Archivos y buen gobierno

Concluido el ciclo electoral, las tareas para la constituci¨®n de nuevos Gobiernos en Espa?a coinciden con la celebraci¨®n, entre el 3 y el 9 de junio, de la Semana Internacional de los Archivos. Ello deber¨ªa servir para que los nuevos responsables pol¨ªticos tomasen conciencia de la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Administraci¨®n y de la relevancia de unas instituciones que, como ha recordado el Consejo Internacional de Archivos, permiten que los Gobiernos puedan rendir cuentas y demostrar su capacidad para promover la democracia. Una correcta pol¨ªtica de gesti¨®n documental, ahora en entornos electr¨®nicos, y una audaz pol¨ªtica de archivos resultan imprescindibles para garantizar el acceso de los ciudadanos a la informaci¨®n p¨²blica, y, asimismo, ofrecer herramientas fiables para que un Gobierno pueda explicar y defender sus acciones, con la oportuna fiscalizaci¨®n del resto de los poderes del Estado.

En los ¨²ltimos a?os se ha hecho un considerable esfuerzo legislativo para responder a las demandas ciudadanas de mayor transparencia. Esa adecuaci¨®n del marco normativo espa?ol ha coincidido con otras profundas reformas legales orientadas a la puesta en marcha de la Administraci¨®n electr¨®nica. Como resultado de estos cambios, las distintas Administraciones han puesto a disposici¨®n de los ciudadanos portales de transparencia, as¨ª como herramientas para atender solicitudes concretas de informaci¨®n. El esfuerzo realizado no debe desde?arse, pero tampoco cabe ocultar las hondas insuficiencias e imperfecciones de unas pol¨ªticas cortoplacistas que han primado el dise?o de escaparates administrativos, v¨ªa web, sin abordar, con igual denuedo, la profunda transformaci¨®n que precisan los engranajes de la Administraci¨®n para hacerla m¨¢s eficaz, y acomodarla a las demandas de transparencia y a las exigencias del entorno electr¨®nico. Esas reformas no han servido para clarificar y actualizar el confuso ordenamiento jur¨ªdico en materia de acceso a los documentos p¨²blicos, lo que permite decisiones arbitrarias que dificultan el acceso de los ciudadanos a los archivos, consagrado en el art¨ªculo 105 de la Constituci¨®n, sin que tampoco ello garantice la protecci¨®n de los intereses del Estado. La democracia espa?ola precisa de una profunda revisi¨®n del ordenamiento de acceso a la informaci¨®n, para dar cumplimiento a ese precepto constitucional.

Es necesario que los nuevos Gobiernos incorporen la pol¨ªtica archiv¨ªstica a sus agendas y que la Administraci¨®n General del Estado coordine

Esa imprescindible transformaci¨®n administrativa que propiciar¨ªa una modernizaci¨®n real del Estado no ser¨¢ posible sin una pol¨ªtica de archivos y gesti¨®n documental que garantice que la informaci¨®n p¨²blica que se ofrece est¨¢ debidamente documentada; porque si esa informaci¨®n no procede de documentos aut¨¦nticos y fiables, la misma no sirve ni para cumplir con los compromisos de transparencia, ni para la defensa de los derechos civiles, ni tampoco para instruir la toma de decisiones de una buena gobernanza. Es precisamente a ese buen gobierno al que deben ir dirigidos los programas pol¨ªticos de los Ejecutivos que, en los distintos niveles de la Administraci¨®n espa?ola, asumir¨¢n sus responsabilidades en las pr¨®ximas semanas; y es esa la raz¨®n por la que las pol¨ªticas de archivo deben dejar de ocupar una posici¨®n subalterna en los organigramas de los departamentos de Cultura para pasar a desempe?ar un papel transversal y determinante en las agendas modernizadoras del pa¨ªs.

Los profesionales de los archivos conocen las t¨¦cnicas que permiten una adecuada gesti¨®n documental, no s¨®lo para garantizar la conservaci¨®n de documentos aut¨¦nticos y fiables, sino tambi¨¦n para la racionalizaci¨®n de los procesos administrativos, la reducci¨®n de la burocracia y el cese de los usos privativos o partidarios de la informaci¨®n. Los archivos p¨²blicos son por ello instituciones fundamentales para el buen gobierno y para un correcto funcionamiento del Estado democr¨¢tico, por lo que deben merecer la atenci¨®n de los nuevos Ejecutivos.

Los archivos son tambi¨¦n unas extraordinarias instituciones culturales. Espa?a conserva un asombroso patrimonio hist¨®rico documental que ha de ser preservado y difundido. Sin embargo, al igual que otros servicios p¨²blicos esenciales para el funcionamiento del Estado, los archivos han sufrido las restricciones presupuestarias derivadas de la ¨²ltima gran recesi¨®n econ¨®mica, lo que ha agravado una desatenci¨®n heredada ya de los periodos de bonanza. Hay infraestructuras insuficientes ¡ªcon archivos hist¨®ricos saturados desde hace d¨¦cadas¡ª, falta de recursos para la implantaci¨®n de herramientas inform¨¢ticas de gesti¨®n y digitalizaci¨®n de documentos, y plantillas exiguas que, pese a todo, sostienen los servicios.

Es necesario, as¨ª, que los nuevos Gobiernos incorporen la pol¨ªtica archiv¨ªstica a sus agendas modernizadoras y que la Administraci¨®n General del Estado ejerza su responsabilidad de coordinaci¨®n entre Administraciones e impulse la cooperaci¨®n entre las mismas para que se pueda hablar de un Sistema Espa?ol de Archivos que responda a la realidad del Estado auton¨®mico y pueda abordar los retos de su modernizaci¨®n.

Patricio Fern¨¢ndez es facultativo superior de Archivos en Castilla y Le¨®n.