Dar respuesta

El Consejo de Estado ha remitido al Gobierno un informe en el que se pronuncia sobre la reforma de la Constituci¨®n para reducir los aforamientos del presidente, los ministros, diputados y senadores. Su propuesta es la de limitar el fuero especial reduci¨¦ndolo a ¡°los delitos cometidos en el ejercicio del cargo¡±. Para hacerlo, sugiere introducir esa precisi¨®n en los art¨ªculos 71.3 y 102.2 de la Ley Fundamental, que es donde se especifica que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la encargada de ocuparse de las causas que afectan a estos cargos p¨²blicos. Muchos juristas consideran acertada la recomendaci¨®n, otros la ven imprecisa, pero la cuesti¨®n relevante es la de dar una respuesta s¨®lida a una cuesti¨®n que vuelve una y otra vez a la agenda pol¨ªtica.

De los aforados que hay en Espa?a, la propuesta de reforma de la Constituci¨®n solo afectar¨ªa a una min¨²scula parte, unos 650 de los 17.000 que ocupan cargos pol¨ªticos. El Consejo de Estado recomienda en su informe que la iniciativa de reducir los aforamientos o limitarlos debe afectar a todos para dar coherencia al sistema. As¨ª que recomienda f¨®rmulas para intervenir en el caso de los presidentes, parlamentarios y miembros de Gobiernos auton¨®micos, y tambi¨¦n a prop¨®sito de jueces, miembros de las fuerzas de seguridad, el defensor del pueblo o los propios integrantes del Consejo de Estado, que sumados todos alcanzan la imponente cifra de 250.000 cargos que en Espa?a est¨¢n ligados a esta condici¨®n.

Si se tiene en cuenta que en el resto de los pa¨ªses de nuestro entorno son muy pocos los pol¨ªticos sujetos a esta consideraci¨®n, por no hablar del resto de cargos aforados, tiene sentido acabar de una vez con esta anomal¨ªa. Apartar de la justicia ordinaria la gesti¨®n de las causas que afectan a una inmensa cantidad de cargos p¨²blicos no solo retrasa los ritmos de la justicia, sino que contribuye a desprestigiar a los tribunales no espec¨ªficos, am¨¦n de trasladar a la ciudadan¨ªa la percepci¨®n de que existe una doble vara de medir que favorece a unos privilegiados.

El objetivo de suprimir los aforamientos se ha ido imponiendo en los ¨²ltimos tiempos a golpe de un discurso que reclama la regeneraci¨®n de unas instituciones a las que se califica de anquilosadas y muchas veces podridas. El aforamiento, en ese discurso, constituye el pasaporte id¨®neo para garantizar la impunidad del pol¨ªtico corrupto y es un privilegio. El Tribunal Constitucional se ha manifestado repetidas veces, sin embargo, en otro sentido, llegando a afirmar que ¡°el aforamiento act¨²a como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional del Gobierno y de los parlamentarios¡± y que, por tanto, contribuye a que no se perturbe desde la justicia la tarea de gobernar. Sobre todo en un pa¨ªs donde existe otra figura an¨®mala en nuestro entorno, la de la acusaci¨®n popular, que seguramente tendr¨ªa que ser abordada al tratarse los aforamientos para evaluar c¨®mo afecta a la existencia de esa figura.

Si la reforma de los aforamientos se ha impuesto en la agenda pol¨ªtica, bienvenida sea. Pero legislar al calor de la indignaci¨®n ciudadana nunca es recomendable. Y es una tentaci¨®n de los pol¨ªticos proceder a la brava incluso con figuras tan complejas como estas. El informe del Consejo supone un buen paso, pero no exime al Gobierno de tejer amplios acuerdos parlamentarios, imprescindibles para tocar la Constituci¨®n y necesarios para elaborar leyes efectivas y duraderas que prestigien a la justicia.