Transparencia en construcci¨®n

Espa?a se ha apuntado a la ola de iniciativas para implementar la transparencia en la adjudicaci¨®n y desarrollo de la obra p¨²blica. Lo ha tenido que hacer, en primer lugar, por las exigencias de la Marca Espa?a. El hecho de que el pa¨ªs haya vivido una epidemia de corrupci¨®n ha obligado a reforzar las normas y procedimientos en este terreno. Espa?a figura hoy en posiciones nada dignas en el ?ndice de Percepci¨®n de la Corrupci¨®n de Transparencia Internacional (TI): en el puesto 41, lejos de su vecino Portugal (29). "Ha sido una ca¨ªda preocupante", apunta Manuel Villoria, miembro del comit¨¦ de TI Espa?a.

Otra raz¨®n para acometer medidas contra la corrupci¨®n es que la falta de transparencia cuesta dinero. "Una mayor transparencia en la contrataci¨®n p¨²blica permitir¨ªa reducir los abusos y la corrupci¨®n y bajar el coste de las obras", sentencia Villoria. Seg¨²n TI, "las pr¨¢cticas irregulares inflan un 10% el gasto en obra p¨²blica". La Comisi¨®n Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) estima que la obra p¨²blica en Espa?a sufre un sobrecoste equivalente al 4,6% del PIB por la ausencia de un buen proceso de licitaci¨®n. A?adido a la cuesti¨®n de los costes, hay que recordar que la UE ha aumentado la presi¨®n en el campo del juego limpio con directivas para reforzar la transparencia en las licitaciones, y con un respaldo sin fisuras a la utilizaci¨®n de los llamados Pactos de Integridad, ideados por TI, que fijan los compromisos de la Administraci¨®n y las empresas licitadoras de mantener una conducta ¨ªntegra y ser transparentes en el proceso. Estos pactos incluyen la figura de un supervisor independiente encargado de controlar el concurso, la adjudicaci¨®n y la ejecuci¨®n del contrato.

Regulaciones obligadas

La paulatina presi¨®n por una mayor limpieza ha llevado a Espa?a a aprobar la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica y Buen Gobierno. Esta norma, seg¨²n explican desde el despacho especializado en contrataci¨®n p¨²blica Interlaw, "obliga a las Administraciones a difundir toda informaci¨®n relevante y otorga a los ciudadanos el derecho a solicitarla". La ¨²ltima gran reforma fue la nueva Ley de Contratos P¨²blicos (9/2017), producto de la trasposici¨®n de dos directivas comunitarias tambi¨¦n destinadas a atajar los resquicios que alientan el fraude. Toda esta bater¨ªa de medidas, incluyendo los Pactos de Integridad, han sido bien acogidos por las empresas constructoras.

Juli¨¢n N¨²?ez, presidente de Seopan, la patronal de las constructoras, dijo en unas jornadas organizadas con TI "que la transparencia es importante y beneficiosa para todos". "En 2017 presentamos un informe realizado por EY, centrado en la transparencia como garant¨ªa de eficiencia en la contrataci¨®n p¨²blica, que concluy¨® con 25 propuestas para dar toda la claridad a los procesos", explic¨® N¨²?ez. Desde la CNC (Confederaci¨®n Nacional de la Construcci¨®n), su presidente, Juan Lazcano, declar¨® que "cuanto m¨¢s transparentes sean los contratos p¨²blicos, m¨¢s empresas y m¨¢s cualificadas van a participar, m¨¢s elecci¨®n tendr¨¢ la Administraci¨®n y m¨¢s ahorro habr¨¢ para los contribuyentes".

Aunque cambiar malas pr¨¢cticas de d¨¦cadas no es f¨¢cil, Lazcano cree que las diferentes medidas han servido para "avanzar mucho en limpiar los procesos". En Seopan son m¨¢s esc¨¦pticos. "No hemos detectado avances significativos", subraya N¨²?ez. En TI recuerdan que, de hecho, la posici¨®n de Espa?a en el ¨ªndice de transparencia ha bajado. "Despu¨¦s de Hungr¨ªa", explica Villoria, "es el pa¨ªs de la UE que m¨¢s ha bajado entre 2012 y 2018; ha pasado del puesto 13 al 22".

Hay cierta unanimidad en que las medidas adoptadas siguen en el papel y no han bajado a la pr¨¢ctica. "La informaci¨®n disponible sobre los procesos de contrataci¨®n es a¨²n muy escasa y el grado de discrecionalidad de los responsables de la Administraci¨®n al adjudicar contratos sigue siendo excesivamente elevada, abonando la posible arbitrariedad", dice N¨²?ez, de Seopan. Otro problema, se?alado por Huarte, de Iterlaw, es que "hemos hecho una regulaci¨®n tan compleja, que la gente acaba encontrando un sendero para escapar". Lo habitual es no comunicar al mercado los proyectos hasta el ¨²ltimo momento y agotar los plazos para presentar ofertas hasta los m¨ªnimos legales. Sigue la presentaci¨®n de ofertas a precios m¨¢s bajos [un 30% o 40% menos] que los reales, que se disparan tras iniciar la obra con los llamados modificados, una pr¨¢ctica que el propio N¨²?ez define como "sinsentido econ¨®mico", ya que genera enormes sobrecostes. M¨¢s de 50 contratos para carreteras, puentes o AVE adjudicados por 2.464 millones costaron luego m¨¢s de 3.000 millones de euros.

Algunas de las nuevas figuras creadas para reforzar la transparencia siguen casi in¨¦ditas. Pese a que la ley obliga a publicar en la Plataforma de Contrataci¨®n del Sector P¨²blico (electr¨®nica) todo el proceso, desde el anuncio al final de la obra, "la realidad", apunta Huarte, "es que no todas las Administraciones lo hacen. Cumplen poco m¨¢s del 50%." Villoria a?ade que "es muy dif¨ªcil trabajar con la plataforma. Los datos no est¨¢n estructurados y falta informaci¨®n. Tiene que mejorar mucho para que sea ¨²til".