Herencia envenenada

El Tribunal Constitucional resolvi¨® el pasado 14 de noviembre que el Gobierno del Partido Popular vulner¨® el equilibrio de poderes al rechazar someterse a control parlamentario durante los 10 meses que estuvo en funciones, entre las elecciones celebradas en 2015 y la investidura de Mariano Rajoy en octubre del a?o siguiente. La gravedad de las responsabilidades pol¨ªticas que se derivan de la sentencia, dictada por unanimidad, contrasta con el desinter¨¦s con el que se ha acogido. El tribunal ha sido cuidadoso en la elecci¨®n de los t¨¦rminos y la precisi¨®n de los argumentos, pero la situaci¨®n que ha descrito es la de un poder ejecutivo que, por s¨ª y ante s¨ª, decide negarse a rendir cuentas ante la C¨¢mara donde reside la soberan¨ªa popular. La decisi¨®n hubiera sido grave fueran cuales fuesen las razones en las que se amparase, pero mucho m¨¢s si, como sucedi¨®, la que aleg¨® el Ejecutivo pretend¨ªa sostenerse en que escamotear al Parlamento la tarea de controlarlo no era una cuesti¨®n de voluntad, sino "de estricto cumplimiento de nuestro ordenamiento jur¨ªdico".

Las decisiones adoptadas por el Gobierno de Rajoy y los argumentos a los que recurri¨® para justificarlas no fueron resultado de un error circunstancial en la interpretaci¨®n del texto constitucional, sino de un intolerable desprecio hacia los procedimientos que deben observarse en democracia; un desprecio que comenz¨® cuando el candidato popular a la presidencia del Gobierno se abstuvo de cualquier iniciativa para completar su mayor¨ªa minoritaria y ser investido, condenando deliberadamente al pa¨ªs a casi un a?o de par¨¢lisis institucional. No es siquiera imaginable que entre los miembros de aquel Gobierno, algunos de ellos abogados del Estado, ninguno advirtiera que uno de los rasgos que distingue al sistema democr¨¢tico de la autocracia es el control del Ejecutivo. Ni tampoco que el g¨¦nero de excusas al que recurrieron no solo frustraba el ejercicio de una funci¨®n propia de la C¨¢mara, como ha se?alado la sentencia, sino que adem¨¢s banalizaba las tareas del Tribunal Constitucional, al pretender que era ¨¦l, el Ejecutivo, y no este tribunal, quien est¨¢ facultado para realizar la interpretaci¨®n aut¨¦ntica de la Constituci¨®n. Fueron varios los miembros del Gabinete de Rajoy quienes se prevalieron de estas a?agazas que vulneraban la esencia misma del sistema democr¨¢tico, pero no deja de ser una paradoja, cuando no un sarcasmo, que uno de ellos presida ahora la C¨¢mara contra la que entonces atent¨®. Y no deja de ser tampoco un aciago signo de los tiempos que el mismo Parlamento al que los ciudadanos han visto resignadamente debatir trivialidades porque conven¨ªa al inter¨¦s propagand¨ªstico de unos grupos pol¨ªticos u otros, no haya dedicado un instante a pedir explicaciones a quien lo dirige con estos dudosos antecedentes.

La sentencia del Tribunal Constitucional se refiere, sin duda, a hechos pasados, y parecer¨ªa entonces que tomarla en consideraci¨®n responde a una est¨¦ril exigencia de responsabilidades retrospectiva. Ser¨ªa as¨ª si, al contrario de lo que sucede, el desprecio de los procedimientos ordinarios y la banalizaci¨®n de las tareas que corresponden a cada poder no se hubieran convertido en uno de los grandes peligros que se ciernen sobre el sistema constitucional espa?ol, obligado a sobrellevarlo en todas sus instancias como una herencia envenenada. La sentencia del Tribunal Constitucional ha venido a recordar que el periodo entre las elecciones de 2015 y la investidura del presidente Rajoy en 2016, despu¨¦s de una ins¨®lita repetici¨®n electoral, dejaron una impronta institucional mucho peor de lo que entonces y ahora se pod¨ªa imaginar. El sistema una vez m¨¢s ha resistido, pero las responsabilidades deben ser depuradas y las lecciones, aprendidas.