Malas artes

Una vieja pr¨¢ctica, que no por recurrente ha perdido un ¨¢pice de su profunda perversi¨®n, acaba de provocar una grave conmoci¨®n en el Poder Judicial: la costumbre de la direcci¨®n de los partidos pol¨ªticos de intervenir en la elecci¨®n de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que luego deben ratificar las c¨¢maras. Este antiguo chanchullo de repartirse la elecci¨®n de quienes van a constituir el ¨®rgano de gobierno de los jueces ha alcanzado esta vez un punto de extrema obscenidad, y es que se ha sabido qui¨¦n iba a ser el presidente del Consejo antes incluso de conocerse los vocales que tienen que elegirlo. La falta de pudor de los responsables de los dos grandes partidos que han fraguado el reparto, el PSOE y el PP, ha ca¨ªdo como un jarro de agua fr¨ªa a los profesionales de un sector que est¨¢ habitualmente sometido a un escrutinio p¨²blico minucioso por la alta temperatura de los casos sobre los que tiene que pronunciarse.

La m¨¢s que probable elecci¨®n del magistrado conservador Manuel Marchena al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo ya ha disparado las m¨¢s variadas consideraciones sobre su intencionalidad ¡ªya no presidir¨¢ el ¨®rgano que dictar¨¢ sentencia en el juicio por el proc¨¦s,ni tendr¨¢ que redactar la futura sentencia¡ª, y est¨¢ sirviendo como metralla para cuantos procuran volver a poner en entredicho la independencia del Poder Judicial. Por eso resulta particularmente grave el espect¨¢culo que ha puesto en escena, como en otras ¨¦pocas, el supuestamentes desgastado bipartidismo: pactos entre bambalinas para asegurarse una r¨¢pida transici¨®n en la elecci¨®n de los responsables que van a gobernar a los jueces ahora que el mandato de Carlos Lesmes toca a su fin el pr¨®ximo 4 de diciembre. La maniobra se ha producido, adem¨¢s, en un momento delicado para la judicatura. El Supremo oper¨® con may¨²scula torpeza cuando tuvo que pronunciarse sobre el impuesto vinculado a las hipotecas y luego vino el fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para se?alar que Otegi y otros dirigentes abertzales no tuvieron el derecho a un juicio imparcial cuando intentaron reconstruir la ilegalizada Herri Batasuna.

Desde el momento en que la Constituci¨®n define como poder del Estado al Poder Judicial es inevitable que est¨¦ vinculado, directa o indirectamente, con la soberan¨ªa popular, y por eso es el Parlamento el que legitima la idoneidad de los vocales del ¨®rgano de gobierno de los jueces. Desde la llegada de la democracia, sin embargo, los partidos no han sabido, o no han querido, evitar la tentaci¨®n de garantizarse su influencia en el Consejo, y eso a costa de trasladar la sospecha a la ciudadan¨ªa de que, como en la pol¨ªtica, tambi¨¦n los magistrados tienen un color partidista. El problema no es que se hable de jueces conservadores o progresistas, puesto que nada de eso afectar¨ªa a su independencia, sino que se les atribuya a los responsables del ¨®rgano encargado de su gobierno una clara obediencia sectaria.

M¨¢s que en repartirse cuotas de influencia en un ¨®rgano que deber¨ªa ser imparcial, los pol¨ªticos tienen que servirse de su capacidad de di¨¢logo y entendimiento ¡ªel PP y el PSOE acaban de hacer una exhibici¨®n de que est¨¢n verdaderamente en forma¡ª para encontrar los procedimientos que garanticen en el Parlamento que los vocales del CGPJ son elegidos por sus m¨¦ritos. A estas alturas urge acabar con tanta chapucer¨ªa.