Un error inexcusable

La elevada tasa de desempleo en Espa?a deber¨ªa actuar como acicate para no cometer algunos errores administrativos de manual. El Ministerio de Trabajo tiene acumulados 1.504 millones destinados a subvencionar labores de formaci¨®n para el empleo que, por razones poco o mal explicadas, no se ejecutaron en los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Puesto que el dinero recaudado para formaci¨®n tiene un car¨¢cter finalista, al no gastarse en los a?os correspondientes pas¨® a acumularse a la espera de una ejecuci¨®n adecuada.

No est¨¢ de m¨¢s recordar que el mercado de trabajo en Espa?a tiene un grav¨ªsimo problema en la tasa de paro juvenil. En concreto, un problema que afecta a 522.000 menores de 25 a?os, seg¨²n la Encuesta de Poblaci¨®n Activa; que el n¨²mero de j¨®venes en paro sigue creciendo (en septiembre subi¨® casi el 10%, seg¨²n el paro registrado) y que existe tambi¨¦n un problema de tanta o mayor envergadura con los parados mayores de 45 a?os. En ambos casos, la formaci¨®n es una de las pocas v¨ªas para acceder al empleo y ese es el criterio que han seguido todos los gobiernos desde 1977. Tambi¨¦n es un hecho que las empresas necesitan trabajadores que est¨¦n preparados para las tareas que se les puedan encomendar; pero no los encuentran y la falta de formaci¨®n, pagada con dinero que se recauda a partir de las bases de cotizaci¨®n, es una de las razones.

Nadie puede entender entonces que se retengan 1.504 millones que deber¨ªan estar financiando cursos de formaci¨®n. Para explicar este error administrativo manifiesto, se arguye que los litigios por los casos de fraude en los fondos frenaron su ejecuci¨®n; o que son las comunidades aut¨®nomas las que incumplen la ejecuci¨®n prevista. No hay justificaci¨®n racional a una carencia de inversi¨®n que todos los partidos consideran esencial para sostener el equilibrio en el empleo o, al menos, para que no se abra todav¨ªa m¨¢s la brecha entre la oferta de trabajo y la falta de preparaci¨®n de los trabajadores. Si se han abierto procesos legales para determinar si hubo un mal uso de los fondos, la respuesta correcta era usarlos bien, es decir, emplearlos para el destino correcto; y desde luego hay comunidades aut¨®nomas que siguen invirtiendo con plena normalidad en formaci¨®n que, en definitiva, es un gasto social.

Tres a?os con un d¨¦ficit considerable en formaci¨®n para el empleo deber¨ªa ser sobrado motivo de reflexi¨®n para el Ministerio de Trabajo. Aunque la grave negligencia sea imputable al Gobierno anterior, una vez conocida exige una respuesta adecuada del actual. Y no puede ser otra que ejecutar las inversiones retenidas, m¨¢s las que correspondan a 2018, mediante un plan pactado con los agentes sociales. Es hora de recuperar el tiempo perdido.