Pen¨²ltimo acto

El debate electoral entre los cuatro principales aspirantes a la presidencia del Gobierno que se celebrar¨¢ esta noche en RTVE consolida un uso democr¨¢tico vigente desde 1993, que ha de respetarse en el futuro. El fracasado intento del candidato socialista de limitar su participaci¨®n a una ¨²nica cita en un medio privado, y de forzar a la corporaci¨®n p¨²blica para que favoreciese sus intereses tras la intervenci¨®n de la Junta Electoral Central, deber¨ªa servir para asentar de una vez por todas la obligaci¨®n pol¨ªtica de que los partidos contrasten en la radiotelevisi¨®n del Estado sus programas electorales. Convertir esta obligaci¨®n en jur¨ªdica, incluy¨¦ndola en la ley electoral a trav¨¦s de una reforma, no es una necesidad imperiosa sino una excusa reiterada elecci¨®n tras elecci¨®n. La prueba reside en que los dos debates son resultado de las disposiciones de la ley, no de sus insuficiencias, y de que la Junta Electoral las ha hecho aplicar.

A juzgar por la manera en la que el PP y Ciudadanos han abordado la campa?a, existe el riesgo de que tanto hoy como ma?ana sus l¨ªderes deval¨²en la obligaci¨®n pol¨ªtica de debatir hasta convertirla en un espect¨¢culo impropio. Ni uno ni otro parecen prestar atenci¨®n a las reiteradas se?ales de que la radicalizaci¨®n pol¨ªtica y la agresividad ret¨®rica a las que vienen recurriendo no incrementan su capital electoral, sino que van a engrosar el de una fuerza de ultraderecha cuyo compromiso con los principios constitucionales es condicionado e instrumental. Por otra parte, tampoco parecen haber tomado conciencia (algo que s¨ª ha advertido en esta ocasi¨®n el l¨ªder de Podemos, Pablo Iglesias) del grave perjuicio que est¨¢n infligiendo a la totalidad del sistema judicial espa?ol, cuya ¨²ltima instancia es Estrasburgo, al concentrar la discusi¨®n territorial en la hipot¨¦tica concesi¨®n de un indulto a los dirigentes independentistas que est¨¢n procesados.

Al exigir del candidato socialista garant¨ªas de que no conceder¨¢ el indulto en caso de llegar al Gobierno, Casado y Rivera pretenden obtener una evidencia palmaria de su connivencia con el secesionismo; en realidad, est¨¢n perpetrando un inaceptable ataque a la independencia del Poder Judicial, de quien piden, como aspirantes a presidir el Ejecutivo, que un proceso penal en curso acabe inexorablemente en condena. Con el agravante de que el mensaje pol¨ªtico con el que intentan convencer a sus propios electores, as¨ª como intimidar a los del resto de los partidos incluidos los independentistas, es que es leg¨ªtimo confundir una sentencia con un trofeo y la justicia con la venganza. No se trata solo de que en democracia esa confusi¨®n sea imposible, sino de que, adem¨¢s, descalifica a cualquier dirigente pol¨ªtico dispuesto a sacrificar por ansia de poder y oportunismo electoralista la elemental distinci¨®n entre el delito y el delincuente.

Los cuatro bloques que abordar¨¢ el debate de esta noche ¡ªeconom¨ªa, pol¨ªtica social, cuesti¨®n territorial y pactos poselectorales¡ª no pueden ser una coartada para que la campa?a contin¨²e por los mismos derroteros crispados e irrelevantes que hasta ahora, sino el pen¨²ltimo acto para que los electores acudan informados a votar. El ¨²ltimo tendr¨¢ lugar ma?ana, y es de esperar que, a tenor de lo que suceda en unas horas, suscite m¨¢s el inter¨¦s ciudadano que el bochorno y el desaliento. El resultado de ambos debates determinar¨¢ en buena parte el resultado del domingo.