La turbadora presencia de los militares en Am¨¦rica Latina

El despliegue por parte del ej¨¦rcito brasile?o para reducir los bloqueos en las autopistas de los camioneros que han colapsado al pa¨ªs y la reciente retenci¨®n de 38 militares en Venezuela implicados en actividades conspirativas ha puesto en los titulares la evidencia de que un actor que presidi¨® la pol¨ªtica latinoamericana durante gran parte de su vida republicana sigue siendo un inevitable actor con poder pol¨ªtico.

Ello, como ense?a la historia, es un avatar que comporta riesgos a la democracia que, lejos de ser imprevisibles, se sit¨²an en la tradici¨®n militar del continente. El involucramiento de las Fuerzas Armadas por parte del gobierno de Salvador Allende para confrontar la huelga de camioneros en Chile abri¨® las puertas a su intervenci¨®n pol¨ªtica y fue un factor que facilit¨® el golpe de Estado, como lo es el ruido de sables en la sala de banderas de los cuarteles.

Dos son los terrenos en los que la actuaci¨®n militar ha tenido una arraigada presencia en la vida p¨²blica latinoamericana. El primero ha sido en la seducci¨®n de los civiles por parte de los militares, su aparente fraternal proximidad y la adulaci¨®n de unos y otros en maridajes de nefastas consecuencias. El segundo ha consistido en la permanente b¨²squeda de autonom¨ªa militar para obviar su sometimiento al poder civil, fuese en el ¨¢mbito presupuestario o en el administrativo y jurisdiccional. De la compleja realidad de Am¨¦rica Latina, una regi¨®n donde la inseguridad ciudadana y la debilidad del Estado acuciado por mafias delincuenciales dominan la agenda de las preocupaciones ciudadanas, hay dos pa¨ªses donde la presencia militar ha sido especialmente pesada tanto por la importancia de las Fuerzas Armadas en t¨¦rminos de representaci¨®n real por sus efectivos y presupuesto, como por el significativo lapso en el que estuvieron en el poder. Se trata de Guatemala y del propio Brasil. Dejo ahora de lado a Venezuela donde el r¨¦gimen de Maduro tiene un importante asidero en la instituci¨®n militar.

El presidente Jimmy Morales ha mantenido un intenso idilio con las Fuerzas Armadas de Guatemala desde el propio proceso electoral cuando fue elegido en 2016 y que se extiende hasta el presente. Entre su entorno se encuentra un general de pasado turbio, Erick Melgar Padilla, con una orden de captura y fugado, su hermano, militar en retiro y hoy diputado, Herbert Armando, y Edgar Ovalle, coronel retirado, diputado oficialista y tambi¨¦n fugado, con vinculaciones a la violaci¨®n de derechos humanos y al financiamiento electoral il¨ªcito. Paralelamente, Morales ha beneficiado al ej¨¦rcito transfiri¨¦ndole recursos del Fondo de Desarrollo y se ha beneficiado de ¨¦l al recibir un ins¨®lito bono extraordinario en concepto de responsabilidad entregado por el Ministerio de la Defensa y que tuvo que devolver tras la interposici¨®n de la Contralor¨ªa General de Cuentas. Conviene no olvidar que las fuerzas de seguridad del Estado son responsables del 93% de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo cr¨ªtico comprendido entre 1981 y 1986. Todo ello en un pa¨ªs en el que seg¨²n Naciones Unidas el conflicto armado dej¨® en torno a 200.000 muertos o desaparecidos.

En Brasil en octubre pasado se sancion¨® la ley 13.491/17 por la que se ampli¨® la competencia de la Justicia Militar Federal vinculada con los graves problemas del crimen organizado que vienen asolando al pa¨ªs. La ley no confiere a la polic¨ªa civil atribuci¨®n alguna para investigar acciones de los soldados que causen la muerte de civiles. De esta manera, se ve soslayada la jurisprudencia de la Corte Interamericana de que la justicia militar tenga un car¨¢cter restringido, funcional y excepcional. En la misma direcci¨®n se discute en el Senado el proyecto de ley 352/201725 que modificar¨ªa el C¨®digo Penal brasile?o para presumir leg¨ªtima defensa cuando un agente de seguridad p¨²blica mata o lesiona a quien porta ilegal y ostensiblemente un arma de fuego. La militarizaci¨®n de la pol¨ªtica de seguridad trae, como consecuencia, un incremento del poder irrestricto del Ej¨¦rcito y la subsiguiente ampliaci¨®n de garant¨ªas jur¨ªdicas que terminan confiri¨¦ndole impunidad en su actuaci¨®n. Desde la pre campa?a electoral que vive el pa¨ªs la oferta de Jair Bolsonaro, ex militar y ardiente defensor del legado de la dictadura y que mantiene altas expectativas de disputa de la presidencia, es coherente con este estado de cosas. Todo ello, junto con la presencia de los militares en el debate pol¨ªtico, que se increment¨® al calor de la destituci¨®n de la presidenta Dilma Rousseff y se aceler¨® con relaci¨®n a la situaci¨®n procesal de Lula, genera un clima de zozobra. En este sentido, la posici¨®n expl¨ªcita del Comandante en Jefe del Ej¨¦rcito, Eduardo Villas-Boas, y otros generales, como Lu¨ªs Gonzaga Schroeder, que hab¨ªa declarado al peri¨®dico O Estado de S. Paulo que, si Lula no es enviado a la c¨¢rcel, "el deber de las Fuerzas Armadas es restaurar el orden", generan un clima de opini¨®n que puede permear al resto de una regi¨®n que empezaba a mirar su futuro con cierto optimismo tras la desmilitarizaci¨®n vivida en Colombia.