Error pol¨ªtico

El Gobierno de Pedro S¨¢nchez ha propuesto la designaci¨®n de la ministra de Justicia saliente, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado. Delgado suceder¨¢ a Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, tambi¨¦n nombrada a propuesta de un Gobierno de S¨¢nchez y cuyo paso por la jefatura de la Fiscal¨ªa estuvo marcado por el juicio contra los dirigentes independentistas que, entre septiembre y octubre de 2017, atentaron contra la Constituci¨®n y el Estatut, y declararon la independencia unilateral de Catalu?a. Los cuatro fiscales encargados de esta causa durante el periodo de Segarra se alinearon con la tesis de que los hechos juzgados por el Tribunal Supremo constitu¨ªan un delito de rebeli¨®n, algo que no suscribi¨® la Abogac¨ªa del Estado y que, finalmente, tampoco fue avalado por la sentencia.

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Ninguna norma impide que un antiguo miembro del Ejecutivo sea designado para el cargo de fiscal general, y es por esta raz¨®n por lo que una transici¨®n semejante pudo producirse en un caso anterior, el de Javier Moscoso, en 1986. El paralelismo con el nombramiento de Eligio Hern¨¢ndez es m¨¢s limitado, puesto que, aunque proced¨ªa de un puesto dependiente del Ejecutivo, no ocupaba una posici¨®n tan se?alada como una cartera ministerial. Lo que, no obstante, diferencia los nombramientos de Javier Moscoso y Eligio Hern¨¢ndez, y el de Dolores Delgado, es el radical cambio de circunstancias pol¨ªticas en las que se producen.

La necesidad de obtener la abstenci¨®n de Esquerra Republicana de Catalunya para lograr la investidura de Pedro S¨¢nchez hizo que el Partido Socialista situara el foco de la negociaci¨®n en un ambiguo documento sobre la crisis territorial en Catalu?a, y en una idea de perfiles igualmente equ¨ªvocos como la ¡°desjudicializaci¨®n¡± de la pol¨ªtica. Es esta indefinici¨®n de los caminos por los que discurrir¨¢ la relaci¨®n del Gobierno central con ERC y la Generalitat lo que ha abierto el mayor flanco de cr¨ªtica al nombramiento de Delgado. Y lo ha abierto, precisamente, porque no se ha dado una explicaci¨®n pol¨ªtica por parte del Gobierno, ni el presidente ha puesto en evidencia que las cr¨ªticas se basan en meros juicios de intenciones. El hecho de que corresponda al Gobierno la propuesta es compatible con que, una vez nombrado, el fiscal general act¨²e con criterios rigurosamente obtenidos de la ley y no de la oportunidad pol¨ªtica. Limitarse a se?alar que el fiscal general es nombrado a propuesta del Ejecutivo y que depende de ¨¦l, como hizo Pedro S¨¢nchez en una entrevista radiof¨®nica, roza la temeridad pol¨ªtica. Es imprescindible conocer las razones que han impulsado al Gobierno a hacer esta elecci¨®n porque es necesario saber por qu¨¦ resultaba preferible la candidatura de la antigua ministra de Justicia sobre cualquier otra.

Con su explicaci¨®n autosuficiente, S¨¢nchez ha dado p¨¢bulo a especulaciones sobre la futura actuaci¨®n de Delgado. La reacci¨®n de la oposici¨®n, as¨ª como la de la asociaci¨®n mayoritaria de fiscales, de signo conservador, amenazan con dificultar la labor de la nueva fiscal general. Y todo ello en un momento en que es urgente que la justicia recupere tanto la serenidad como el prestigio.