Octava reforma educativa
Rechazar el contenido antes de sentarse a debatirlo es irresponsable
La reforma educativa que proyecta el Gobierno de Pedro S¨¢nchez viene a enmendar de manera rotunda algunos de los aspectos m¨¢s conflictivos y pol¨¦micos de la Ley Org¨¢nica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como ley Wert por el ministro que la impuls¨® y defendi¨® ardientemente, Jos¨¦ Ignacio Wert. Aquella norma, alumbrada solo con los votos del PP, puso de manifiesto una vez m¨¢s la incapacidad de los grupos parlamentarios para alcanzar un pacto s¨®lido y perdurable sobre la ense?anza. Si sale adelante, esta ser¨¢ la octava norma educativa de la democracia. Pero lo preocupante es que el principal partido de la oposici¨®n ya ha rechazado de plano el contenido, antes incluso de conocer el texto definitivo y de sentarse a debatirlo.
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El proyecto avanzado por el departamento que dirige Isabel Cela¨¢ desmantela una a una las medidas que considera m¨¢s ideol¨®gicas en la LOMCE. As¨ª, Religi¨®n dejar¨¢ de ser computable para el acceso a la Universidad y paralelamente se impartir¨¢ una asignatura sobre valores c¨ªvicos y ¨¦ticos. Adem¨¢s, se suspenden los sistemas de rev¨¢lida ¡ªun modelo de evaluaci¨®n rectificado en la pr¨¢ctica por el propio PP¡ª y se eliminan los controvertidos itinerarios. Otros aspectos de la reforma van encaminados a evitar la segregaci¨®n por sexo, regular la inscripci¨®n en la escuela concertada y redefinir las competencias de las comunidades aut¨®nomas. En la ley Wert el Estado fijaba las asignaturas troncales y dejaba en manos de los Ejecutivos regionales las materias opcionales y de libre configuraci¨®n. El nuevo plan tiende a recuperar la letra y el esp¨ªritu de anteriores leyes socialistas y establece que el ministerio determinar¨¢ el 55% de los contenidos de todas las asignaturas que se cursan en las comunidades con lengua cooficial y el 65% en el resto, lo que obligar¨¢ a incrementar la colaboraci¨®n entre las distintas Administraciones. Tambi¨¦n queda fulminada la subvenci¨®n de hasta 6.000 euros a los alumnos que reclaman escolarizaci¨®n en castellano, dejando en suspenso una regulaci¨®n ling¨¹¨ªstica convertida en permanente foco de tensi¨®n entre la Administraci¨®n central y Catalu?a.
Una de las principales novedades es la creaci¨®n de planes individualizados para los repetidores, una medida con la que se quiere abordar dos grandes desaf¨ªos: los altos ¨ªndices de repetici¨®n y de abandono escolar. Ambos indicativos est¨¢n en Espa?a muy por encima de los pa¨ªses de nuestro entorno y representan una verdadera lacra para todo el sistema educativo.
En buena parte, la propuesta socialista recupera la esencia de la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE), aprobada en 2006 bajo el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero,que a su vez fue derogada por el PP en 2013. Esta especie de bucle perverso en el que se encuentra inmersa la ense?anza, al albur de los Gobiernos de turno, crea inseguridad en las Administraciones e inestabilidad en la comunidad educativa. Y es una irresponsabilidad de los partidos, que tienen la obligaci¨®n de alcanzar un consenso para lograr una ley al margen de intereses dogm¨¢ticos y miradas cortoplacistas.
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