dotamos en 1978, que establece y celebra la pluralidad como un patrimonio de todos. Su vitalidad est¨¢ pues en el respaldo que todos le han otorgado. Por tanto, al contrario de lo que sostienen los independentistas, no es una lengua hu¨¦rfana ni sin Estado. Su pujanza procede del empe?o de sus usuarios y del reconocimiento e impulso del Estado. Si acaso, cabr¨ªa proyectar m¨¢s su visibilidad y conocimiento ¡ªasimismo de las otras lenguas del Estado¡ª en el sistema educativo y las instituciones, de tal manera que se normalizara su conocimiento y uso tambi¨¦n fuera de Catalu?a.

La escuela catalana ha contribuido a ese empuje del idioma. El modelo de l¨ªnea escolar ¨²nica arroja resultados pedag¨®gicos muy razonables: la capacitaci¨®n en las dos lenguas oficiales al final del ciclo escolar. Y sociales, al evitar una segregaci¨®n que discriminar¨ªa para el empleo entre catalanes de origen biling¨¹e contra catalanes de adscripci¨®n reciente, monoling¨¹es en castellano. Esos ¨¦xitos cosechados en cuatro d¨¦cadas no deben inducir complacencias paralizantes. Son mejorables: el modelo debe aspirar a superar la media, a mejorar en contenidos entre unas y otras zonas. Pero debe hacerse con criterios t¨¦cnicos, no pol¨ªticos.

Castellano y catal¨¢n han convivido con naturalidad hasta ahora enriqueciendo a la sociedad

El TC ha validado que el catal¨¢n sea el ¡°centro de gravedad¡± del sistema escolar, y el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que su uso vehicular debe convertirlo en el ¡°normalmente¡± empleado. Pero tambi¨¦n ha confirmado el car¨¢cter vehicular complementario del castellano y objetado la pretensi¨®n de la Generalitat de que ese objetivo se logre reduciendo este a una ¨²nica asignatura. La doctrina constitucional est¨¢, por tanto, asentada, y obliga a una convivencia de las dos lenguas en el sistema educativo que la Generalitat no puede, como ha hecho hasta ahora, ignorar.

El peso relativo de ambos debe decidirse ¡ªcomo ya hacen muchos centros escolares¡ª aplicando con inteligencia las orientaciones de las sentencias judiciales, que establecen una proporci¨®n indicativa de en torno al 25% para el castellano. Y con flexibilidad: consejos escolares y comunidad educativa debieran modularlo seg¨²n las necesidades concretas de cada poblaci¨®n y cada barrio. En zonas de preponderancia ling¨¹¨ªstica castellana, af¨ªrmese m¨¢s el catal¨¢n. En las de prevalencia catalana, d¨®tese a los escolares de mejor instrumental castellano. Sin sectarismos y sin partidismos.

El biling¨¹ismo de la sociedad catalana es una riqueza, y debe ser motivo de orgullo para todos, dentro y fuera de Catalu?a, no de fractura. Castellano y catal¨¢n han convivido con naturalidad hasta ahora enriqueciendo a la sociedad. Deben seguir haci¨¦ndolo.