Un refer¨¦ndum crucial

Los ciudadanos suizos deben tomar una decisi¨®n crucial. ?Quieren que el derecho suizo se aplique por encima de todo, incluso cuando contraviene las leyes internacionales? La respuesta se sabr¨¢ el domingo 25 de noviembre, despu¨¦s de una campa?a incre¨ªblemente tensa. Seg¨²n el Gobierno, esta forma de ¡°Suiza primero¡± pondr¨ªa en peligro la estabilidad, la credibilidad y la fiabilidad del pa¨ªs.

En el origen del texto que se somete a votaci¨®n est¨¢ el primer partido de Suiza, la Uni¨®n Democr¨¢tica de Centro (UDC), que es la derecha conservadora. Esta formaci¨®n se ha hecho especialista en acudir al pueblo para intentar que se aprueben sus ideas cuando no consigue convencer de ellas al Parlamento. Fue la UDC, por ejemplo, la que en 2009 consigui¨® que se prohibiera la construcci¨®n de minaretes.

Pocas veces un texto sometido a votaci¨®n popular ha polarizado tanto a los dos bandos

En este caso, el detonante ha sido un veredicto del Tribunal Federal, la m¨¢xima autoridad judicial suiza. En 2012, los jueces anularon la expulsi¨®n de un traficante de drogas macedonio con el argumento de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) lo proh¨ªbe. Sin embargo, la expulsi¨®n de delincuentes extranjeros figura en la Constituci¨®n suiza desde 2010, despu¨¦s de un refer¨¦ndum que gan¨® la propuesta de la UDC. En opini¨®n de los l¨ªderes del partido, la sentencia es un desprecio intolerable, una bofetada a la democracia. No les va a ser dif¨ªcil reunir las 100.000 firmas para que se elabore un nuevo texto que deje claro que las disposiciones constitucionales suizas tienen prioridad sobre el derecho internacional. Y da igual que llegue un momento en el que haya que renunciar al Convenio Europeo de Derechos Humanos, como temen los expertos.

Esta iniciativa popular no prev¨¦ m¨¢s que unas pocas excepciones. Estar¨ªa garantizado el respeto a ciertas normas como la prohibici¨®n de la tortura, el genocidio y la esclavitud. Por lo dem¨¢s, las autoridades no podr¨ªan contraer ninguna obligaci¨®n de derecho internacional que chocase con alg¨²n art¨ªculo de la Constituci¨®n suiza. En caso de conflicto deber¨ªan tratar de adaptar los tratados internacionales, es decir, renegociarlos e incluso denunciarlos.

Esta posibilidad estremece a la clase pol¨ªtica y los agentes econ¨®micos suizos. Pocas veces un texto sometido a votaci¨®n popular ha polarizado tanto a los dos bandos; en este caso, la UDC se enfrenta a todos los dem¨¢s. Sus opositores subrayan que Suiza, que no es miembro de la UE, debe buena parte de su prosperidad a los 5.000 acuerdos firmados desde hace d¨¦cadas con sus socios extranjeros, especialmente los tratados bilaterales con Bruselas. Por eso temen quedar marginados del escenario internacional y el debilitamiento de la econom¨ªa.

El combate inicial contra los 'jueces extranjeros' se ha convertido en un s¨ª a la autodeterminaci¨®n

Los sondeos m¨¢s recientes predicen un claro rechazo a la iniciativa, con solo un 40% de intenci¨®n de voto a favor. Aun as¨ª, los adversarios de la UDC evitan cualquier exceso de confianza. Tienen un amargo recuerdo del refer¨¦ndum del 9 de febrero de 2014, en el que los ciudadanos apoyaron una dr¨¢stica limitaci¨®n de la inmigraci¨®n, tambi¨¦n a instancias de la UDC. Fue un episodio que tuvo enormes repercusiones en la relaci¨®n entre Berna y Bruselas. Bajo presi¨®n, el Parlamento federal encontr¨® muchas dificultades para instaurar una ley que restringiera la inmigraci¨®n sin contravenir la?libre circulaci¨®n con la UE. La soluci¨®n solo sirvi¨® para reforzar la cruzada de la UDC en pro de ¡°Suiza primero¡±. No hay nada que irrite tanto al partido que ver c¨®mo sus victorias populares se traducen en una legislaci¨®n blanda.

Desde el punto de vista de los ciudadanos, esta cuesti¨®n parece demasiado te¨®rica y alejada de sus preocupaciones. De acuerdo con una encuesta publicada hace varias semanas, uno de cada dos suizos ignora qu¨¦ es el derecho internacional. La mayor¨ªa se preocupa por la subida de los costes de la sanidad y por su situaci¨®n econ¨®mica cuando llegue la jubilaci¨®n. Por tanto, la derecha m¨¢s dura se ve obligada a simplificar el debate. El combate inicial contra los ¡°jueces extranjeros¡± se ha convertido en un ¡°s¨ª a la autodeterminaci¨®n¡± y, de ah¨ª, en la defensa ¡°de la democracia directa¡±. La UDC no tiene rival a la hora de introducir el miedo en su discurso: rechazar esta proposici¨®n equivaldr¨ªa a debilitar los principios fundacionales suizos.

Una cosa es indudable. La aprobaci¨®n de la iniciativa el 25 de noviembre complicar¨ªa la labor del Gobierno, envuelto desde 2013 en negociaciones con Bruselas para lograr un ¡°acuerdo marco¡± que, en teor¨ªa, controlar¨ªa los acuerdos bilaterales. La UDC no oculta que otro motivo para consolidar la prioridad del derecho constitucional suizo es impedir que se materialice ese acuerdo institucional. ¡°Debemos romper nuestras cadenas europeas¡±, claman los militantes m¨¢s j¨®venes del partido. A menos de un a?o de las elecciones federales, no parece que ese lema vaya a cambiar.

Patrick Monay es redactor jefe de la secci¨®n de Suiza en el peri¨®dico Tribune de Gen¨¨ve.Traducci¨®n de Mar¨ªa Luisa Rodr¨ªguez Tapia.