Justicia ¨²nica

El inminente inicio del juicio a los pol¨ªticos catalanes responsables del proc¨¦s est¨¢ siendo abordado por el independentismo como una oportunidad, quiz¨¢ la ¨²ltima, para realizar una demostraci¨®n de fuerza que permita mantener viva la quimera de la secesi¨®n por v¨ªas de hecho. Los dirigentes que comparecer¨¢n ante el Tribunal Supremo no lo har¨¢n porque sus ideas est¨¦n prohibidas ni por haber dado voz a un pueblo que no puede expresarse, seg¨²n repiten con intenci¨®n propagand¨ªstica para justificar con invocaciones a la democracia los delitos contra el Estado de derecho que presuntamente cometieron.

Los sistemas garantistas, como el que rige en Espa?a, eximen del deber de decir la verdad a los inculpados en cualquier causa penal, pero eso no se traduce en la obligaci¨®n de convalidar la falacia. En este sentido, ni la democracia que los dirigentes independentistas invocan con la pretensi¨®n de ser sus or¨¢culos, ni tampoco el Estado de derecho que han intentado desprestigiar sin conseguirlo, amparan el atropello que llevaron a cabo durante los meses de septiembre y octubre de 2017 contra los derechos civiles, las libertades ciudadanas, las instituciones representativas, y hasta los espacios p¨²blicos, de la mayor¨ªa de ciudadanos de Catalu?a que rechaza el programa de la secesi¨®n. Si en los pr¨®ximos d¨ªas se sentar¨¢n en el banquillo no es por haber reclamado como ciudadanos indefensos una libertad que la Constituci¨®n no niega a Catalu?a, sino por haber intentado arrebat¨¢rsela como gobernantes desp¨®ticos a los catalanes que no comulgan con el credo independentista.

Una parte de los procesados ha dejado entrever su intenci¨®n de convertir las jornadas de la vista oral en un proceso pol¨ªtico contra el tribunal que les juzga, y, por extensi¨®n, contra el sistema institucional del que ese tribunal forma parte. La idea que subyace a esta estrategia es que la justicia europea dejar¨¢ en evidencia la falta de independencia de la espa?ola. Por descontado, cualquier ciudadano est¨¢ en su derecho de escoger la v¨ªa de defensa que considere m¨¢s adecuada ante un tribunal, sea t¨¦cnica o pol¨ªtica. Pero ninguna de ambas alternativas permite considerar la justicia espa?ola como distinta de la europea, puesto que es el propio sistema espa?ol el que establece que las sentencias de los tribunales internos pueden ser recurridas en Estrasburgo.

Al contrario de lo que parecen sugerir los dirigentes independentistas al confundir la existencia de dos instancias sucesivas con la de dos justicias diferentes, Espa?a no es un pa¨ªs autoritario al que Europa acabar¨¢ desenmascarando, sino un pa¨ªs democr¨¢tico comprometido con la construcci¨®n de esa Europa a cuyo tribunal podr¨¢n recurrir si lo desean. Quienes han defendido la sujeci¨®n de los tribunales al Ejecutivo son precisamente ellos, como recoge en su inquietante articulado la ley de transici¨®n a la Rep¨²blica que hicieron aprobar por una mayor¨ªa simple del Parlament. Es de esa ley, como tambi¨¦n de otros delitos, de lo que tendr¨¢n que responder ante una justicia ¨²nica que arrancar¨¢ con las sentencias de unos tribunales en Madrid y Barcelona, y concluir¨¢ con la de otro en Estrasburgo.

Convertir el juicio en un espect¨¢culo, amplificado por las eventuales movilizaciones a las que tanto suele recurrir el president Torra, m¨¢s inclinado a la agitaci¨®n que a la gesti¨®n de Gobierno, no exime a la parte que acusa ni a la que se defiende de aportar pruebas contrastadas y emplear argumentos jur¨ªdicos acordes a las leyes. Iniciado el proceso judicial, y agotada cada una de sus instancias, la sentencia final no habr¨¢ reca¨ªdo sobre ninguna naci¨®n sojuzgada, sino sobre unos dirigentes pol¨ªticos que habr¨¢n hecho uso del derecho de defensa que le asiste en un sistema democr¨¢tico, o lo habr¨¢n dilapidado.