Sentencia imparable

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba por apropiaci¨®n indebida continuada a Rodrigo Rato y a otros 63 directivos de Caja Madrid y Bankia en la utilizaci¨®n de las llamadas tarjetas black, unas tarjetas opacas para la Hacienda p¨²blica y sin cobertura legal que supusieron para la caja de ahorros en graves dificultades financieras un coste de 11,8 millones. La decisi¨®n del Supremo implica la entrada en prisi¨®n del presidente ejecutivo de Bankia, Rodrigo Rato, y de otros 14 responsables del grupo que fueron condenados por la Audiencia a m¨¢s de dos a?os de prisi¨®n. M¨¢s all¨¢ de las evidencias sobre el saqueo de la caja en un periodo de crisis en el pa¨ªs y de lo llamativo que resulta que un exvicepresidente del Gobierno entre en prisi¨®n, la sentencia establece valiosos precedentes para medir la responsabilidad de los gestores. Y m¨¢s en el caso de las cajas, que recog¨ªan los dep¨®sitos peque?os y medios y financiaban a las peque?as y medianas empresas en el espacio auton¨®mico.

Los argumentos del Supremo son sencillos: el presidente y los administradores de Caja Madrid-Bankia (la caja fue convertida en banco para salir a Bolsa) ten¨ªan la obligaci¨®n de defender los recursos y patrimonio de los ahorradores; obraron de forma il¨ªcita cuando dispusieron del patrimonio de la caja sin tener competencia; establecieron un plan para utilizar el dinero en beneficio de un grupo de directivos, y el uso discrecional de las tarjetas black por parte de cada acusado fue un acto de cooperaci¨®n en el plan defraudatorio. La lecci¨®n para Rato tambi¨¦n es digna de menci¨®n. Es cierto que cuando accedi¨® a la presidencia el sistema de las tarjetas opacas ya estaba en marcha; pero su responsabilidad le obligaba a denunciar el procedimiento y poner fin al comportamiento il¨ªcito. No solo no lo hizo, sino que mantuvo el sistema y lo extendi¨® a su favor.

La justicia est¨¢ ajustando las cuentas por las responsabilidades de la crisis que supuso la pr¨¢ctica desaparici¨®n de las cajas de ahorros en Espa?a. El rescate de las entidades quebradas o en dificultades est¨¢ costando a los contribuyentes 43.000 millones, de los cuales m¨¢s de 22.000 corresponden a la antigua Caja Madrid. Los casos de Caixanova Galicia, Caixa Catalunya, Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur o Banco de Valencia, por espigar los nombres m¨¢s significativos, confirman que la crisis no fue mala suerte, ni el efecto de una recesi¨®n global sin capacidad de respuesta. Fue causada por una intervenci¨®n masiva de los intereses pol¨ªticos nacionales y locales en decisiones t¨¦cnicas que requer¨ªan un alto grado de cualificaci¨®n y prudencia. Quedan responsabilidades por aclarar. Est¨¢ pendiente, por ejemplo, el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que da?¨® los ahorros de miles de inversores. Pero el camino para depurar responsabilidades es imparable.