Chile y la ¡®COP ciudadana¡¯

Desde octubre, m¨¢s de un mill¨®n de chilenos, en un pa¨ªs de solo 18 millones, marcharon exigiendo mayor equidad y justicia social. El Gobierno de Pi?era respondi¨® imponiendo toques de queda casi de inmediato y enviando a los militares a las calles. La creciente desigualdad en Chile se vio exacerbada por la peor sequ¨ªa en 70 a?os en un pa¨ªs donde el agua est¨¢ totalmente privatizada.

Cuando la sociedad civil chilena pidi¨® al Gobierno que retirara a los militares de las calles, antes de organizar la conferencia crucial sobre el cambio clim¨¢tico de la COP de la ONU de este a?o, la administraci¨®n de Pi?era respondi¨® en su lugar cancelando la cita en el pa¨ªs. La decisi¨®n ha sido rechazada por todos los que durante todo el a?o han trabajado en torno a la plataforma de la Cumbre Social por la Acci¨®n Clim¨¢tica, un espacio alternativo al evento, y que a pesar de todo continuar¨¢ realiz¨¢ndose en Santiago durante los d¨ªas previstos.

La decisi¨®n del Gobierno chileno es una se?al de que la Administraci¨®n no reconoce que los disturbios sociales tambi¨¦n son una crisis ambiental. Los activistas han denunciado c¨®mo el pa¨ªs ha estado creciendo "durante muchos a?os a expensas de las personas m¨¢s vulnerables y el medio ambiente, obligando a comunidades enteras a soportar la carga del mal llamado desarrollo".

La conferencia ahora tendr¨¢ lugar en Europa, donde se han celebrado cuatro de las cinco ¨²ltimas ediciones. Esto es particularmente devastador para la sociedad civil chilena y latinoamericana que esperaba utilizar esta ocasi¨®n para llamar la atenci¨®n sobre los desaf¨ªos a los derechos humanos en la regi¨®n, y c¨®mo la creciente crisis clim¨¢tica alimenta nuevos conflictos por el acceso a los recursos naturales y la desigualdad econ¨®mica.

La nueva investigaci¨®n de Civicus, Silenciando a los testigos: activismo clim¨¢tico desde la primera l¨ªnea hasta la ONU, ilustra el poder del creciente movimiento global de justicia clim¨¢tica, as¨ª como los tipos de restricciones que est¨¢n frenando el activismo. A medida que la crisis ambiental empeora, los conflictos por el acceso equitativo a los recursos naturales, la tierra f¨¦rtil, la biodiversidad y el agua potable fresca continuar¨¢n creciendo. Los gobiernos tienen la opci¨®n de responder a millones de personas en las calles que piden justicia, garantizando que sus llamados sean realmente escuchados, a la vez que se re¨²nen para una de las citas m¨¢s fundamentales en la historia y el futuro de la humanidad. Sin embargo, todos los indicios sugieren que, al igual que el gobierno chileno, la mayor¨ªa de los Estados miembros de la ONU tienen poco inter¨¦s en escuchar a las comunidades de primera l¨ªnea, as¨ª como a los movimientos sociales en la COP de este a?o.

Al igual que en Chile, en todo el mundo los valientes que trabajan en primera l¨ªnea contin¨²an siendo silenciados deliberadamente. Las personas que abogan por la justicia clim¨¢tica son amenazadas e intimidadas con violencia, leyes represivas, demandas fr¨ªvolas y campa?as de desinformaci¨®n, todas dise?adas para sofocar sus llamados a una respuesta m¨¢s ambiciosa y justa a la crisis clim¨¢tica. Mientras tanto, en las conversaciones sobre el clima de las Naciones Unidas, las voces de los m¨¢s afectados por la crisis clim¨¢tica, incluidos los j¨®venes, siguen sin escucharse, a pesar de las recientes propuestas al movimiento clim¨¢tico juvenil dirigido por l¨ªderes j¨®venes como Jamie Margollin en Nueva York y Arshak Makichyan en Mosc¨².

Las personas que abogan por la justicia clim¨¢tica son amenazadas e intimidadas con violencia, leyes represivas, demandas fr¨ªvolas y campa?as de desinformaci¨®n

El Acuerdo de Par¨ªs adoptado en 2015 reconoce que los Estados deben respetar y promover sus obligaciones de derechos humanos al actuar para abordar el cambio clim¨¢tico. Aun as¨ª, la situaci¨®n de los activistas y defensores es precaria, y la violencia, las campa?as de desinformaci¨®n y la criminalizaci¨®n son habituales. Desde las teor¨ªas del odio y la conspiraci¨®n contra la activista escolar Greta Thunberg, hasta las restricciones a los manifestantes clim¨¢ticos en Colombia y los asesinatos de l¨ªderes ind¨ªgenas que luchan contra la deforestaci¨®n en Brasil, las amenazas a quienes se unen para luchar por el clima est¨¢n aumentando.

La retirada de Chile como anfitri¨®n muestra a¨²n m¨¢s los desaf¨ªos para la participaci¨®n ciudadana en las negociaciones clim¨¢ticas. La sociedad civil de la regi¨®n hab¨ªa planeado durante meses su participaci¨®n en lo que el Gobierno hab¨ªa llamado una "COP ciudadana". Esos planes se han visto completamente afectados por el cambio de sede. Adem¨¢s de las dificultades de fondos y planes de viaje, hemos denunciado c¨®mo la participaci¨®n de estos actores en las recientes conversaciones sobre el clima de la ONU se ha visto restringida a trav¨¦s de la denegaci¨®n de visas, deportaciones y oportunidades limitadas para que las organizaciones acreditadas por la ONU registren representantes. Incluso cuando los representantes tienen la oportunidad de participar, sus puntos de vista y conocimientos no son escuchados de manera efectiva.

Si bien Chile sol¨ªa ser un l¨ªder hist¨®rico en materia de participaci¨®n en los acuerdos ambientales, ese compromiso se ha desvanecido bajo la Administraci¨®n de Pi?era. Entre 2015 y 2018, Chile fue el principal negociador del Acuerdo de Escaz¨², el primer tratado internacional que incluye disposiciones espec¨ªficas para la protecci¨®n de los defensores del medio ambiente en Am¨¦rica Latina y el Caribe. Sin embargo, a pesar de su temprano apoyo, el gobierno andino hasta ahora no ha firmado ni ratificado el acuerdo, poniendo en duda su compromiso con la participaci¨®n de las personas y la acci¨®n clim¨¢tica. Adem¨¢s, en 2018, Chile figur¨® por primera vez en el informe de Global Witness sobre asesinatos de defensores ambientales, con dos casos reportados. Y, a¨²n hoy, el l¨ªder mapuche Alberto Curamil, ganador del Premio Ambiental Goldman 2019, contin¨²a en la c¨¢rcel.

Aunque la COP 25 no ser¨¢ en Am¨¦rica Latina, la presidencia chilena, Espa?a como anfitri¨®n y todos los dem¨¢s pa¨ªses presentes tienen el deber de asegurar que se escuchen las voces de la ciudadan¨ªa de esta regi¨®n. No habr¨¢ acci¨®n clim¨¢tica efectiva si los Estados no se comprometen a garantizar un ambiente seguro para aquellos que luchan por el clima ya sea en primera l¨ªnea, en las calles o en las negociaciones clim¨¢ticas.

Lyndal Rowlands trabaja en incidencia ante la ONU en New York y Natalia G¨®mez Pe?a, en incidencia ambiental para la Alianza Global de la Sociedad Civil, CIVICUS. Son coautoras del informe Silenciando a los testigos: activismo clim¨¢tico desde la primera l¨ªnea hasta la ONU.

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