Juicio equitativo

Tras cuatro meses de vista oral, desplegada en 52 intensas sesiones por las que han desfilado 422 testigos y se han examinado centenares de pruebas, el juicio sobre el proc¨¦s ha quedado visto para sentencia. El tribunal ¡ªcomo los dem¨¢s actores involucrados en esta fase procesal¡ª ha logrado en este tiempo despejar las inc¨®gnitas que se cern¨ªan sobre si el juicio ofrecer¨ªa las garant¨ªas propias para las resoluciones justas y equitativas.

Gran parte de las dudas fueron planteadas interesadamente desde el mundo secesionista. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tild¨® arriesgada e irresponsablemente de ¡°farsa¡± la sola celebraci¨®n de la vista. Y lo hizo el mismo d¨ªa en que empezaba.

Otros dirigentes independentistas insistieron sobre el pretendido ¡°franquismo¡± del tribunal y la justicia espa?ola; su falaz semejanza con la turca; o el supuesto car¨¢cter lleno de prejuicios de los magistrados, que habr¨ªan escrito la sentencia antes incluso de empezar a escuchar a protagonistas, testigos y peritos.

Todos esos intentos de desprestigio se han disuelto como az¨²car en un vaso de agua. Ha bastado el buen hacer del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, para diluir esos dicterios y despejar las dudas razonables que pudieran haberse planteado. As¨ª lo han entendido los abogados, que ayer otorgaron en distintos medios su aprobado al desarrollo de la vista oral.

No pod¨ªa ser de otra manera. El grueso, si no la totalidad, de las inc¨®gnitas procesales ha sido resuelto de acuerdo con una ley profundamente garantista. Si alguna fase de la vista (la exhibici¨®n de las pruebas videogr¨¢ficas) podr¨ªa haber sido m¨¢s fluida con otro planteamiento de calendario, lo cierto es que su pr¨¢ctica ha sido abundante y suficiente. Si la incomparecencia de algunos testigos (debido a que est¨¢n procesados en otros juzgados a causa de la fragmentaci¨®n de la causa) pudiera haber restado eficacia a la igualdad de armas de la defensa, no parece que se haya echado en falta nada fundamental, susceptible de cambiar el curso del proceso ni poner en riesgo su imparcialidad. Y as¨ª con otras incidencias relacionadas con los atestados, la instrucci¨®n o la actuaci¨®n de algunas acusaciones.

Si los encausados siguen albergando dudas sobre la imparcialidad del proceso seguido contra ellos, siempre tienen abierta la posibilidad de recurrir a las instancias europeas. Pero de momento estas ya han dictaminado desde Estrasburgo que el Estado espa?ol ten¨ªa el pleno derecho y el inexcusable deber de defenderse del desaf¨ªo rupturista. Y que por tanto el Tribunal Constitucional obr¨® bien en su d¨ªa al impedir alguno de los eventos parlamentarios de la llamada desconexi¨®n, en beneficio del ordenamiento constitucional.

Esta conclusi¨®n es esencial porque ha servido para volver a insuflar credibilidad al sistema judicial y a la divisi¨®n de poderes en Espa?a. Porque valida, por otro lado, la eficacia democr¨¢tica del Estado de derecho espa?ol, tantas veces puesta en duda. Y porque extiende tambi¨¦n a los reos la m¨ªnima dosis de confianza sobre la que debe asentarse la solidez del sistema. El respeto a las instituciones ha ganado su primer gran envite.

El segundo llegar¨¢ con la dif¨ªcil labor de orfebrer¨ªa con que los magistrados se ver¨¢n obligados a abordar la redacci¨®n de la sentencia. Los problemas son m¨²ltiples: sobre el deslinde exacto de los hechos analizados; sobre la adecuaci¨®n o el desencaje de los distintos tipos delictivos aducidos (rebeli¨®n, sedici¨®n, malversaci¨®n) y sobre el escalonamiento de los distintos niveles de responsabilidad individual que se hayan acreditado. Pero, en cualquier caso, el camino seguido para llegar hasta el punto final ha sido irreprochable y nada hace suponer que la sentencia no vaya a serlo.