Ciudadanos cumplidores

Es hoy m¨¢s que nunca necesario que en Espa?a haya una ley de protecci¨®n para los denunciantes de fraude o corrupci¨®n, de cara a incentivar y proteger a los ciudadanos que puedan denunciar hechos o situaciones corruptas, tanto en el sector privado como en el p¨²blico. Facilitar la posibilidad de denunciar y dotar de medidas eficaces de protecci¨®n a los denunciantes evitar¨¢ que estos puedan sentirse vulnerables o amenazados por su actitud de denuncia, y contribuir¨¢ al conocimiento por parte de la sociedad y de las autoridades judiciales de esos casos de corrupci¨®n. Con ello se podr¨ªan evitar situaciones inadmisibles, como la persecuci¨®n y las dificultades jur¨ªdicas y personales experimentadas por los valerosos denunciantes de las tramas G¨¹rtel o Acuamed, entre otras.

A nivel pol¨ªtico es fundamental en este contexto que haya un verdadero di¨¢logo y un acuerdo entre las formaciones pol¨ªticas y fuerzas parlamentarias de este pa¨ªs, para que se considere esta protecci¨®n legal como una materia prioritaria a ser legislada a nivel nacional, con el fin de prevenir cualquier tipo de pr¨¢ctica contraria al inter¨¦s general. En Espa?a hemos de pasar del concepto chivato, demasiado vigente en el pasado, al de denunciante, como ciudadano cumplidor de sus deberes ¨¦ticos y sociales.

En el contexto supranacional cabe se?alar que la Comisi¨®n Europea ha aprobado hace algunos meses la propuesta de una nueva directiva, para proteger a todos aquellos denunciantes que informen sobre corrupci¨®n o fraudes y violaciones de las leyes en los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea. Estas medidas establecen unos canales protegidos de denuncias y proh¨ªben cualquier represalia contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos p¨²blicos. Los mecanismos que se contemplan a tal efecto incluyen el establecimiento de canales de denuncias, tanto dentro como fuera de las organizaciones, garantizando la confidencialidad.

Dicha propuesta de directiva protege a los denunciantes que informen sobre asuntos tan diversos como los relacionados con las compras p¨²blicas, los servicios financieros, el lavado de dinero y la financiaci¨®n del terrorismo, la protecci¨®n ambiental, la seguridad nuclear, la salud p¨²blica, la protecci¨®n de datos o las normas tributarias de la UE, entre otras materias. Adem¨¢s, las organizaciones (p¨²blicas y privadas) tendr¨¢n la obligaci¨®n de responder a los informes de los denunciantes en un plazo m¨¢ximo de tres meses desde que se hace la denuncia a trav¨¦s de los canales internos.

La Comisi¨®n Europea ha aprobado la propuesta de una nueva directiva para proteger a todos aquellos que informen sobre corrupci¨®n o fraudes

Es realmente importante as¨ª que una norma supranacional como esta proteja tanto a los denunciantes del sector privado como a los de las instituciones p¨²blicas, ya que tanto las empresas de m¨¢s de 50 empleados o 10 millones de euros de ingresos anuales, como las instituciones p¨²blicas regionales o locales con m¨¢s de 10.000 habitantes, tendr¨¢n la obligaci¨®n de establecer canales confidenciales de denuncias, lo que va a permitir que los denunciantes queden finalmente protegidos por unas normas legales homog¨¦neas y equilibradas en todos los pa¨ªses de la UE. Es por ello que esta directiva va a suponer un paso muy sustantivo para que los ciudadanos de cualquiera de los pa¨ªses de la UE se sientan legalmente protegidos, para denunciar aquellos casos de corrupci¨®n o actividades delictivas que puedan conocer en tales pa¨ªses.

En Espa?a vamos con un claro retraso en ofrecer protecci¨®n a los denunciantes, lo cual dificulta en buena medida que las personas se arriesguen a realizar denuncias, por el temor a la exposici¨®n p¨²blica y a la indefensi¨®n ante posibles represalias. De cualquier forma, algunas sentencias condenatorias de los tribunales espa?oles, derivadas en muchos casos de denuncias de simples funcionarios o ciudadanos de a pie, pueden animar a que cualquier ciudadano denuncie a aquellas personas o casos de corrupci¨®n que pueda conocer, con lo que los corruptos estar¨¢n as¨ª bastante m¨¢s expuestos al ojo p¨²blico.

Es muy importante en todo caso que en este pa¨ªs se establezca con premura un r¨¦gimen legal de protecci¨®n a los denunciantes, como el que estaba ya previsto en el proyecto de ley integral contra la corrupci¨®n y protecci¨®n del denunciante, tambi¨¦n llamada Ley ?mnibus. Este proyecto de ley iba a modificar nueve grandes leyes, entre otras: el C¨®digo Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la ley electoral, la ley de altos cargos, o la Ley General Tributaria. Dicho texto, aunque ten¨ªa nada menos que 387 enmiendas, estaba debati¨¦ndose con un cierto nivel de consenso en el Congreso de los Diputados cuando se disolvieron las Cortes, antes de la legislatura pasada, y ser¨ªa muy importante que en la pr¨®xima legislatura lo retomasen los grupos parlamentarios con car¨¢cter de urgencia, de cara a que en Espa?a se llegue a tener finalmente esa tan necesaria como urgente protecci¨®n legal a los denunciantes de corrupci¨®n.

Jes¨²s Lizcano ?lvarez es catedr¨¢tico de la Universidad Aut¨®noma de Madrid y cofundador y expresidente de Transparencia Internacional Espa?a.