El Consejo de Estado propone limitar el aforamiento en la Constituci¨®n a delitos cometidos en el ejercicio del cargo

El Consejo de Estado enviar¨¢ este viernes al Gobierno un informe en el que propone reformar la Constituci¨®n para reducir los aforamientos del presidente, los ministros, diputados y senadores. El organismo plantea modificar los art¨ªculos 71.3 y 102.1 de la Ley Fundamental para a?adir que el fuero especial se limite a ¡°delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo¡±. El informe recomienda adem¨¢s que en un a?o como m¨¢ximo se modifiquen otras leyes que regulan el r¨¦gimen procesal de otros aforados como diputados auton¨®micos y jueces.

El informe, de 60 folios, fue aprobado con un solo voto en contra ¡ªdel consejero Jordi Guillot¡ª despu¨¦s de intensas deliberaciones durante dos sesiones plenarias desarrolladas el martes y el jueves y dirigidas por la presidenta del Consejo de Estado, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, seg¨²n informan fuentes conocedoras del contenido de las reuniones.

Esta ma?ana se enviar¨¢ al Gobierno, aunque no est¨¢ previsto que se estudie en el Consejo de Ministros de este viernes? porque no acudir¨¢ el presidente, Pedro S¨¢nchez, quien asiste a la Cumbre Iberoamericana. S¨¢nchez afirm¨® el pasado d¨ªa 10 que la intenci¨®n es que el Consejo de Ministros apruebe la propuesta de reforma constitucional antes de que termine este mes, por lo que a¨²n tendr¨ªa otras dos fechas (los d¨ªas 23 y 30) para darle el visto bueno.

El pasado 21 de septiembre, el Ejecutivo encarg¨® al Consejo de Estado elaborar una propuesta de reforma constitucional para reducir los aforamientos a delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Es decir, ped¨ªa a los consejeros que se pronunciaran sobre esta posibilidad, que le dijeran c¨®mo exactamente deb¨ªan ser reformados los dos preceptos constitucionales que los regulan y, finalmente, cu¨¢l deb¨ªa ser el mecanismo de reforma.

C¨®mo reformar los art¨ªculos 71.3 y 102.1 de la Constituci¨®n

Sobre el primer punto, el informe indica que ser¨ªa suficiente con a?adir en los art¨ªculos 71.3 y 102.1 una sola frase. El primero quedar¨ªa as¨ª: ¡°En las causas contra diputados y senadores, por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo, ser¨¢ competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo¡±. El art¨ªculo 102.1 introducir¨ªa la misma salvedad en relaci¨®n al presidente y los dem¨¢s miembros del Gobierno.

La f¨®rmula de las ¡°funciones propias del cargo¡± deja alg¨²n espacio a la interpretaci¨®n. En todo caso, ser¨ªan luego los tribunales ¡ªel Constitucional en ¨²ltima instancia¡ª, los que tendr¨ªan que aplicar esta nueva regulaci¨®n y decidir en qu¨¦ casos un diputado y senador est¨¢ aforado y en cu¨¢les no, ante los casos dudosos que seguramente se producir¨ªan.

?C¨®mo se debe hacer esta reforma de la Constituci¨®n? El Consejo de Estado indica que podr¨ªa llevarse a cabo a trav¨¦s de la v¨ªa simple del art¨ªculo 167, que solo exige una mayor¨ªa de tres quintos en el Congreso y el Senado y no requiere refer¨¦ndum salvo que lo solicite una d¨¦cima parte de los miembros de alguna de las C¨¢maras.

El Gobierno, de todas formas, podr¨ªa encontrarse con un escollo. Podemos ya ha avisado en m¨¢s de una ocasi¨®n de que con sus 67 diputados pretende impedir que vuelva a producirse una reforma constitucional sin refer¨¦ndum, como la que promovieron PP y PSOE en agosto de 2011 para introducir el principio de estabilidad presupuestaria sin hacerlo pasar por las urnas.

La Constituci¨®n solo habla del aforamiento de diputados, senadores, ministros y presidente del Gobierno. Pero, con posterioridad a su aprobaci¨®n, el r¨¦gimen procesal especial se ha ido extendiendo a trav¨¦s de leyes ordinarias a muchos otros cargos p¨²blicos: presidentes, parlamentarios y miembros de Gobiernos auton¨®micos, jueces, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Defensor del Pueblo, e incluso los propios miembros del Consejo de Estado.

Los otros aforamientos

Son casos que no est¨¢n bajo el paraguas constitucional, sino que dependen de leyes org¨¢nicas y de los estatutos de autonom¨ªa. En Espa?a hay casi 250.000 aforados. Unos 232.000 son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y auton¨®micos y aproximadamente 17.000 pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades aut¨®nomas. De ellos, los recogidos en la Constituci¨®n son un m¨ªnimo porcentaje: 350 diputados, 266 senadores, el presidente y sus ministros ¡ª18 ahora¡ª.

En este momento no llegan a 650 de los 17.000. Uno de los grandes debates del Consejo de Estado ha versado precisamente sobre la situaci¨®n de estos otros miles de aforados. Para evitar que, si se reforma la Constituci¨®n, estos otros cargos queden con una protecci¨®n mayor, el informe plantea la necesidad de que, para garantizar la coherencia del sistema, el Gobierno impulse algunas reformas legales. ¡°En el plazo m¨¢ximo de un a?o deber¨¢n aprobarse las disposiciones legales necesarias para regular el r¨¦gimen procesal de los aforamientos¡±, recomienda el documento.

En el caso de jueces y magistrados, la situaci¨®n podr¨ªa resolverse modificando la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Pero en el de los aforamientos recogidos en los estatutos de autonom¨ªa el asunto es m¨¢s complicado. Se podr¨ªa abordar de dos formas, seg¨²n el Consejo de Estado. La primera, reformando los estatutos, algo dif¨ªcil porque requiere de un ampl¨ªsimo consenso pol¨ªtico. La segunda, elaborando una disposici¨®n constitucional que establezca que todos los aforamientos auton¨®micos quedan limitados seg¨²n lo que dispone la Ley Fundamental para los suyos; es decir, que se reducir¨ªan tambi¨¦n a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

Las opciones han quedado abiertas para el Gobierno, que tendr¨¢ ahora que elegir la suya. Por otro lado, durante las deliberaciones un consejero defendi¨® que los aforamientos no deben limitarse sino suprimirse, como ocurre en algunos pa¨ªses de nuestro entorno como Alemania. La postura no fue compartida. El argumento en contra es la existencia en Espa?a de la acci¨®n popular, figura inexistente en otros pa¨ªses que permite que, en un proceso penal, la acusaci¨®n la pueda ejercer cualquier interesado y no solo la fiscal¨ªa o la persona directamente afectada, lo que hace m¨¢s vulnerable al potencial acusado.

Con algunas excepciones como Alemania o Finlandia, muchos pa¨ªses europeos tienen la figura del aforamiento, pero de manera mucho m¨¢s limitada que en Espa?a. Suelen referirse fundamentalmente a los presidentes, primeros ministros y miembros del Gobierno.