Retrato judicial al completo

El prestigio del poder judicial atraviesa horas bajas en Espa?a como consecuencia de sentencias que han provocado un profundo rechazo social, como la relativa a si deben ser los bancos o los particulares quienes corran con el impuesto de actos jur¨ªdicos documentados al contratar una hipoteca. Adem¨¢s, esta y otras resoluciones pol¨¦micas del Tribunal Supremo han venido a continuaci¨®n de decisiones de tribunales europeos rechazando poner a disposici¨®n de la justicia espa?ola a algunos representantes pol¨ªticos responsables de derogar la Constituci¨®n por v¨ªas de hecho y de tratar de imponer la independencia de Catalu?a a la mayor¨ªa de ciudadanos que la rechazan, priv¨¢ndolos de sus derechos. La suma de unas y otras circunstancias ha fomentado un clima de opini¨®n de acuerdo con el cual el poder judicial no es enteramente independiente, ni frente a otros poderes del Estado ni frente a grupos de presi¨®n. Tambi¨¦n se ha generalizado la idea de que la causa fundamental de este estado de cosas es la voracidad de los partidos pol¨ªticos por colonizar la totalidad de las instituciones.

El grave desprestigio que padece la justicia exige huir tanto de la generalizaci¨®n como del reduccionismo, apuntando siempre en una direcci¨®n que, como la condena a los partidos, sirve para explicarlo todo a costa de impedir poner remedio a nada. Desde el momento en que los partidos son imprescindibles en el sistema parlamentario, la cr¨ªtica puede dirigirse exclusivamente a la manera en la que act¨²an, no a la raz¨®n constitucional por la que lo hacen. Negar la intervenci¨®n de las fuerzas pol¨ªticas en la conformaci¨®n del Poder Judicial, sustituy¨¦ndolas por las decisiones de los propios profesionales, no es solo tomar posici¨®n sin decirlo acerca de la organizaci¨®n de un poder del Estado, sino tambi¨¦n sobre su fundamento ¨²ltimo, democr¨¢tico, como exige la Constituci¨®n, o t¨¦cnico y corporativo. Pero invocar la necesidad de que los partidos intervengan para conectar los tribunales con la legitimidad democr¨¢tica, seg¨²n pretende el sistema espa?ol a trav¨¦s del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no equivale a concederles carta blanca para cualquier acuerdo, en cualquier sede, ni por cualquier procedimiento.

El reciente pacto alcanzado por el Partido Socialista y el Popular ha incurrido en este ¨²ltimo peligro, al confundir una negociaci¨®n transparente entre grupos parlamentarios para decidir la composici¨®n del CGPJ con un oscuro apa?o entre ejecutivas para promocionar a sus respectivos candidatos en diversas instancias de la justicia. El problema que suscita ese pacto no es consecuencia de ninguna deficiencia del sistema constitucional, sino de un mal uso impuesto durante los ¨²ltimos a?os como consecuencia del intento de predeterminar desde los partidos las sentencias sobre los grandes esc¨¢ndalos de corrupci¨®n. Siendo esto as¨ª, no se puede olvidar que ese mal uso solo ha sido posible con la aquiescencia de los propios jueces y magistrados, que se han valido de ¨¦l para afianzar sus carreras al calor de uno u otro partido. Solo contando con la participaci¨®n de jueces y magistrados, dos fuerzas pol¨ªticas como el Partido Socialista y el Popular pueden estar tan seguras acerca de los futuros nombramientos en el Tribunal Supremo y en el CGPJ cuando los vocales de este ¨²ltimo no han sido siquiera nombrados.

Las reglas por las que se rige la justicia en Espa?a son ahora las mismas que durante los primeros a?os de vigencia de la Constituci¨®n, cuando se acredit¨® como un poder respetado y que hac¨ªa valer la independencia y la inamovilidad garantizadas por la Constituci¨®n. Si hoy ha dejado de ser as¨ª, no basta con se?alar hacia fuera, sino que el retrato completo de la justicia exige mirar tambi¨¦n hacia dentro.