M¨ªnimos en el proceso al ¡®proc¨¦s¡¯

Durante este proceso a los pol¨ªticos catalanes independentistas hemos visto reivindicar desde la libre absoluci¨®n ¡ªl¨®gica en los acusados, pero apoyada como principio irrenunciable por algunos pol¨ªticos¡ª hasta la petici¨®n de 30 a?os de c¨¢rcel por rebeli¨®n agravada. En todo caso, si para unos la petici¨®n de las m¨¢ximas penas es una posici¨®n pol¨ªtica vengativa, tambi¨¦n es una reivindicaci¨®n pol¨ªtica exigir que los jueces act¨²en como si nada hubiera pasado.

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Acusaci¨®n popular in¨²til e ignorante; por Xavier Vidal-Folch

Gesti¨®n de la desilusi¨®n

Como otros muchos catalanes, no participo de ninguno de los dos extremos. La exigencia de la absoluci¨®n como principio pol¨ªtico inamovible insiste en el enga?o o autoenga?o seg¨²n el cual se pod¨ªa sustituir un ordenamiento jur¨ªdico por otro (¡°de la ley a la ley¡±, nos dijeron) sin romper un plato ni cometer ning¨²n delito. Y, en el otro extremo, la calificaci¨®n de los hechos como delito de rebeli¨®n no solo fue cuestionada por 200 profesores de derecho penal, sino tambi¨¦n por alg¨²n jurista libre de toda sospecha, como Pascual Sala, que ha sido presidente del Supremo y del Constitucional.

La discrepancia puede y debe abordarse desde una perspectiva jur¨ªdica rigurosa que diferencie los planteamientos de m¨¢ximos o de m¨ªnimos en la aplicaci¨®n de la ley, sin necesidad de acudir a las evanescentes razones ¡°pol¨ªticas¡± que se arguyen como forma de burlarla o sortearla.

En cualquier caso penal, el planteamiento de m¨¢ximos busca el castigo m¨¢s duro porque cree que con ello se solucionan los problemas, o bien porque pretende segregar socialmente a los responsables. Para ello, no solo busca las interpretaciones m¨¢s punitivas posibles, sino, a veces, retuerce o desborda los t¨¦rminos razonables de la ley. Es lo que, en mi opini¨®n, ocurre cuando se califica a la los Mossos d¡¯Esquadra como organizaci¨®n criminal o cuando se fuerzan los t¨¦rminos ¡°alzamiento¡± o ¡°violencia¡± para mantener la rebeli¨®n.

La opci¨®n por el m¨ªnimo, en cambio, parte de que la certeza de la aplicaci¨®n de la ley resulta m¨¢s ¨²til que la m¨¢xima dureza punitiva. No es buenismo ni debilidad pol¨ªtica: hoy el principio de intervenci¨®n penal m¨ªnima est¨¢ asumido y se refleja tambi¨¦n en la jurisprudencia constitucional sobre el principio de proporcionalidad. Son principios propios de un Estado democr¨¢tico s¨®lido que puede resistir los conflictos pol¨ªticos sin sobreactuar penalmente ni forzar la ley, te¨®ricamente, para defenderla.

En el caso del proc¨¦s, m¨¢s que en ning¨²n otro, deber¨ªa descartarse el maximalismo. Muchos pensamos que solo parece clara la desobediencia a los mandatos del Constitucional, mientras que la malversaci¨®n habr¨¢ que basarla en comprobaciones muy concretas que, por cierto, el ministro Montoro cuestion¨®. Es necesario recordar ¡ªespecialmente cuando se encomienda a los tribunales la soluci¨®n de un problema pol¨ªtico descomunal¡ª que las leyes no son un c¨²mulo de palabras y t¨¦rminos t¨¦cnicos interpretables formal y as¨¦pticamente, sino un instrumento para resolver conflictos, no para agravarlos.

Mercedes Garc¨ªa Ar¨¢n es catedr¨¢tica de Derecho Penal.

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