S¨¢nchez devolver¨¢ la sanidad a los inmigrantes irregulares

Un decreto se suprime con otro decreto. Esto es lo que va a hacer el Gobierno de Pedro S¨¢nchez para volver a la situaci¨®n de 2012, cuando todos los residentes en Espa?a ten¨ªan derecho a la sanidad p¨²blica. A partir de ese a?o el Ejecutivo, entonces en manos del PP, excluy¨® del sistema ordinario de salud a los inmigrantes sin documentos regularizados. En pocas semanas el modelo se revertir¨¢ ¡°por decencia pol¨ªtica y para seguir el mandato de organismos internacionales y del Defensor del Pueblo¡±, anunci¨® ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Cela¨¢. Para ello el Ejecutivo tendr¨¢ que dialogar con las comunidades.

¡°Hoy se abre un proceso de di¨¢logo con las comunidades aut¨®nomas y la sociedad civil para devolver el derecho a la protecci¨®n a la salud a todas las personas en el Estado¡±, anunci¨® ayer con cierta solemnidad la ministra de Educaci¨®n y portavoz del Gobierno, Isabel Cela¨¢. Esta decisi¨®n pol¨ªtica es de las primeras que va a poner en marcha el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez. Nada extra?o, toda vez que, desde que se suprimi¨® la universalidad de la atenci¨®n sanitaria, los dirigentes socialistas han clamado por suprimir esa norma. Pero no solo los socialistas, tambi¨¦n otros partidos de la oposici¨®n han renegado siempre de la medida.

Esta se adopt¨® en plena crisis econ¨®mica. El Gobierno de Mariano Rajoy la aprob¨® y encomend¨® su desarrollo a la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato.

El Ministerio de Sanidad, dirigido ahora por Carmen Mont¨®n, empezar¨¢ la tarea de reponer ese derecho y se conf¨ªa en que la universalidad de la sanidad ser¨¢ un hecho en un plazo de seis semanas, apunt¨® Cela¨¢.

As¨ª, el decreto 16/ 2012, que dej¨® sin asistencia integral a muchas personas sin papeles en regla, ser¨¢ suprimido por otro decreto. ¡°Y se hace por decencia pol¨ªtica y por protecci¨®n de la salud, que adem¨¢s, es un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expres¨® su resistencia cuando el real decreto fue publicado¡±, se?al¨® Cela¨¢.

La exclusi¨®n de los inmigrantes irregulares de la atenci¨®n sanitaria ¡ªcon la excepci¨®n de menores, embarazadas y atenci¨®n en urgencias¡ª fue una de las medidas del paquete de recortes que el Gobierno del PP impuls¨® en 2012, al poco de llegar al poder. Aquel real decreto establec¨ªa que para tener derecho a la sanidad p¨²blica hab¨ªa que estar dado de alta en la Seguridad Social, algo imposible para quienes no tiene acceso a un permiso de trabajo, volviendo al modelo del franquismo que la Ley General de Sanidad de 1986 hab¨ªa eliminado. Con la redacci¨®n del decreto estaban afectados los sin papeles, pero tambi¨¦n muchos extranjeros comunitarios de los que se sospechaba que aprovechaban la libre circulaci¨®n dentro de la UE para beneficiarse del sistema sanitario espa?ol (el mal llamado turismo sanitario).

La memoria econ¨®mica de aquel decreto calculaba que se ahorrar¨ªan, en total, 917 millones por esta medida, pero no especificaba la parte correspondiente a los extranjeros en situaci¨®n irregular. Este peri¨®dico calcul¨® con datos del padr¨®n y de la Seguridad Social que habr¨ªa unos 150.000 afectados.

Seis a?os despu¨¦s, no ha habido ning¨²n c¨¢lculo oficial sobre si esta medida cumpli¨® sus objetivos. S¨ª que hay numerosos estudios (por ejemplo, uno cuyo primer firmante es Luis Gimeno, m¨¦dico de primaria del Sistema Aragon¨¦s de Salud, publicado en 2015 en BMC Public Health)que acreditan que esta poblaci¨®n consume muchos menos recursos sanitarios (la mitad de visitas al m¨¦dico, a urgencias y hospitalizaciones) que la poblaci¨®n general, debido a que, en general, los migrantes son m¨¢s j¨®venes y est¨¢n en mejores condiciones de salud.

Lo que s¨ª ha habido es un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, presentado el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad, que calcula que entre 2012 y 2015 la mortalidad de la poblaci¨®n inmigrante aument¨® un 15%, lo que representa unas 70 muertes anuales. Y el estudio no diferencia entre inmigrantes regulares e irregulares, por lo que es posible que en este ¨²ltimo colectivo la situaci¨®n sea a¨²n peor.

Aquel real decreto impact¨® en los extranjeros enfermos, incluso en los que ten¨ªan derecho a una atenci¨®n, y organizaciones como M¨¦dicos del Mundo han recogido m¨¢s de 1.000 casos de personas con enfermedades cr¨®nicas graves (c¨¢ncer, diabetes) no atendidas o a las que se intent¨® cobrar. Tambi¨¦n situaciones en las que recibieron facturas de embarazadas o menores a quienes se les hizo firmar una aceptaci¨®n de pago cuando fueron a urgencias.

Regulaci¨®n

En cualquier caso, con el tiempo, todas las comunidades han regulado sistemas para atender a esta poblaci¨®n, independientemente del partido que la gobierna. Pero esta oferta var¨ªa y el derecho se pierde si el extranjero se cambia de regi¨®n. Ya Alfonso Alonso, cuando fue ministro de Sanidad (2015), anunci¨® que se regular¨ªa la atenci¨®n para unificarla, pero ni ¨¦l ni su sucesora, Dolors Montserrat (la ¨²ltima de los Gobiernos de Rajoy), lo hicieron.

La actual ministra de Sanidad lo hizo cuando era consejera del ramo en la Comunidad Valenciana. Con esa experiencia afirm¨®, en la entrevista que concedi¨® a EL PA?S al d¨ªa siguiente de su toma de posesi¨®n, que esta medida no solo no implic¨® un sobrecoste en su comunidad, sino que supone, en el fondo, un ahorro, ya que es mucho m¨¢s caro atender a una persona cuando ya llega al hospital o a urgencias que hacerlo en los servicios de atenci¨®n primaria.

?Habr¨¢ alguna comunidad aut¨®noma que no quiera aplicar el nuevo decreto que prepara el Gobierno socialista? Ante esta pregunta la ministra portavoz, sonri¨®. ¡°Doy por seguro que eso no va a ocurrir¡±, adelant¨®.