Elecciones y participaci¨®n ciudadana

Imag¨ªnese usted como ciudadano, que pudiera tachar los nombres que desease en esas listas electorales cerradas que nos presentan los partidos para que les votemos. Y es m¨¢s, imag¨ªnese que pudiera as¨ª incluso tachar al primero o primeros de cualquier lista, por ejemplo, a algunos de los que han estado negociando estos ¨²ltimos meses y pactando tan eficazmente (y sin postureos), para llevarnos as¨ª a una repetici¨®n de las elecciones, haciendo tanto caso a lo que les ped¨ªan los ciudadanos. Lo anterior ser¨ªa posible en el supuesto de que hubiera en Espa?a un sistema de listas abiertas en las elecciones generales, tal como ocurre en otros pa¨ªses, tanto europeos como de otras partes del mundo.

En la pr¨¢ctica hay numerosas modalidades de listas abiertas (y de listas desbloquedas), y las mismas pueden tener apoyos y detractores, pero lo que parece claro es que el actual sistema de listas cerradas refuerza en este pa¨ªs la partitocracia dentro de nuestra sociedad y del sistema pol¨ªtico, y beneficia claramente al grupo dirigente de cada partido, fomentando adem¨¢s un evidente clientilismo dentro de los propios partidos. Habr¨ªa necesidad de un debate jur¨ªdico y social sobre este sistema electoral, y cabe recordar en todo caso que la implantaci¨®n de listas abiertas no necesitar¨ªa de una reforma de la Constituci¨®n, sino solo de la Ley electoral, si bien esta cuesti¨®n quedar¨ªa a merced de lo que decidiesen los propios partidos, lo que arroja dudas sobre su efectiva viabilidad.

Las listas abiertas supondr¨ªan una v¨ªa para que los ciudadanos pudieran cambiar al menos algunas cosas en los procesos electorales, y poder despedir as¨ª a algunos candidatos a los que los partidos se empe?an en poner por encima de todo, a pesar de la escasa capacidad demostrada e incluso los antecedentes de algunos de ellos. Ser¨ªa una v¨ªa, adem¨¢s, para que los ciudadanos pudieran tener un sistema de sanci¨®n o zasca social a aquellos pol¨ªticos, por ejemplo, que m¨¢s se ocupan de insultar, menospreciar o difamar, soltando p¨²blicamente no pocas soeces, aunque sepan que es algo realmente aversivo para los ciudadanos. Ser¨ªa necesario adem¨¢s, que de cara a una m¨ªnima transparencia social, los partidos publicasen en sus webs los curr¨ªculums de todos y cada uno de los candidatos incluidos en las listas, tanto del Congreso como del Senado, y as¨ª poder comprobar socialmente la supuesta val¨ªa profesional y pol¨ªtica de los mismos.

Imag¨ªnese, adem¨¢s, que los representantes de los partidos pol¨ªticos, con el fin de evitar cualquier tipo de enga?o o potencial falsedad, nos facilitasen la informaci¨®n de d¨®nde van a obtener el dinero para financiar muchas de las cosas que nos prometen, y sobre lo que frecuentemente no se han preocupado de pensar con rigor, y menos de cuantificar, antes de prometerlas a los ciudadanos, atentando as¨ª descaradamente contra la equidad intergeneracional, y por tanto a las generaciones de nuestros hijos y nietos (ellos ya no estar¨¢n, claro, en la pol¨ªtica, cuando les toque a estos pagar el pato). Ser¨ªa necesario establecer un control social y/o ciudadano para poder calificar como c¨ªnicas o socialmente fraudulentas aquellas medidas de los programas electorales que no est¨¦n acompa?adas de su coste econ¨®mico para los ciudadanos as¨ª como de los recursos financieros que las van a financiar.

Imag¨ªnese que los representantes de los partidos pol¨ªticos nos facilitasen la informaci¨®n de d¨®nde van a obtener el dinero para financiar muchas de las cosas que nos prometen

Un simple ejemplo de ello ser¨ªa que aquellos partidos que prometan, por ejemplo, un incremento continuado de las pensiones, deber¨ªan indicar las cantidades que tal medida costar¨ªa a las arcas p¨²blicas en los cuatro a?os siguientes de legislatura, as¨ª como la partida presupuestaria existente con la que sufragar¨ªan tal medida, o bien una nueva fuente presupuestaria a crear, por ejemplo, el impuesto de transacciones financieras (o tasa Tobin), concretando adem¨¢s la correspondiente estimaci¨®n de su cuant¨ªa y la proporci¨®n que se cubrir¨ªa con ello de ese mayor gasto en pensiones. Sabido es que el sistema de pensiones es claramente insostenible en sus coordenadas actuales (est¨¢ en quiebra t¨¦cnica seg¨²n un reciente informe del Tribunal de Cuentas), por lo que ser¨ªa un cinismo pol¨ªtico prometer un aumento continuado de pensiones sin explicar el origen concreto de los fondos.

Aprovechamos para recordar que la tasa Tobin no es un impuesto a la banca (que ser¨ªa solo recaudadora) sino que es un tipo de impuesto indirecto sobre el consumo, ya que lo soportar¨ªan los compradores de acciones o t¨ªtulos financieros, que los adquieren en su mayor¨ªa para obtener ganancias en una posterior venta, y en menor medida como participaciones o inversiones a largo plazo. La citada tasa conllevar¨ªa en la pr¨¢ctica una redistribuci¨®n social de recursos, ya que los compradores financieros transferir¨ªan recursos a los jubilados, sufragando los incrementos en sus pensiones. La consideraci¨®n sobre la conveniencia y/o la equidad social de estas medidas la tendr¨ªan que hacer en todo caso los ciudadanos electores.

Imag¨ªnese finalmente, por otra parte, que los partidos pol¨ªticos, dado que los ciudadanos han mostrado muy mayoritariamente una alta percepci¨®n de corrupci¨®n en la pol¨ªtica, incluyesen en sus programas medidas efectivas y compromisos firmes (y auditables) para combatir la corrupci¨®n, y que adem¨¢s se comprometiesen expl¨ªcitamente en sus programas a firmar con los dem¨¢s partidos un pacto de Estado contra esta lacra social, lo cual quiz¨¢ pudiera servirles para hacernos olvidar que en estas pasadas elecciones ellos han ignorado fehacientemente en sus programas esa importante preocupaci¨®n de los ciudadanos que es la corrupci¨®n.

Probablemente las anteriores imaginaciones no sean m¨¢s que unas entelequias sociales, aunque siempre cabe la posibilidad de que un d¨ªa no muy lejano algunos partidos pudieran reorientar su chip pol¨ªtico en clave social, sustituyendo as¨ª sus intereses propios o partidistas por el respeto de la firme voluntad y una mayor participaci¨®n de los ciudadanos en el devenir pol¨ªtico de este pa¨ªs.

Jes¨²s Lizcano ?lvarez es catedr¨¢tico de la Universidad Aut¨®noma de Madrid y cofundador y expresidente de Transparencia Internacional Espa?a.