Ser ambiciosos y predicar con el ejemplo
Deber¨ªamos exigir, como pa¨ªs anfitri¨®n, que en la Cumbre del Clima se aprueben regulaciones efectivas y vinculantes para todos los Estados
La reciente renuncia de Chile (por su convulsa situaci¨®n pol¨ªtica actual) a ser la sede oficial de la COP25, esto es, la Conferencia de las Partes de la Convenci¨®n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim¨¢tico (CMNUCC), ha situado a nuestro pa¨ªs en el epicentro mundial en materia de lucha contra el cambio clim¨¢tico.
Una oportunidad que no podemos desaprovechar. Para ello, debemos ser ambiciosos y predicar con el ejemplo.
M¨¢s all¨¢ de ser unos buenos anfitriones (est¨¢ m¨¢s que demostrada la capacidad de Madrid para acoger cualquier convenci¨®n de ¨¢mbito internacional), y de la declaraci¨®n por el Consejo de Ministros del evento como un ¡°acontecimiento de excepcional inter¨¦s p¨²blico¡±, se trata de poner el acento en la posici¨®n privilegiada de nuestro pa¨ªs en esta materia, debido a diversas causas, algunas ex¨®genas y otras que debemos impulsar si queremos ser vanguardia en este tema.
Hablar de lucha contra el cambio clim¨¢tico es hablar, en esencia, de reducci¨®n de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por un lado, y de fomento decidido de las energ¨ªas limpias o renovables, por otro. Y en ambos casos la seguridad jur¨ªdica y los marcos normativos estables son fundamentales.
En los ¨²ltimos lustros el sector energ¨¦tico espa?ol ha sufrido un aluvi¨®n de cambios normativos que, lamentablemente, no ha sido producto de un pacto energ¨¦tico ¡ªuna y otra vez demandado por los especialistas y que los partidos dicen querer alcanzar¡ª sino que ha venido motivado por el deseo de paliar el ¡°d¨¦ficit de tarifa¡± (que tanto lastra nuestra productividad, m¨¢s incluso que los costes laborales). Como consecuencia de todo ello, hemos sufrido una situaci¨®n de riesgo regulatorio e inseguridad jur¨ªdica en un sector tan estrat¨¦gico en la econom¨ªa de cualquier pa¨ªs desarrollado como es el energ¨¦tico. Adem¨¢s, y producto de la paradoja regulatoria que rige en estos tiempos de globalizaci¨®n, donde las transacciones comerciales y financieras se suceden continuamente a trav¨¦s de las fronteras nacionales, pero su regulaci¨®n sigue efectu¨¢ndose en compartimentos jur¨ªdicos estancos y a distintos niveles (internacional, regional y nacional) hemos padecido tambi¨¦n lo que parte de la doctrina denomina ¡°poliarqu¨ªa normativa¡±. As¨ª, distintos sistemas normativos, desarrollados entorno a diferentes premisas y que se rigen por principios y normas distintas, se han estado aplicando a un mismo sector, el energ¨¦tico.
Estos efectos perniciosos se han comenzado a revertir en nuestro pa¨ªs en los ¨²ltimos meses, con decisiones regulatorias importantes como el Decreto de Autoconsumo (Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, t¨¦cnicas y econ¨®micas del autoconsumo de energ¨ªa el¨¦ctrica) y el anunciado Real Decreto Ley para fijar la tasa de retribuci¨®n en el periodo 2020-2025 a las instalaciones de energ¨ªa renovable, cogeneraci¨®n y residuos, con el que se garantizar¨¢ el pago v¨ªa costes regulados en la factura de la luz de alrededor de 7.000 millones de euros al a?o en primas estatales.
Con estos dos Reales Decretos se cumplir¨¢n tres funciones fundamentales: dar seguridad jur¨ªdica (de hecho, la actual normativa se presta a diferentes interpretaciones sobre cu¨¢l ser¨¢ la tasa de retribuci¨®n financiera en los pr¨®ximos seis a?os), otorgar¨¢n instrumentos jur¨ªdicos realmente ¨²tiles para paliar el d¨¦ficit de tarifa y conseguir que en Espa?a se pueda desarrollar lo que algunos denominan la ¡°industria del sol¡± (producir un megavatio de fotovoltaica en Espa?a cuesta unos 30 euros, un 40% por debajo del precio del mercado ¡ªen Francia y Alemania 40 euros y en Reino Unido 60¡ª) y sobre todo posicionar¨¢n a nuestro pa¨ªs como un anfitri¨®n de la COP25 que est¨¢ haciendo los deberes, y que por tanto est¨¢ en condiciones de poder predicar con el ejemplo.
Pero no debemos quedarnos ah¨ª, en la autocomplacencia de saber que a nivel estatal se est¨¢n dando los pasos precisos, sino que deber¨ªamos ser algo m¨¢s ambiciosos y exigir, como pa¨ªs anfitri¨®n, que en la COP25 de Madrid se aprueben regulaciones efectivas y vinculantes para todos los Estados, en la l¨ªnea de evitar la temida poliarqu¨ªa normativa.
El camino es claro: el nuevo Derecho Administrativo Global ofrece algunos instrumentos que podr¨ªan aplicarse a este sector a modo de ¡°lex mercatoria¡±. Los instrumentos jur¨ªdicos est¨¢n ah¨ª, ahora falta que el compromiso pol¨ªtico de los Estados tambi¨¦n aparezca y se materialice en decisiones realmente efectivas y vinculantes. Esperemos que as¨ª sea.
Pilar Navarro es socia de sectores regulados en Cremades & Calvo-Sotelo y profesora doctora de Derecho Administrativo en UNIR.
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