Catalu?a ante s¨ª misma

La sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra los dirigentes acusados de declarar la independencia de Catalu?a, hecha p¨²blica este lunes, cierra el cap¨ªtulo judicial de una de las crisis institucionales m¨¢s graves a las que se ha enfrentado el sistema democr¨¢tico instaurado por la Constituci¨®n de 1978. Los magistrados han apreciado por unanimidad que nueve de los encausados cometieron un delito de sedici¨®n y cuatro de ellos, adem¨¢s, otro de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, estableciendo en las penas una gradaci¨®n de entre 13 y nueve a?os, proporcional a las respectivas responsabilidades en los hechos probados. De acuerdo con este mismo criterio, tres de los dirigentes pol¨ªticos procesados han sido condenados por un delito de desobediencia. El esfuerzo por acomodar las penas a las responsabilidades que ponen de manifiesto estas diferencias es una prueba de que la sentencia dictada resulta de la estricta aplicaci¨®n de las leyes penales en un Estado de derecho, no de un juicio parcial ni de una venganza.

No pueden ampararse bajo la libertad de expresi¨®n las decisiones del Parlament de los d¨ªas 6 y 7 de septiembre

Tampoco es resultado de ninguna judicializaci¨®n de la pol¨ªtica la intervenci¨®n del Tribunal Supremo en esta causa. Seg¨²n considera probado la sentencia, los dirigentes secesionistas violaron la legalidad democr¨¢tica con el prop¨®sito de que el Gobierno central aceptase convocar una consulta popular sobre la autodeterminaci¨®n de Catalu?a, amenazando, en caso contrario, con proceder a la declaraci¨®n unilateral de independencia realizada, finalmente, el 27 de octubre de 2017. Es evidente que la aplicaci¨®n del C¨®digo Penal por parte del Tribunal Supremo no resolver¨¢ la crisis institucional provocada por esta estrategia, que es, sin duda, pol¨ªtica, aunque apoyada en la ilegalidad. Pero tambi¨¦n que la semilla de la tiran¨ªa habr¨ªa sido plantada si, para lograr una soluci¨®n, se aceptara que las estrategias pol¨ªticas no est¨¢n obligadas a respetar los l¨ªmites fijados por el C¨®digo Penal.

Seg¨²n han venido a establecer los siete magistrados que han visto el caso, esos l¨ªmites est¨¢n claros y siguen vigentes, de modo que no pueden ampararse bajo la libertad de expresi¨®n las decisiones adoptadas por el Parlament de Catalu?a los d¨ªas 6 y 7 de septiembre de 2017, derogando la Constituci¨®n y el Estatut mediante una votaci¨®n para la que previamente se hab¨ªan modificado las reglas de la C¨¢mara y privado de voz a la oposici¨®n. Tampoco el derecho de manifestaci¨®n puede confundirse con la resistencia a la autoridad, seg¨²n ocurri¨® ante la Consejer¨ªa de Econom¨ªa el d¨ªa 20 del mismo mes. Ni nada tiene que ver con el ejercicio de las libertades y los derechos civiles convocar un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n incompatible con la legalidad interna e internacional, cumpliendo acto seguido con la amenaza de declarar la independencia sobre sus supuestos resultados.

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Ante la sentencia

Tras la publicaci¨®n de la sentencia, el independentismo se debate entre sucumbir a la tentaci¨®n de vincular toda salida pol¨ªtica a la situaci¨®n de los condenados o asumir de una vez por todas la realidad de que su proyecto es inviable y sus fuerzas insuficientes. Ser¨ªa un error que se inclinara por la primera alternativa, porque significar¨ªa conceder un margen de actuaci¨®n incontrolable a las fuerzas m¨¢s radicales que ha incubado en su seno. Pero, adem¨¢s, porque la sociedad catalana, al igual que la espa?ola, necesitan pasar p¨¢gina de unos acontecimientos que han provocado divisi¨®n, desaliento e incertidumbre. Y tambi¨¦n, por descontado, sufrimiento a los dirigentes condenados a unas penas de prisi¨®n cuya gravedad es acorde a los delitos cometidos; sufrimiento que, por lo dem¨¢s, es posible reconocer sin renunciar a la convicci¨®n de que el Tribunal Supremo ha hecho justicia y de que era imprescindible que la hiciera.

Para salir del est¨¦ril punto muerto en el que las instituciones catalanas llevan estancadas una d¨¦cada, y que algunos sectores del independentismo aspiran a prolongar con la excusa de la sentencia, es preciso comprender que el Tribunal Supremo no ha concedido la victoria a una posici¨®n pol¨ªtica sobre otra, sino que ha ratificado una vez m¨¢s la de un sistema democr¨¢tico construido desde el final de la dictadura?con determinaci¨®n, generosidad y sacrificio por todos los ciudadanos, incluidos los de Catalu?a, que estuvieron en primera l¨ªnea de defensa de la Constituci¨®n de 1978. Los desaf¨ªos del encaje territorial al que el independentismo ha tratado de imponer una soluci¨®n unilateral siguen siendo los mismos que cuando emprendi¨® la deriva que lo ha tra¨ªdo hasta aqu¨ª, tras utilizar el fracaso del Estatut con el mismo prop¨®sito con que otras fuerzas m¨¢s radicales pretenden hoy servirse de la sentencia, con cortes de v¨ªas y ocupaciones de espacios p¨²blicos. Como entonces, Catalu?a necesita un Estatut, no para apaciguar a quienes defienden el programa de la independencia o tranquilizar a quienes lo rechazan, sino, sencillamente, para reponer la claridad legislativa y el rigor t¨¦cnico que requiere una norma del bloque de constitucionalidad, que el vigente no cumple. De igual manera, es necesaria una nueva ley de financiaci¨®n auton¨®mica que haga justicia a Catalu?a, pero tambi¨¦n a cada una de las comunidades aut¨®nomas que, como Catalu?a y con menos recursos que ella, han pagado el coste de una profunda recesi¨®n.

Ser¨ªa ilusorio imaginar en unas jornadas cargadas de emoci¨®n que la sentencia facilitar¨¢ el hallazgo de una soluci¨®n. Nada impide, sin embargo, que si el independentismo resuelve con serenidad la encrucijada que tiene ante s¨ª, como tambi¨¦n los principales partidos constitucionales, la sentencia represente contra todo pron¨®stico el punto de inflexi¨®n necesario para el m¨¢s urgente de los acuerdos posibles: fijar la agenda pol¨ªtica en la que esa soluci¨®n deber¨¢ ir a buscarse.