Indolencia

La actitud de una jueza instructora y de la fiscal¨ªa han llevado a la dif¨ªcilmente justificable absoluci¨®n en un caso de corrupci¨®n por parte de la Audiencia Provincial de Murcia del expresidente de la regi¨®n, Pedro Antonio S¨¢nchez, porque expiraron los plazos antes de que fuese examinado su caso y sin que la jueza hubiese practicado ninguna prueba. El pol¨ªtico del PP y exalcalde de Puerto Lumbreras se benefici¨® de que la jueza Carmen Torres Buitrago dej¨® pasar seis meses sin tomar declaraci¨®n a los investigados y de que la fiscal¨ªa pidi¨® dos d¨ªas tarde la ampliaci¨®n del plazo de investigaci¨®n.

Pero, por encima de estos desprop¨®sitos, S¨¢nchez sali¨® absuelto ante todo gracias a la reforma de 2015 del Gobierno de Rajoy de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que reduc¨ªa los plazos para llevar a cabo las instrucciones de tal forma que, como ha ocurrido en Murcia, se abr¨ªa la posibilidad de que un acusado de corrupci¨®n saliese impune sin haber empezado el examen de su caso.

La absoluci¨®n de S¨¢nchez, que ser¨¢ recurrida, refleja un problema de fondo sobre el funcionamiento de la justicia, que no se puede explicar solo por el colapso que padecen los juzgados de la regi¨®n, los segundos m¨¢s congestionados de Espa?a seg¨²n el informe del CGPJ del tercer trimestre de 2018, con casi 100.000 casos sin resolver. El juez de la Audiencia Provincial ?lvaro Casta?o-Penalva no ahorr¨® descalificativos sobre lo ocurrido: ¡°No hay excusa, no hay disculpa y s¨ª indolencia¡±. Es dif¨ªcil explicar la indolencia de la jueza ante un caso de esta relevancia, as¨ª como que la fiscal¨ªa presentase dos d¨ªas m¨¢s tarde de lo previsto por la ley el recurso para ampliar la investigaci¨®n, para declararla causa compleja y disponer as¨ª de un plazo de 18 meses, ampliables a otros 18.

El verdadero problema no est¨¢ solo en los colapsados juzgados de Murcia ni en la posible desidia durante la instrucci¨®n, sino en el Congreso de los Diputados. En una rara muestra de unanimidad, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han reclamado a Pedro S¨¢nchez que derogue, mediante un decreto ley, el art¨ªculo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Jueces y fiscales consideran que los seis meses de plazo son muy insuficientes, dado que los grandes procesos, como los que afectan a la corrupci¨®n, necesitan mucho m¨¢s tiempo.

Desde finales de 2017 est¨¢ presentada por Podemos una proposici¨®n de ley para derogarla, pero se ha enfrentado al filibusterismo parlamentario del PP, que ha solicitado en 58 ocasiones la ampliaci¨®n del plazo de enmiendas y que, en contra de lo que prometi¨®, ha presentado una que insta a mantenerla en los t¨¦rminos actuales. La mejor forma de evitar que un caso como el de Murcia se repita es anular una reforma legal, destinada a poner palos en las ruedas de las investigaciones de la corrupci¨®n, que nunca ten¨ªa que haberse aprobado.