Reforma dif¨ªcil

Hay que felicitarse de que el Banco de Espa?a, en su informe anual, se haya sumado con decisi¨®n a quienes reclaman una reforma urgente del sistema de pensiones en Espa?a. La autoridad monetaria ha captado las amenazas que se ciernen sobre las prestaciones de los pensionistas y que, en contra de lo que sostienen los agoreros, no implicar¨ªan una quiebra del sistema sino una p¨¦rdida creciente y sustancial de las pensiones mensuales. Esas amenazas, que proceden del envejecimiento de la poblaci¨®n, de la duraci¨®n cada vez mayor de las pensiones y de la p¨¦rdida de calidad del empleo, tienen que neutralizarse con decisiones tomadas desde hoy para que puedan surtir efecto en los pr¨®ximos a?os y para las siguientes generaciones. Por lo tanto, una de las decisiones m¨¢s urgentes del nuevo Gobierno es la de acelerar la construcci¨®n de un gran acuerdo pol¨ªtico para erigir la reforma de las pensiones.

Sobre los contenidos de esa reforma hay un cierto consenso, que no excluye algunas discrepancias. Habr¨ªa que decidir si parte de las prestaciones contributivas se trasladan a los Presupuestos con el fin de aliviar la presi¨®n financiera sobre la Seguridad Social, que ya soporta un d¨¦ficit de 18.000 millones; definir la edad de jubilaci¨®n; decidir si se modifican al alza los tipos de cotizaci¨®n, en qu¨¦ segmentos salariales y con qu¨¦ topes, y, en fin, si conviene extender el c¨¢lculo de la pensi¨®n en funci¨®n de toda la vida laboral; hacerla m¨¢s contributiva. En definitiva, pensiones p¨²blicas, universales y dignas.

El Banco de Espa?a tiene raz¨®n al pedir celeridad en la reforma; acierta tambi¨¦n al describir los efectos econ¨®micos y fiscales del envejecimiento de la poblaci¨®n; tampoco cabe objeci¨®n alguna a su evaluaci¨®n de los costes de un modelo de pensiones al que se incorpore una revalorizaci¨®n permanente de las prestaciones, sin cambios estructurales. Cuanto m¨¢s envejecida est¨¦ la poblaci¨®n, m¨¢s costar¨¢ aprobar una reforma, debido a las justas resistencias de un n¨²mero creciente de pensionistas.

La supervivencia del sistema y el mantenimiento de prestaciones acordes con un nivel de vida decente tienen que partir necesariamente de una recuperaci¨®n de los salarios. Por m¨¢s reformas legales que se aprueben, poco se conseguir¨¢ si no aumentan las retribuciones y el empleo. Es prioritario que el acuerdo pol¨ªtico que sustente la reforma sea m¨¢ximo. Si el consenso es parcial, aumenta la probabilidad de que un Gobierno futuro se sienta tentado de manosear una vez m¨¢s la protecci¨®n social. La propuesta del Banco de Espa?a de reducir, si fuera necesario, el consenso exigible hay que tomarla, pues, con muchas reservas. La experiencia indica que en este campo ninguna ideolog¨ªa (o partido pol¨ªtico) cuenta con respuestas y fuerzas suficientes para imponerlas al resto de la sociedad.

El Banco de Espa?a deber¨ªa ampliar el encuadre de su an¨¢lisis. Los enemigos reales de las pensiones son el desempleo y la precariedad. Los ciudadanos entienden mal que se reclame una edad m¨¢s avanzada para la jubilaci¨®n mientras los bancos y las empresas proponen prejubilaciones incentivadas a los 55 a?os o antes. Una vez m¨¢s, se aprecia la distancia que existe entre las disposiciones legales y las pr¨¢cticas reales. No es solo la justicia intergeneracional la que est¨¢ en juego si no hay reforma. Son las empresas las que tienen hoy la llave de la edad de jubilaci¨®n.