El reto de saber elegir

El esc¨¢ndalo tributario que ha forzado la inmediata dimisi¨®n del ministro de Cultura M¨¤xim Huerta ha puesto de manifiesto la urgencia de establecer mecanismos que reduzcan la probabilidad de nombrar a un cargo p¨²blico con tachas en su historial. Aunque est¨¢ bien que los servidores p¨²blicos renuncien de inmediato a su puesto asumiendo su responsabilidad, es necesario poner en pr¨¢ctica m¨¦todos de control previo que garanticen que el futuro cargo p¨²blico ha tenido un comportamiento ejemplar en el pasado. No se trata de inventar procedimientos extravagantes ni investigaciones inquisitoriales, sino de comprobar que el candidato cumple las condiciones de honradez profesional y cumplimiento de sus deberes ciudadanos en el ¨¢mbito fiscal, en el laboral o en el acad¨¦mico. Es decir, que no hay en su trayectoria causa alguna de esc¨¢ndalo pol¨ªtico.

Por esa raz¨®n, el nombramiento de cargos p¨²blicos tiene que estar sometido a unas normas m¨ªnimas de investigaci¨®n, que deber¨ªan ser aceptadas, en beneficio propio, por los gobiernos y por las instituciones. De la misma forma que las empresas y algunos organismos independientes comprueban con detalle el curr¨ªculo de los aspirantes y los rechazan cuando advierten irregularidades significativas, la trayectoria p¨²blica de los candidatos a ocupar un ministerio, una secretar¨ªa de Estado o las presidencias de las instituciones claves del Estado (Tribunal Constitucional, Supremo, Banco de Espa?a) merece un examen detallado que, por desgracia, hoy no se hace.

Las dos cuestiones principales son qu¨¦ ha de investigarse y qui¨¦n debe hacerlo. El l¨ªmite de la investigaci¨®n previa es la vida privada. Qui¨¦n debe hacerlo plantea algunos problemas. Pero los partidos y la propia Administraci¨®n disponen de los recursos suficientes para ofrecer un chequeo m¨ªnimo sobre la persona propuesta.

Estados Unidos es uno de los pa¨ªses que m¨¢s ha desarrollado ciertas reglas en este sentido. El llamado vetting process somete al candidato a un puesto p¨²blico de alto nivel a una rigurosa investigaci¨®n que culmina en un meticuloso examen en el Senado. Los procesos no se limitan a la pol¨ªtica. Tambi¨¦n la judicatura cuenta con un sistema similar para que los ciudadanos, a trav¨¦s de su Parlamento, seleccionen a los magistrados de mayor rango. Son mecanismos que no garantizan la elecci¨®n de los m¨¢s honestos y los m¨¢s preparados para el cargo al que optan, pero elevan sin duda las posibilidades de conseguirlo.

Designar a un alto cargo que esconde problemas con el fisco o falsea su expediente acad¨¦mico no es un error exclusivo de este pa¨ªs. Francia, Alemania e Italia han sufrido esc¨¢ndalos similares en los ¨²ltimos a?os. Pero los numerosos casos de corrupci¨®n pol¨ªtica que se est¨¢n sucediendo en los ¨²ltimos tiempos en Espa?a alarman gravemente a la sociedad. Los sondeos se?alan reiteradamente la preocupaci¨®n de los ciudadanos por la corrupci¨®n y por la acci¨®n de los pol¨ªticos y sus partidos. La sensibilidad social y democr¨¢tica en contra de ciertos desmanes se ha extremado, lo que es una consecuencia positiva de un mal tan perjudicial para un proyecto colectivo. Es imprescindible sentar los procedimientos para realizar un adecuado escrutinio de los aspirantes.