La reforma del Estado
El r¨¦gimen de 1978 atraviesa una crisis sist¨¦mica y padece un deterioro creciente de las instituciones. Se ha convertido en una necesidad urgente implementar reformas que garanticen su supervivencia
¡°La espuma de las luchas pol¨ªticas impide en ocasiones tomar conciencia de las corrientes m¨¢s profundas que mueven la Historia¡±.
Juan Pro. La construcci¨®n del Estado en Espa?a (Alianza Editorial, 2019).
?Cu¨¢ntas naciones tiene Espa?a? Esta fue para algunos la pregunta del esc¨¢ndalo en los debates electorales, a la que ni Pedro S¨¢nchez ni Adriana Lastra osaron responder, no fueran a equivocarse en el n¨²mero o en la descripci¨®n. El t¨¦rmino naci¨®n ha sido pasto de la ambig¨¹edad a trav¨¦s de la Historia, no por voluntad de los hablantes, sino por avaricia de quienes les gobiernan o aspiran a hacerlo. El Diccionario de Autoridades, primero de los dictados por la Real Academia, ya defin¨ªa naci¨®n como el hecho de nacer, es decir, nacimiento, aunque recog¨ªa un segundo significado: ¡°La colecci¨®n de los habitadores en alguna provincia, pa¨ªs o reino¡±. Esta es tambi¨¦n la primera acepci¨®n del diccionario actual, cuando asevera que naci¨®n es ¡°el conjunto de los habitantes de un pa¨ªs regido por el mismo Gobierno¡±. Son los ciudadanos antes que el territorio los que configuran la naci¨®n, concepto prioritariamente cultural y no pol¨ªtico. Por eso, la cuesti¨®n que se debate no es si catalanes, gallegos, vascos o murcianos constituyen una naci¨®n, al margen de que entre todos ellos y otros muchos m¨¢s conformen la naci¨®n espa?ola, sino si eso les determina o da derecho a convertirse en un Estado. Mientras la naci¨®n es algo sobrevenido, inherente al hecho de nacer, el Estado es una construcci¨®n de la voluntad: un ente jur¨ªdico y administrativo en cuyo nombre se ejerce el poder en un territorio concreto.
El nacimiento de los Estados-naci¨®n surgi¨® al calor de la exuberancia del romanticismo, y su apelativo hace que algunos interpreten err¨®nea o interesadamente que a cada naci¨®n debe corresponder un Estado. Pero hay m¨¢s de 5.000 naciones en el mundo y solo menos de 200 Estados integran las Naciones Unidas. O sea, que, al margen de emociones e identidades plurales, da lo mismo cu¨¢ntas naciones existan o no en el seno de la propia naci¨®n espa?ola. Lo importante es que nuestro Estado garantice la igualdad de los ciudadanos ante la ley sin privilegios para nadie ni exclusiones de ning¨²n tipo. Lo que se debate por eso en la cuesti¨®n catalana es su hecho diferencial, como hist¨®ricamente se le ha venido llamando, algo que inevitablemente encuentra l¨ªmites en el ejercicio del poder pol¨ªtico por parte de quien leg¨ªtimamente lo ostenta: el Estado. Seguir¨¢ siendo as¨ª mientras este no naufrague.
Env¨ªo al diario estas reflexiones antes de conocer los resultados de los comicios, aunque sondeos iniciales arrojan de nuevo la incertidumbre sobre c¨®mo ha de formarse la mayor¨ªa precisa para constituir Gobierno. El candidato de la lista m¨¢s votada anunci¨® durante la campa?a que, en 48 horas a partir de hoy, ofrecer¨ªa un pacto de Gobierno al resto de las formaciones para lograr el desbloqueo de la indeseable situaci¨®n en que vivimos. Tan indeseable que el todav¨ªa presidente en funciones no lo es ni siquiera como consecuencia de un proceso electoral, pues no fue elegido diputado para el Parlamento que lo entroniz¨® y solo pudo encaramarse al cargo gracias a una conjunci¨®n de apoyos extravagantes que conformaban casi una mayor¨ªa antisistema. Fruto de esa circunstancia, sus reacciones y declaraciones respecto al hecho diferencial y a la interpretaci¨®n del vocablo naci¨®n, tan pre?ado de ambig¨¹edades, no han hecho sino acumular confusi¨®n y caos a la hora de interpretar cu¨¢l es el proyecto socialista para Espa?a si es que definitivamente existe.
La indefinici¨®n de S¨¢nchez y la deslealtad de Rivera a los principios fundacionales de su propio partido explican el castigo al que han sido sometidos en las urnas. Castigo que sufriremos todos en el pr¨®ximo futuro si persisten las dificultades para construir una mayor¨ªa parlamentaria que garantice un buen gobierno. Esperemos que el narcisismo adolescente de que han hecho gala no les impida una vez m¨¢s reconocer sus errores y ser consecuentes con ese reconocimiento. Pero la culpa de lo sucedido no es solo suya. Hace tiempo que muchos venimos denunciando la crisis sist¨¦mica por la que atraviesa el r¨¦gimen de 1978, el deterioro creciente de las instituciones y la necesidad urgente de implementar reformas que garanticen su supervivencia. Pero solo el neofranquismo rampante y el independentismo pueblerino parecen tener respuesta mediante el expeditivo e inaceptable m¨¦todo de acabar con el propio Estado democr¨¢tico. Ambos nacionalismos exaltados invocan emociones patri¨®ticas y ensue?os imposibles porque se necesitan mutuamente para sobrevivir. Pero ninguno de los llamados partidos constitucionalistas, ni tampoco el pseudoconstituyente Podemos, han puesto sobre la mesa un prop¨®sito concreto que nos ayude a resolver el caso. Dialogar a secas, como sugiere UP y farfulla el PSOE, no es un proyecto, sino solo la expresi¨®n de buenas intenciones. El di¨¢logo no servir¨¢ para nada si no persigue desde su inicio un pacto que renueve lo que casi milagrosamente se logr¨® en la Constituci¨®n: el reconocimiento del hecho diferencial catal¨¢n sin que por ello se menoscabara la sustancial igualdad entre los espa?oles, hoy vulnerada por el independentismo y amenazada por la ultraderecha. Contra lo que S¨¢nchez sugiere no estamos solo ni principalmente ante un problema de convivencia entre catalanes, sino ante una verdadera crisis del Estado, amenazado por la hostilidad de los dirigentes de una de las m¨¢s importantes comunidades aut¨®nomas. Por eso hay que dialogar con todos y entre todos, pero primero es necesario llegar a acuerdos transparentes entre las fuerzas pol¨ªticas leales al r¨¦gimen democr¨¢tico, y ni Vox ni el independentismo lo son. Esta no es una tarea exclusiva del Gobierno, quien quiera que lo encabece, por lo que si culpables de la situaci¨®n ya lo son todos, mucho m¨¢s han de serlo quienes persistan en la est¨²pida tradici¨®n del no es no.
Hace m¨¢s de diez a?os que EL PA?S propuso un dec¨¢logo de reformas urgentes (?urgentes, ya entonces!) encaminadas a restaurar la solvencia estructural de nuestro sistema, amenazada ahora por la centrifugaci¨®n del poder, la insurrecci¨®n civil que alimenta la Generalitat catalana y empieza a contagiarse a otras autonom¨ªas, y la mediocridad y el egotismo de los responsables pol¨ªticos. Cualquier oferta que haga el presidente en funciones para lograr una gobernanza estable ha de encarar cambios, quiz¨¢ accesorios, pero significativos, del sistema constitucional. De otro modo no servir¨¢ sino para prolongar la agon¨ªa de este y su creciente inutilidad frente a la pujanza admirable de nuestra sociedad civil. Tres cuestiones son cruciales: la consideraci¨®n del car¨¢cter federal del Estado de las autonom¨ªas, instituyendo al Senado como C¨¢mara efectivamente territorial; la reforma de la ley electoral, eliminando las circunscripciones provinciales y las listas cerradas y bloqueadas, y la elaboraci¨®n de un estatuto de la Corona, que clarifique las funciones y capacidades de la Jefatura del Estado. Junto a ello es preciso implementar medidas pol¨ªticas que garanticen la igualdad de los ciudadanos, hoy puesta en entredicho, a la hora de recibir prestaciones b¨¢sicas del Estado de bienestar: educaci¨®n, sanidad y pensiones.
Hemos escuchado muchas pamplinas y soflamas de los candidatos durante los ¨²ltimos meses, demasiados reproches entre ellos y poca concreci¨®n en sus propuestas. Ahora, lo que hay es lo que hay, y al margen de que los perdedores tengan la decencia de marcharse y dejar el paso a otros, es preciso que los que se queden sean capaces de establecer pactos y renunciar a sus particulares man¨ªas y obsesiones. Frente a la deriva neofascista de quienes quieren conquistar el Estado en nombre de la Catalu?a o la Espa?a profundas, corramos a defenderlo.
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