Una Universidad de toda la ciudadan¨ªa

Uno de los grandes valores de la Universidad p¨²blica como instituci¨®n es mantenerse aut¨®noma ante el proceloso mundo de la pol¨ªtica partidaria. Si conserva la neutralidad, sirve a todos los ciudadanos; si toma partido, solo sirve a una parte. La premisa fundamental es que las autoridades acad¨¦micas son representantes institucionales de todos los miembros de la comunidad universitaria, y no lo son de ninguna opci¨®n pol¨ªtica concreta, puesto que no son cargos pol¨ªticos representativos. Y es precisamente por eso que, en el marco de una sociedad democr¨¢tica, tienen la inexorable obligaci¨®n de mantener la independencia y la neutralidad institucional de la Universidad como uno de sus principales ethos.

Hay que recordar, adem¨¢s, que la Universidad p¨²blica es Estado, pero no es Gobierno ni Parlamento, y de ah¨ª que, manteniendo su neutralidad institucional como parte del Estado, ayude a sostener la cohesi¨®n social. Lo cual es particularmente importante en tiempos en los que la porf¨ªa en la vida pol¨ªtica se encona m¨¢s all¨¢ de lo aceptable convirti¨¦ndose, a veces, en obstinadamente sectaria. Y son precisamente los dirigentes acad¨¦micos quienes deben sustentar tal neutralidad, aun cuando, en determinadas coyunturas, ello les reporte problemas e incomprensiones.

Son tres los argumentos que sustentan la tesis central que acabo de exponer. El primero consiste en que nosotros, los universitarios, no somos propietarios de la Universidad. Son los impuestos de todos los ciudadanos, con diferentes opciones pol¨ªticas democr¨¢ticas, los que asumen la mayor parte del coste de la Universidad p¨²blica, mientras que el resto es completado mediante las matr¨ªculas de cada estudiante. Si la Universidad como instituci¨®n se pronunciara sobre las opciones partidarias que confrontan sus ideas en la arena pol¨ªtica, eso ser¨ªa tanto como tomar partido por unos ciudadanos en detrimento de otros.

Se nos delega a los funcionarios p¨²blicos universitarios la gesti¨®n de la Universidad, ¨²nicamente para las tareas concretas que la sociedad nos confiere como entidad educativa y productora de nuevos conocimientos que deben serle transferidos. Traspasar o subvertir coyunturalmente la funci¨®n propia de la Universidad tiene el peligro de sentar unos precedentes que despu¨¦s la l¨®gica formal dicta que deber¨¢n ser siempre aplicados como una regla general. ?Por qu¨¦ debe ocuparse la Universidad-instituci¨®n de una determinada problem¨¢tica pol¨ªtica y no de otra? ?Qui¨¦n dicta cu¨¢les son los asuntos p¨²blicos que son pertinentes de ser tratados por los ¨®rganos internos de la academia y cu¨¢les no lo son?

Existe una segunda raz¨®n elemental que obliga a los equipos de direcci¨®n universitarios a mantener su neutralidad institucional: ninguno de los cargos directivos universitarios que conozco se ha presentado jam¨¢s ante sus electores con un programa pol¨ªtico de partido, sino con un programa acad¨¦mico. No est¨¢n, pues, autorizados ni legitimados para hablar pol¨ªticamente por los dem¨¢s acad¨¦micos, los cuales conforman una voz diversa y plural; salvo que alguien quiera vivir en una Universidad de pensamiento ¨²nico, creo que esta es una idea b¨¢sica para la convivencia en nuestros claustros. La pregunta puede parecer una obviedad, pero ?no es cierto que nadie se imagina en la actualidad que un candidato a un puesto directivo universitario se presente bajo las siglas de un partido pol¨ªtico?

El tercer y ¨²ltimo argumento es que la Universidad p¨²blica no debe invadir el terreno propio de los representantes de la soberan¨ªa popular. Son ellos quienes han merecido la confianza de los ciudadanos para sustanciar, en el Parlamento, todas aquellas actuaciones encaminadas a mejorar el bienestar de la ciudadan¨ªa. Y esa tarea de las asambleas legislativas no es sustituible por ninguna otra instituci¨®n, so pena de que dejemos de creer tanto en la democracia representativa como en una separaci¨®n de poderes que otorga a cada organismo p¨²blico su propia funci¨®n espec¨ªfica en la vida social.

Todo lo anterior no implica que la Universidad no deba politizarse en el sentido de abordar los grandes problemas de la humanidad, bien al contrario, debe hacerlo preocup¨¢ndose por el bien com¨²n mediante las atribuciones propias de impartir docencia y de producir y transferir el conocimiento. Pero no debe ser, en cambio, un espacio de confrontaci¨®n de los partidos que conforman el arco ideol¨®gico y pol¨ªtico de un pa¨ªs. Es decir, que la Universidad-instituci¨®n no sea portavoz de una opci¨®n particular no significa que la comunidad universitaria no pueda expresar sus ideas acerca de la realidad social y pol¨ªtica. La ¨²nica condici¨®n es que lo haga siguiendo las reglas del juego participativo de cada universidad y con respeto hacia todas las opciones ideol¨®gicas, por supuesto, no violentas.

En suma, no digo que la Universidad-comunidad no hable de pol¨ªtica, sino que la Universidad-instituci¨®n no debe entrar en el debate partidario por respeto a todos los ciudadanos. Ser¨ªa muy mala noticia que la Universidad-comunidad se mostrara indiferente ante los problemas de su entorno o de la humanidad, pero tambi¨¦n lo ser¨ªa que como entidad p¨²blica dedicada al saber y a la formaci¨®n de la ciudadan¨ªa no supiera guardar celosamente su independencia y neutralidad institucional para continuar estando al servicio de la comunidad.

Roberto Fern¨¢ndez es catedr¨¢tico de Historia Moderna, presidi¨® la CRUE entre 2017 y 2019.