El fracaso de la fiscal¨ªa

Los sonados reveses que la fiscal¨ªa mexicana ha sufrido recientemente no solo ilustran con precisi¨®n las carencias hist¨®ricas que arrastra la instituci¨®n, sino que arrojan sombras m¨¢s que preocupantes tanto sobre el tramo final del mandato de Enrique Pe?a Nieto como sobre el pr¨®ximo sexenio del todav¨ªa presidente electo, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Peor a¨²n, la probada y repetida incapacidad de la PGR (Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica) de sostener ante los jueces sus propias investigaciones amenaza con sumergir a M¨¦xico a¨²n m¨¢s en el agujero negro judicial en el que se encuentra desde hace d¨¦cadas, donde el 99% de los delitos queda impune, la mayor¨ªa porque ni siquiera se denuncian.

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Los dos ¨²ltimos traspi¨¦s resultan especialmente alarmantes. Por un lado, la fiscal¨ªa ha retirado la acusaci¨®n por delincuencia organizada contra el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, en la c¨¢rcel desde que fuera extraditado a M¨¦xico desde Guatemala, adonde hab¨ªa huido. El cargo ha sido sustituido por el de asociaci¨®n delictuosa, de menor gravedad. M¨¢s all¨¢ de los tecnicismos legales, ello abre la posibilidad de que el acusado pueda salir de prisi¨®n mientras aguarda el final del proceso y deja meridianamente claro que los bandazos de la PGR, en este y en otros casos de alto nivel, se han constituido en uno de los obst¨¢culos mayores para lograr justicia en M¨¦xico.

El otro asunto lo ha protagonizado la antigua lideresa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, quien qued¨® en libertad hace unas semanas tras m¨¢s de cinco a?os de reclusi¨®n (los ¨²ltimos tiempos en su domicilio) al desestimar un juez los cargos en su contra de delincuencia organizada y lavado de dinero. Resulta necesario subrayar que Gordillo no ha sido juzgada y absuelta por estos delitos, un resultado siempre aceptable en una democracia establecida con un sistema judicial independiente y funcional. La veterana dirigente ha visto como la justicia ha desestimado los cargos, pese a los evidentes indicios y acumulaci¨®n de patrimonio que sugieren cuando menos un manejo dudoso de los dineros del sindicato, el mayor de M¨¦xico y de Am¨¦rica Latina, y sospechoso siempre de corruptelas y tr¨¢ficos de influencia.

La fiscal¨ªa, de nuevo, y esta vez ante uno de los casos m¨¢s emblem¨¢ticos del mandato de Pe?a Nieto (Gordillo fue encarcelada al inicio del sexenio en lo que se interpret¨® como un golpe de autoridad del entonces joven presidente) se ha mostrado incapaz, a lo largo de cinco a?os, y con todos los medios del Estado a su disposici¨®n, no ya de asegurar una condena ante los tribunales, sino ni siquiera de lograr que el caso vaya a juicio. Lo que apunta o bien a una insolvencia profesional de todo punto inaceptable en un pa¨ªs que, como M¨¦xico, aspira leg¨ªtimamente a unas instituciones homologables a nivel internacional, o bien a una falta de voluntad de perseguir este tipo de asuntos, especialmente en las postrimer¨ªas del sexenio, cuando los costes pol¨ªticos son menores. La respuesta es con toda probabilidad una mezcla de ambas.

La PGR lleva meses sin titular, con un funcionario ejerciendo de suplente, una responsabilidad directamente atribuible al presidente Pe?a Nieto, que ve en estos tropiezos c¨®mo sus promesas anticorrupci¨®n se estrellan contra la realidad. La situaci¨®n, por otra parte, se presenta como uno de los mayores retos del presidente electo, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Desde su victoria en julio pasado, el futuro mandatario y los integrantes de su gabinete se han mostrado err¨¢ticos, cuando no contradictorios, al abordar los problemas de la fiscal¨ªa. Ante la petici¨®n de parte de la sociedad civil de una reforma integral del art¨ªculo 102 de la Constituci¨®n, L¨®pez Obrador ha dado muestras m¨¢s bien de preferir cambios cosm¨¦ticos y de acelerar el nombramiento de un fiscal siguiendo la normativa vigente.

Por el contrario, M¨¦xico necesita una reforma en profundidad de la fiscal¨ªa que eleve la profesionalidad y la capacitaci¨®n t¨¦cnica de sus miembros; una decidida voluntad de homologar sus usos, su metodolog¨ªa, as¨ª como sus recursos humanos y tecnol¨®gicos con las mejores pr¨¢cticas internacionales, y una decidida voluntad pol¨ªtica de poner coto a la impunidad. Se trata de una tarea herc¨²lea cuyo fracaso, que conviene evitar a toda costa, arrojar¨ªa una sombra formidable sobre el conjunto del mandato del pr¨®ximo presidente.