Por sus pasos

Ayer quedaron formalmente constituidas bajo la presidencia de los socialistas catalanes Meritxell Batet y Manuel Cruz las dos C¨¢maras legislativas configuradas por las elecciones generales celebradas el pasado 28 de abril. Ambas sesiones estuvieron marcadas por la presencia en los esca?os de diputados y senadores independentistas en prisi¨®n preventiva mientras se sustancia el proceso penal que se sigue contra ellos en el Tribunal Supremo. La expectaci¨®n que despertaba su presencia hac¨ªa innecesaria la sobreactuaci¨®n en que incurrieron al acatar la Constituci¨®n, realiz¨¢ndola bajo f¨®rmulas exuberantes que nada parecieron aportar al hecho esencial de que finalmente la juraron o la prometieron. Entre la sobriedad que exige representar a los ciudadanos en un parlamento democr¨¢tico y el espect¨¢culo que solo aspira a jalear al propio electorado durante un instante de autosatisfacci¨®n, los electos independentistas se inclinaron por esto ¨²ltimo, y no siempre evitando la verg¨¹enza ajena.

M¨¢s que la protesta que pretend¨ªan, su gesto no pas¨® de una est¨¦ril algarab¨ªa para disimular ante sus partidarios que fueron las libertades y las garant¨ªas establecidas por la Constituci¨®n, cuya existencia no cesan de negar, las que han amparado su derecho a concurrir en unas elecciones, recoger sus actas de diputados y senadores, y adquirir la condici¨®n plena de parlamentarios. Lejos de constituir el desprop¨®sito que afirmaron los l¨ªderes del Partido Popular y Ciudadanos, la presencia en ambas C¨¢maras de los dirigentes independentistas encausados es una prueba concluyente de la manipulaci¨®n en la que incurren al sostener que en Espa?a se persigue el programa de la secesi¨®n. De lo que est¨¢n respondiendo ante el Tribunal Supremo no es de promoverlo, como han hecho durante la campa?a electoral y es de suponer que seguir¨¢n haciendo sus correligionarios en el Congreso y el Senado, sino de tratar de imponerlo por v¨ªas de hecho a una mayor¨ªa de ciudadanos de Catalu?a que lo rechaza.

El Partido Popular y Ciudadanos quisieron dejar claro desde la sesi¨®n inaugural que su intenci¨®n durante la nueva legislatura no es alcanzar ninguna pol¨ªtica com¨²n frente a la crisis en Catalu?a. Antes por el contrario, la b¨²squeda de diferencias con el partido socialista lleg¨® ayer al extremo de exigirle con desplazada solemnidad el cumplimiento de aquello a lo que la ley obliga, cuando ni siquiera su candidato a la presidencia ha recibido el respaldo para formar Gobierno. Esta est¨¦ril precipitaci¨®n por mostrar severidad frente al independentismo, en lugar de por articular un consenso que permita revelar su aut¨¦ntica naturaleza tanto interna como internacionalmente, puede precipitar errores a la hora de abordar el primer problema al que se enfrentan las C¨¢maras reci¨¦n constituidas: la suspensi¨®n de los diputados y senadores secesionistas procesados en el Tribunal Supremo.

La decisi¨®n no puede ser banalizada en un sentido ni en otro puesto que involucra principios esenciales del sistema democr¨¢tico como la separaci¨®n de poderes, el derecho de sufragio pasivo o la seguridad jur¨ªdica. El Tribunal Supremo ha cumplido su deber al remitir el auto de suspensi¨®n a la Mesa del Congreso; es el momento de que esta cumpla el suyo recabando los dict¨¢menes jur¨ªdicos que considere necesarios para hacerlo por sus pasos, y rigurosamente conforme a derecho.