Juicios y prejuicios

Todo el pa¨ªs parece tener una posici¨®n clara en torno a si lo ocurrido en Catalu?a hace ahora m¨¢s de un a?o es constitutivo de un delito de rebeli¨®n o sedici¨®n. Nunca como hasta ahora la comprensi¨®n t¨¦cnica de los elementos de dos tipos penales complejos ha resultado tan familiar para casi todo el mundo. Lo mismo podr¨ªamos decir del relato de hechos probados que avalar¨ªa la comisi¨®n de los delitos, as¨ª como la autor¨ªa de los mismos. Todo parece estar meridianamente claro. Detr¨¢s de cada ciudadano, m¨¢s o menos ilustrado, ha nacido un eminente jurista con procelosos conocimientos de Derecho Penal que administra con desparpajo, sin el menor de los reparos. No hay llamada a la prudencia que valga. No hay renuncia a posicionarse o expresi¨®n que transmita duda sobre el tema que no sea afeada como equidistancia c¨®mplice. Las parejas, las familias, los amigos, los compa?eros de trabajo¡­ todos han fijado ya posici¨®n al respecto. Convendr¨¢n conmigo que el fen¨®meno resulta particularmente curioso, m¨¢xime si aceptamos que aproximarse al objeto de debate exige contar con conocimientos t¨¦cnicos que no est¨¢n al alcance de cualquiera.

En este contexto, ?c¨®mo es posible que nadie encuentre razonable manejarse con m¨¢s cautela en un tema con graves consecuencias para las personas afectadas y para la relaci¨®n entre Catalu?a y Espa?a y espere, con respeto, al pronunciamiento judicial? No perdamos nunca de vista que, tal y como est¨¢n articulados los escritos de acusaci¨®n, el tribunal podr¨¢ considerar todas las opciones.

Me pregunto si los ciudadanos nos comportar¨ªamos de la misma manera ante una crisis alimentaria o sanitaria. Me planteo tambi¨¦n si los partidos pol¨ªticos de la oposici¨®n actuar¨ªan con el dramatismo con el que han articulado su respuesta al conocer los t¨¦rminos en los que la Abogac¨ªa del Estado y el Ministerio Fiscal han formalizado sus escritos de acusaci¨®n en el proceso penal abierto contra dirigentes catalanes. Honestamente no lo creo. Imagino, m¨¢s bien, un escenario menos hostil en el que todos llamar¨ªan a la calma, pedir¨ªan cautela y reclamar¨ªan confianza plena en los poderes del Estado. M¨¢s a¨²n, los l¨ªderes pol¨ªticos resaltar¨ªan la magn¨ªfica cualificaci¨®n de los t¨¦cnicos encargados de ocuparse de la cuesti¨®n. Unos funcionarios, dir¨ªan para el caso particular, que act¨²an sin m¨¢s servidumbre que la que les impone el respeto al ordenamiento jur¨ªdico.

Nada de esto ocurre en el caso que nos ocupa ?Por qu¨¦ el mismo proceder que encontramos razonable en una potencial crisis alimentaria o sanitaria no nos parece exigible en una crisis de envergadura constitucional como la que representa Catalu?a? ?C¨®mo podemos tolerar que el trabajo de algunas instituciones del Estado competentes en el desarrollo de un proceso judicial como el que nos ocupa sea sometido a un prejuicio pol¨ªtico sin m¨¢s pretensi¨®n que ensuciar su actuaci¨®n profesional? Las preguntas no son pura ret¨®rica. Las respuestas que ofrezcamos incidir¨¢n, de hecho, en la confianza que logre inspirar el proceso judicial, su sentencia y, a la larga, la solvencia de nuestro sistema democr¨¢tico. Tengamos cuidado. No es un tema que podamos tomarnos a broma.