Marca verde

La ley de cambio clim¨¢tico aprobada por el Parlamento balear para prohibir la venta de coches con motores di¨¦sel a partir de 2025, y de combusti¨®n (gasolina o gas natural) desde 2035, es un proyecto pionero en Espa?a que aspira a erradicar las emisiones contaminantes procedentes del tr¨¢fico en las islas. Con esta iniciativa, Baleares pretende dotarse de una marca verde con la que incrementar su consolidado atractivo tur¨ªstico. Sin embargo, la norma ha salido adelante sin que en el resto de Espa?a se hayan adoptado medidas equivalentes, una situaci¨®n que podr¨ªa generar una disfunci¨®n con el resto del pa¨ªs.

La tantas veces anunciada ¡ªy nunca tramitada en el Parlamento¡ª ley de cambio clim¨¢tico elaborada por la ministra Teresa Ribera propon¨ªa que los coches de gasolina, di¨¦sel, h¨ªbridos y gas natural no se pudieran vender en Espa?a a partir de 2040. El plan balear va mucho m¨¢s all¨¢. Adelanta hasta en 15 a?os ese calendario y fija que solo los veh¨ªculos di¨¦sel radicados en las islas antes de 2025 podr¨¢n circular en ese territorio. Estas limitaciones ¡ªconsideradas "arbitrarias" y "desproporcionadas" por la patronal del autom¨®vil¡ª generar¨ªan distorsiones dif¨ªcilmente justificables entre unas comunidades y otras.

El texto auton¨®mico ha desencadenado un choque frontal entre el Ejecutivo socialista, que gobierna con el apoyo de Podemos y los econacionalistas de MES, y los fabricantes de autom¨®viles. Una batalla que pone de relieve la dificultad de conjugar intereses industriales y ecol¨®gicos. Todos los Gobiernos tienen la obligaci¨®n de luchar contra el cambio clim¨¢tico, pero dentro de una pol¨ªtica armonizada definida en un plan estatal que, adem¨¢s, cuente con la colaboraci¨®n de la industria del autom¨®vil para impulsar de manera decidida la fabricaci¨®n de veh¨ªculos el¨¦ctricos y ampliar los puntos de recarga.

El Gobierno balear ha puesto en el punto de mira a los autom¨®viles que m¨¢s gases de efecto invernadero emiten a la atm¨®sfera y que tambi¨¦n son responsables, en alguna medida, de los problemas de contaminaci¨®n urbana, pero obvia la poluci¨®n generada por el intenso tr¨¢fico a¨¦reo o la llegada de colosales cruceros vacacionales a sus puertos. Si, como muchos piensan, el di¨¦sel tiene los d¨ªas contados, es de justicia que esos d¨ªas sean los mismos en toda Espa?a. Solo bajo el paraguas de una normativa que armonice los plazos de una transici¨®n ordenada se evitar¨¢n discriminaciones entre unos territorios y otros. Todas las comunidades aut¨®nomas tienen derecho a un aire limpio, no solo aquellas que basan parte de su econom¨ªa en el atractivo de su naturaleza y el empuje del turismo.