C¨®mo abortar en Espa?a si eres una mujer migrante
Queda mucho camino para que el aborto sea un servicio de salud plenamente asegurado para todas las mujeres. Hasta entonces, muchas tendr¨¢n que seguir sorteando una carrera de obst¨¢culos que pone en riesgo su salud y en la que el tiempo corre en su contra
Creo que muchas personas saben que en Espa?a, desde el a?o 2012, las personas extranjeras no pueden acceder a la sanidad p¨²blica en las mismas condiciones que las espa?olas. Lo que no s¨¦ es si todo el mundo se ha parado alguna vez a pensar qu¨¦ supone esta restricci¨®n en la vida de las mujeres migrantes que, por diferentes circunstancias de su vida, necesitan abortar.
En Espa?a, como en muchos pa¨ªses que tienen despenalizado el aborto, a¨²n persisten barreras que obstaculizan el acceso al aborto en la sanidad p¨²blica. Esto sucede a pesar de que, seg¨²n la ley que regula el aborto, todas las mujeres tienen derecho a acceder a ¨¦l sin ning¨²n tipo de discriminaci¨®n. Cuando se trata de mujeres migrantes, surge la siguiente paradoja: ?c¨®mo van a acceder al aborto sin discriminaci¨®n si, en primer lugar, no pueden acceder a la sanidad p¨²blica en igualdad de condiciones?
El aborto es un servicio de salud que todas las mujeres pueden necesitar en alg¨²n momento de sus vidas, muchas veces con urgencia. Para poder acceder a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo de forma gratuita, las mujeres migrantes tienen que acceder primero a la sanidad p¨²blica, pero este proceso no es f¨¢cil si no tienen permiso de residencia. Existen una serie de requisitos que deben cumplir, entre ellos, demostrar que llevan m¨¢s de 90 d¨ªas en Espa?a. Si no los cumplen (o no lo pueden demostrar), no pueden acceder al aborto gratuito al que tienen derecho por ley. E incluso aunque cumplan los requisitos, realizar los tr¨¢mites para demostrarlo puede llevarles bastante tiempo, algo de lo que no disponen estas mujeres.
Imaginemos que una mujer no puede demostrar que lleva 90 d¨ªas en Espa?a. Una de sus opciones ser¨ªa intentar empadronarse y esperar esos 90 d¨ªas, pero eso supondr¨ªa estar m¨¢s de 12 semanas sin atenci¨®n sanitaria, sin seguimiento al embarazo ni acceso al aborto. Para cuando cumpliera los 90 d¨ªas probablemente habr¨ªa excedido el plazo legal de 14 semanas para el aborto libre. Adem¨¢s, para una mujer en estas circunstancias, cualquier tiempo de espera e incertidumbre tiene un impacto terrible sobre su salud f¨ªsica y psicol¨®gica.
Un ejemplo de ello es uno de los casos que Women¡¯s Link y la Comisi¨®n para la Investigaci¨®n de los Malos Tratos en Espa?a presentamos hace unos meses en una queja ante el Defensor del Pueblo. En agosto de 2018, en Madrid, una mujer de origen nigeriano, v¨ªctima de trata con fines de explotaci¨®n sexual, en situaci¨®n administrativa irregular y embarazada de 9 semanas, tuvo que reclamar durante varias semanas a que le expidieran el documento de asistencia sanitaria que le permit¨ªa acceder a la sanidad p¨²blica y, posteriormente, al aborto. Tras varias denegaciones, gracias al acompa?amiento de la Comisi¨®n de los Malos Tratos, pudo obtener el documento. Por esta burocracia injusta y discriminatoria, esta mujer estuvo muy cerca de no poder interrumpir el embarazo libremente, al estar cerca del l¨ªmite de 14 semanas que establece la ley.
Podr¨ªamos pensar que esta mujer, al ser v¨ªctima de trata, deber¨ªa haber estado especialmente protegida. Y as¨ª era hasta julio de 2018, cuando el gobierno elimin¨® en un nuevo decreto ley los grupos de vulnerabilidad que exist¨ªan desde el a?o 2012 y que permit¨ªan asegurar, al menos sobre el papel, la asistencia sanitaria a mujeres embarazadas, menores de 18 a?os, v¨ªctimas de trata, solicitantes de asilo¡ Ahora todas las personas migrantes deben cumplir los mismos requisitos, sin excepciones, lo que supone un impacto enorme para las mujeres que viven situaciones de vulnerabilidad que no pueden conseguir un aborto legal y seguro por otros medios, por ejemplo, pagando la interrupci¨®n de forma privada. Para ellas, la sanidad p¨²blica y gratuita es su ¨²nica opci¨®n.
Todas estas situaciones nos demuestran que a¨²n queda mucho camino por recorrer para que en Espa?a el aborto sea un servicio de salud plenamente asegurado para todas las mujeres, al que puedan acceder en igualdad de condiciones, sin ser discriminadas por su situaci¨®n migratoria o por cualquier otra raz¨®n. Hasta entonces, muchas tendr¨¢n que seguir sorteando una carrera de obst¨¢culos que pone en riesgo su salud y en la que el tiempo corre en su contra.
Estefanny Molina es abogada de Women¡¯s Link Worldwide.
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