Por el fin de la impunidad

La Corte Penal Internacional (CPI) ha cumplido veinte a?os. El genocidio ruand¨¦s y la guerra de los Balcanes aconsejaron establecer sendos tribunales temporales para perseguir a los principales responsables de las masacres. En ese contexto naci¨® con car¨¢cter permanente la CPI, que daba respuesta al sue?o de la justicia universal y la demanda del fin de la impunidad en cualquier rinc¨®n del mundo. Torpedeado por las grandes potencias, que adem¨¢s forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Rusia y Estados Unidos), el balance de su acci¨®n est¨¢ repleto de frustraciones. La imposible reparaci¨®n de las v¨ªctimas del l¨ªder centroafricano Jean-Pierre Bemba, condenado por la CPI a 18 a?os de prisi¨®n, es solo una de ellas. Sin embargo, es una gran conquista de los derechos humanos.

Su existencia es una amenaza contra toda tentativa de cometer cr¨ªmenes contra la humanidad e incluso de invadir un pa¨ªs; un delito que se acaba de incorporar a su jurisdicci¨®n. Es un hecho hist¨®rico. Solo el Tribunal de N¨²remberg pudo perseguir un crimen de tal naturaleza.

Durante estas dos d¨¦cadas, la modesta maquinaria judicial ¡ªpara el objetivo buscado¡ª con sede en La Haya ha sufrido todo tipo de obst¨¢culos pol¨ªticos que le han obligado, por el momento, a centrar casi en exclusiva su acci¨®n en los pa¨ªses africanos que no disponen de instituciones solventes para perseguir las salvajes y masivas agresiones. En 2012 dict¨® su primera condena: la del se?or de la guerra congole?a y reclutador de ni?os soldado Thomas Lubanga. Hoy intenta investigar los delitos cometidos en Georgia, Afganist¨¢n o Palestina.

Con todas sus limitaciones, la CPI ha consolidado como crimen de guerra las agresiones sexuales y es un referente de paz y de justicia que hay que preservar y perfeccionar. La tarea realizada es importante. La que queda por hacer, ingente.