El bien com¨²n y los impuestos

Mientras esperaba el autob¨²s que me llevar¨ªa a la capital, observaba a aquel ni?o que no dejaba de llorar. Su madre se esforzaba en sujetarlo y a la vez intentar que la bolsa de suero que llevaba conectada a su brazo se mantuviera elevada. Su tez morena estaba empapada de sudor. Intent¨¦ ayudarla a sostener el suero mientras sub¨ªan al autob¨²s. Le pregunt¨¦ qu¨¦ le pasaba al ni?o y me dijo que no sab¨ªa, pero que en el hospital de su ciudad le hab¨ªan dicho que se fuera a la capital porque all¨ª tal vez podr¨ªan atenderlo mejor. Ella ve¨ªa que el ni?o empeoraba y, como no hab¨ªa ambulancia, consigui¨® que el padre le diera el dinero para el autob¨²s y arranc¨® con su peque?o y su bolsa de suero, a ver si en la capital lo salvaban.

En aquellos d¨ªas se discut¨ªa el presupuesto nacional. Una vez m¨¢s, la inversi¨®n p¨²blica en salud quedaba relegada, siendo menos de 2% del PIB. No hab¨ªa recursos, dec¨ªan. Mientras tanto, nadie cuestionaba por qu¨¦ se les exim¨ªa del pago de impuestos a las grandes empresas multinacionales o por qu¨¦ hab¨ªa dinero para tener tanta gente contratada por motivos pol¨ªticos. Aquella mujer tampoco se lo preguntaba. Cuando llegamos a la capital, el ni?o ya no lloraba. Se lo ve¨ªa muy d¨¦bil. Pens¨¦ que quiz¨¢s en el hospital infantil tampoco encontrar¨ªa atenci¨®n para su ni?o.

Los debates sobre impuestos o gasto p¨²blico quedan muy lejos de la gente, aunque en el fondo estemos discutiendo sobre cuestiones tan fundamentales como el derecho a la vida o a la salud de las personas m¨¢s pobres. Parecer¨ªa que el debate fiscal, principalmente el tributario, es algo meramente t¨¦cnico, muy complicado y dif¨ªcil para los que no son economistas. Un debate que, en apariencia, no tiene nada que ver con los derechos o con la democracia.

Pol¨ªtica fiscal, ciudadan¨ªa y derechos

Seg¨²n el ¨²ltimo informe de la Encuesta de Presupuesto Abierto que desarrolla el International Budget Partnership, ning¨²n pa¨ªs de Am¨¦rica Latina proporciona oportunidades adecuadas de participaci¨®n ciudadana en la creaci¨®n del presupuesto nacional. Los 17 pa¨ªses analizados tienen poca o ninguna participaci¨®n de la poblaci¨®n en las decisiones de inversi¨®n p¨²blica. La nota promedio es de 12 puntos sobre 100. La participaci¨®n ciudadana en la discusi¨®n tributaria es a¨²n m¨¢s insignificante. El simple hecho de que ni siquiera se monitoree la pol¨ªtica impositiva expresa la imposibilidad de participaci¨®n en decisiones gubernamentales que, de modo general, la ciudadan¨ªa desconoce.

En realidad, la pol¨ªtica fiscal est¨¢ en el coraz¨®n del contrato social entre ciudadan¨ªa y Estado, y deber¨ªa estar tambi¨¦n en el centro del debate sobre el bienestar colectivo. Cuando hablamos de pol¨ªtica fiscal hablamos de qu¨¦ tipo de Estado queremos, cu¨¢les son las prioridades colectivas y quienes las deciden, as¨ª como qui¨¦nes y cu¨¢nto pagan para financiar estas prioridades. En los Estados democr¨¢ticos, es fundamental que la ciudadan¨ªa pueda participar en las grandes decisiones fiscales, ya que es all¨ª donde se define y concreta, o donde se niega y cercena, la realizaci¨®n del bien com¨²n. Lamentablemente, un velo t¨¦cnico excluye a la mayor¨ªa de la gente de estas decisiones y permite que sectores sociales con m¨¢s poder econ¨®mico y pol¨ªtico influyan de forma desmedida en las decisiones fiscales, llegando a moldearlas en funci¨®n de sus propios intereses y en contra del inter¨¦s colectivo.

Con la intenci¨®n de ayudar a democratizar las decisiones gubernamentales sobre impuestos y presupuestos p¨²blicos, Oxfam, Latindadd e Icefi lanzaron la plataforma digital Dataigualdad, acercando a la ciudadan¨ªa el impacto que tienen estas decisiones en su d¨ªa a d¨ªa. Dataigualdad, contiene m¨¢s de 70 indicadores con datos sobre impuestos, gasto social, democracia, corrupci¨®n, transparencia, participaci¨®n y garant¨ªa de derechos como salud, educaci¨®n y vivienda de 18 pa¨ªses de Am¨¦rica Latina y el Caribe, desde 1990 a 2016. Permite visualizar, descargar y exportar datos y compartirlos en redes sociales de forma sencilla y amigable. Esta plataforma, ¨²nica en Latinoam¨¦rica, impulsa el an¨¢lisis de la fiscalidad desde una perspectiva de derechos y de participaci¨®n ciudadana, y no como un ¨¢mbito meramente t¨¦cnico o especializado.

Dataigualdad compila indicadores de diferentes instituciones y centros de investigaci¨®n como la OCDE, Cepal, Banco Mundial, Latinobar¨®metro o la Encuesta de Presupuesto Abierto, as¨ª como de fuentes oficiales de los diferentes Estados de la regi¨®n. Los datos est¨¢n disponibles y organizados de forma f¨¢cil e intuitiva.

Una maestra o una enfermera aportan al Estado una parte mayor de sus ingresos que cualquier persona de los sectores m¨¢s ricos de la sociedad

El an¨¢lisis cruzado de los indicadores de Dataigualdad arroja informaci¨®n para impulsar a la ciudadan¨ªa a participar y poder fundamentar sus intereses en el debate fiscal.

Asombra saber que una maestra o una enfermera aportan al Estado una parte mayor de sus ingresos que cualquier persona de los sectores m¨¢s ricos de la sociedad. El 10% m¨¢s rico de los pa¨ªses latinoamericanos deber¨ªa pagar, en promedio, 28% de impuesto sobre sus ingresos, pero s¨®lo pagan 4.8%, gracias a la existencia de m¨²ltiples deducciones y exenciones que los benefician.

La pol¨ªtica tributaria, lejos de ayudar a reducir la desigualdad y la pobreza, acaba contribuyendo a que los pobres se vuelvan m¨¢s pobres. De hecho, en casi todos los pa¨ªses, la pol¨ªtica fiscal profundiza la gran desigualdad existente, al concentrar 61% de la carga tributaria en impuestos al consumo o al comercio.

Mientras en algunos pa¨ªses vuelve a imponerse el discurso de la austeridad y se recortan programas esenciales para enfrentar la pobreza, las grandes empresas en la regi¨®n reciben exenciones tributarias que s¨®lo, en el impuesto sobre la renta, ascienden en promedio al 0.7% del PIB. Este monto ser¨ªa suficiente para aumentar en 65% la inversi¨®n p¨²blica en vivienda, agua potable y saneamiento de la regi¨®n. Estos privilegios se aprueban muy a menudo fuera del debate p¨²blico, sin una evaluaci¨®n o an¨¢lisis del costo y de los beneficios que tienen para nuestras sociedades.

Tambi¨¦n sorprende enterarse que las empresas en Am¨¦rica Latina y el Caribe evaden en promedio un 48.5% de impuesto sobre la renta, dinero que se podr¨ªa utilizar para m¨¢s y mejores escuelas y hospitales p¨²blicos para todas las personas.

Una foto del sistema tributario nos muestra c¨®mo las decisiones fiscales en Latinoam¨¦rica est¨¢n beneficiando a unos pocos, a costa de los derechos de las grandes mayor¨ªas.

La informaci¨®n sobre gasto p¨²blico muestra c¨®mo la inversi¨®n en educaci¨®n, salud o protecci¨®n social ha ido aumentando en toda la regi¨®n. Sin embargo, esta inversi¨®n ha sido insuficiente para reducir las enormes brechas de desigualdad y para garantizar derechos iguales al conjunto de la ciudadan¨ªa. Adem¨¢s de proteger e incrementar la inversi¨®n social, en Am¨¦rica Latina y el Caribe, un reto esencial es mejorar la calidad de los servicios p¨²blicos y enfrentar la corrupci¨®n.

La pol¨ªtica tributaria, lejos de ayudar a reducir la desigualdad y la pobreza, acaba contribuyendo a que los pobres se vuelvan m¨¢s pobres. De hecho, en casi todos los pa¨ªses, la pol¨ªtica fiscal profundiza la gran desigualdad existente, al concentrar 61% de la carga tributaria en impuestos al consumo o al comercio.

Los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n han golpeado la regi¨®n en los ¨²ltimos a?os y esto ha incrementado la desconfianza de la ciudadan¨ªa en el manejo de los fondos p¨²blicos. Esta desconfianza hace cuestionar el rol del Estado, fragmenta el contrato social y, por tanto, debilita el apoyo al sistema democr¨¢tico. Seg¨²n los datos que recoge Dataigualdad, el apoyo a la democracia como la forma de gobierno preferida ha ido bajando de forma lenta pero constante desde 2010. La ciudadan¨ªa de la regi¨®n est¨¢ crecientemente insatisfecha: un 65% de los y las latinoamericanas dicen estar insatisfechos con la democracia.

El desencanto con la pol¨ªtica avanza del mismo modo que la percepci¨®n de corrupci¨®n. Hace menos de 10 a?os la corrupci¨®n no aparec¨ªa en la lista de problemas nacionales, pero ahora se ha apoderado de la agenda y llega a ser identificada en cuarto lugar como el problema m¨¢s importante de los pa¨ªses.

Pese a que muchos utilizan el argumento de la corrupci¨®n para plantear la necesidad de reducir el gasto p¨²blico y el tama?o del Estado, pocos hablan de c¨®mo la corrupci¨®n tambi¨¦n es impulsada por el sector empresarial. Esc¨¢ndalos como el de Odebrecht son un claro ejemplo de ello. Am¨¦rica Latina y el Caribe no necesitan Estados m¨¢s peque?os, sino m¨¢s fuertes y m¨¢s eficientes en la garant¨ªa de derechos. De hecho, observamos en la plataforma que 8 pa¨ªses de la regi¨®n no llegan a recaudar el 20% del PIB, m¨ªnimo planteado por Naciones Unidas para poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

La corrupci¨®n deber¨ªa deslegitimar a las personas corruptas, pero no a una instituci¨®n como el Estado, necesaria sobre todo para las personas m¨¢s vulnerables y las clases medias que dependen de los servicios p¨²blicos para garantizar sus derechos. Para fortalecer la eficiencia de los Estados y reducir la corrupci¨®n es indispensable una ciudadan¨ªa organizada e informada, con capacidad de vigilancia y participaci¨®n. Para esto, DataIgualdad no solo pondr¨¢ a disposici¨®n m¨¢s de 70 indicadores de manera actualizada, sino que lanzar¨¢ pronto una serie de c¨¢lculos e im¨¢genes que faciliten a la ciudadan¨ªa comprender el impacto de la pol¨ªtica fiscal en sus derechos. Por ejemplo, se contar¨¢ con informaci¨®n para todos los pa¨ªses de la regi¨®n sobre cu¨¢ntos m¨¦dicos y m¨¦dicas se podr¨ªa contratar con el dinero que evaden empresas o personas; cu¨¢ntas maestras se podr¨ªan contratar con el dinero que se perdona a las empresas cada a?o gracias a los incentivos tributarios. Las respuestas a estas preguntas son abrumadoras y pronto estar¨¢n disponibles para informar, facilitar la participaci¨®n e impulsar el activismo digital. Se espera que no s¨®lo economistas o investigadores la utilicen sino que una organizaci¨®n estudiantil o una plataforma por el derecho a la salud o una asociaci¨®n de mujeres campesinas puedan acceder a este tipo de informaci¨®n para fortalecer sus propuestas demandas.

Resulta imperativo evaluar la pol¨ªtica econ¨®mica y la pol¨ªtica fiscal desde una perspectiva de los derechos que se garantizan o vulneran, y que la ciudadan¨ªa pueda opinar sobre las decisiones que la afectan. Es una responsabilidad de los Estados democr¨¢ticos facilitar esa participaci¨®n y asegurar que la voz de la gente se tome en cuenta cuando se decide entre poner impuestos a las herencias o a la leche, cuando se decide eximir del pago de impuestos a grandes transnacionales o asegurar recursos para una sanidad p¨²blica de calidad.

La democracia debe garantizar que los intereses de las grandes mayor¨ªas sean representados en las decisiones fiscales y se limiten los privilegios que a¨²n tienen las ¨¦lites econ¨®micas y pol¨ªticas de la regi¨®n. Cuando decidimos sobre impuestos o gastos, no se puede olvidar que detr¨¢s de esos n¨²meros est¨¢ la desesperaci¨®n de aquella mujer con su ni?o enfermo. Nunca supe qu¨¦ pas¨® con ellos. Los llev¨¦ al hospital infantil y, con verg¨¹enza, le di a la madre el dinero que llevaba, sabiendo que eso no resolver¨ªa mucho las cosas. Tambi¨¦n, convencida de que, en la discusi¨®n del presupuesto de salud de ese a?o, no se oir¨ªa el llanto de aquel ni?o ni se hablar¨ªa de aquel derecho vulnerado.

Rosa Ca?ete Alonso, economista espa?ola. Ejerce como responsable regional de "Desigualdad y captura de la democracia para Am¨¦rica Latina y el Caribe" de OXFAM, con sede en Rep¨²blica Dominicana. Ha coordinado el estudio Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en Am¨¦rica Latina (OXFAM, 2015).