Mala se?al

La decisi¨®n del Gobierno de trasladar a dos presos etarras en tercer grado, Olga Sanz Mart¨ªn y Javier Moreno Ramajo, de la c¨¢rcel asturiana de Villabona a la vizca¨ªna de Basauri ha despertado las peores maneras del Partido Popular, que carg¨® de inmediato contra la medida. Los etarras hab¨ªan planeado asesinar en 1997 a Juan Mar¨ªa Atutxa, en esa fecha consejero peneuvista de Interior, y a Carlos Iturgaiz, entonces presidente del PP vasco y hoy eurodiputado de la formaci¨®n conservadora, y fueron detenidos un a?o despu¨¦s y condenados, cada uno, a m¨¢s de 70 a?os de c¨¢rcel.

Con el reconocimiento del tercer grado, el traslado cumple con todas las exigencias de la ley: desvincularse de ETA, pedir perd¨®n, colaborar con la justicia, afrontar las responsabilidades econ¨®micas de la sentencia y haber cumplido las tres partes de la condena. Aun as¨ª, desde el mi¨¦rcoles distintos miembros del PP han arremetido contra el Gobierno con el mensaje de que este favorec¨ªa a los etarras para contentar a los partidos nacionalistas vascos que apoyaron a Pedro S¨¢nchez en la moci¨®n de censura.

Pablo Casado, el nuevo l¨ªder del PP, continu¨® ayer con los ataques. En una ofrenda floral dedicada a las dos v¨ªctimas de un atentado etarra en Santa Pola (Alicante) hizo suyas las palabras de la carta que Iturgaiz hab¨ªa enviado un d¨ªa antes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que lo acusaba de ¡°premiar a los verdugos y castigar a las v¨ªctimas¡±. Una invectiva que ha chocado abiertamente con la posici¨®n de los colectivos que defienden a estas ¨²ltimas. Consuelo Ordo?ez, de Covite, asegur¨® que el traslado ¡°es absolutamente legal¡±, y Maite Araluce, presidenta de la AVT, sostuvo que ¡°se ajusta a la ley y cumple todos los requisitos. Y a?adi¨®: ¡°No es que nos guste, pero no nos oponemos¡±.

ETA ha sido derrotada, sobre eso ya no cabe discusi¨®n alguna. Quedan todav¨ªa algunos flecos que atar, y no es una tarea balad¨ª. Convertir ahora el delicado camino que queda por recorrer tras el final de la banda terrorista en una abierta confrontaci¨®n partidista no solo es un error may¨²sculo, sino una manifiesta irresponsabilidad. Si se cumplen las leyes, no hay caso. Y lo sensato ser¨ªa que se conservaran intactos los consensos de la lucha antiterrorista. Casado ha elegido, en cambio, explorar la v¨ªa de la polarizaci¨®n utilizando el dolor de las v¨ªctimas para erosionar al Gobierno. Ha calculado, de paso, que la f¨®rmula le permite fortalecer la complicidad con sus bases explotando el m¨¢s peligroso de los resortes emocionales: la impotencia acumulada durante tantos a?os en los que la furia asesina de unos nacionalistas fan¨¢ticos llen¨® el pa¨ªs de una crueldad in¨²til e innecesaria.

Son muchos a los que, como a tantas v¨ªctimas, tampoco les gusta que algunos de los mayores asesinos de ETA salgan de la c¨¢rcel, como Santi Potros hace unos d¨ªas. Pero lo que sostiene a un Estado de derecho son sus leyes. Y es una condici¨®n imprescindible que las haga respetar para realizar con mayor autoridad lo que a¨²n queda por hacer para que la democracia deje definitivamente atr¨¢s el terror etarra. Casado se ha equivocado.