Cara corrupci¨®n

La corrupci¨®n y el deterioro de las instituciones tienen un coste elevado para Espa?a. Un informe del BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Econ¨®micas (IVIE) acaba de calcular el precio de la corrupci¨®n en Espa?a en unos 10.000 millones anuales, es decir, unos 16 puntos porcentuales de PIB en 15 a?os. La cantidad es considerable si se relaciona con la falta de recursos p¨²blicos para acometer programas de infraestructuras y de gasto social, necesarios para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

El informe demuestra que, m¨¢s all¨¢ de los reproches morales y del cruce de acusaciones pol¨ªticas, la corrupci¨®n supone una merma de recursos p¨²blicos, que hay que financiar o conseguir por procedimientos m¨¢s caros; reduce el incentivo para que acuda la inversi¨®n nacional y extranjera y frena la productividad, el empleo y los salarios. Es una factura innecesaria que pesa sobre la sociedad espa?ola y retrasa, concretamente en un punto de PIB al a?o, la recuperaci¨®n potencial de la econom¨ªa.

Las sospechas continuadas de sobornos o favoritismo en la concesi¨®n de contratos p¨²blicos desmoralizan adem¨¢s a las empresas y a los servidores p¨²blicos que no se someten a las pr¨¢cticas de cohecho. No se trata solo de la p¨¦rdida de recursos p¨²blicos y privados, sino de la retirada de aquellas empresas y servicios que podr¨ªan hacerlo mejor y aumentar el valor a?adido de bienes y servicios.

No es f¨¢cil combatir la corrupci¨®n con decisiones radicales. La mejora del funcionamiento de las Administraciones, el aumento de los controles sobre el dinero p¨²blico y la vigilancia estricta de las incompatibilidades de los servidores p¨²blicos ser¨ªan algunas de las soluciones para mejorar la percepci¨®n de la econom¨ªa espa?ola dentro y fuera del pa¨ªs. Pero, hasta el momento, la denuncia de los numerosos casos de corrupci¨®n no ha tenido como contrapartida una acci¨®n legal y pol¨ªtica para reforzar las instituciones independientes de vigilancia dentro de la propia Administraci¨®n.

Es necesario legislar con mayor contundencia la acci¨®n de los lobbies, situar en los organismos reguladores a personas de probado prestigio e independencia manifiesta de los partidos pol¨ªticos, establecer criterios estrictos de actuaci¨®n de los interventores del Estado y de los ayuntamientos y mejorar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. La recompensa: 16 puntos m¨¢s de PIB en 15 a?os, m¨¢s seguridad jur¨ªdica, mejora en la percepci¨®n que los ciudadanos tienen de la justicia y un pa¨ªs m¨¢s atractivo para invertir. Pero es un programa pol¨ªtico de larga maduraci¨®n, y, adem¨¢s, exige m¨¢s inversi¨®n en la mejora de la informaci¨®n p¨²blica.