Tercera prioridad

El Partido Popular ha anunciado su intenci¨®n de bloquear la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde diciembre de 2018, alegando que no le genera confianza la designaci¨®n de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Convertir las apreciaciones subjetivas del Partido Popular en condici¨®n imprescindible para el normal funcionamiento del sistema constitucional demuestra la voluntad de monopolizarlo, aun al precio de destruir el principio b¨¢sico en democracia de que las reglas se respetan cuando se ostenta la mayor¨ªa y tambi¨¦n cuando no se ostenta. El pron¨®stico pol¨ªtico detr¨¢s del obstruccionismo de los populares es que la actual legislatura ser¨¢ corta, raz¨®n por la que no quieren comprometer con la mayor¨ªa actual la composici¨®n del ¨®rgano de Gobierno de los jueces para los pr¨®ximos cuatro a?os.

Referida a la justicia, esta actitud es alarmante y ratifica que el Partido Popular sigue confiando en controlarla y en contar con la connivencia de algunos profesionales, seg¨²n confes¨® uno de sus senadores durante la legislatura pasada, Ignacio Cosid¨®. Proyectada, adem¨¢s, sobre la totalidad de los ¨®rganos del Estado, desde el Tribunal Constitucional hasta el Consejo de Radiotelevisi¨®n Espa?ola, trasciende los l¨ªmites de la t¨¢ctica pol¨ªtica y se confunde con una grave deslealtad constitucional.

Precisamente porque el riesgo de que la legislatura sea corta existe, uno de los pocos objetivos posibles que las fuerzas parlamentarias pueden compartir es resituar el sistema en la normalidad. Y resituarlo en la normalidad significa que los contrapoderes institucionales est¨¦n en condiciones de actuar como tales, sin interferencias bajo cuerda de los partidos y sin que estos se arroguen derechos de veto donde las leyes establecen garant¨ªas para que su composici¨®n sea plural y preservar de este modo la legitimidad de ejercicio.

El nuevo Ejecutivo tiene ante s¨ª la dif¨ªcil disyuntiva de c¨®mo hacer frente a esta actitud del Partido Popular, que, enroc¨¢ndose en la deslealtad constitucional, solo busca que el sistema sea inoperante si no est¨¢ bajo su control o que el Partido Socialista incurra en una deslealtad semejante, convalidando retrospectivamente unas acciones con otras. Ceder a esta ¨²ltima tentaci¨®n no ser¨¢ nunca un ejercicio de realismo para el Partido Socialista, por m¨¢s que pueda alegar en su descargo que el Partido Popular no le deja otra alternativa. Una lectura de fondo de los resultados electorales revela una realidad que los actuales l¨ªderes populares se resisten a contemplar, y es que la estrategia de la crispaci¨®n a la que recurrieron algunos de sus predecesores no arroja en estos momentos los mismos beneficios partidistas que en el pasado. No solo porque quienes los est¨¢n obteniendo son fuerzas m¨¢s a su derecha, sino porque generalizan el hartazgo hacia el sistema.

Un Gobierno en minor¨ªa como el que ha conseguido formar Pedro S¨¢nchez a partir de los resultados del 10 de noviembre puede encontrar dificultades para avanzar en el programa social con el que se ha comprometido, y tambi¨¦n en la reconducci¨®n de la crisis territorial en Catalu?a. Cualquier logro en una de ambas direcciones, por limitado que sea, deber¨¢ ser anotado sin reservas en su haber. Pero en ning¨²n caso justificar¨ªa que se alcanzase sin ratificar con firmeza el compromiso del Partido Socialista con la Constituci¨®n, ni bajo la presi¨®n del ins¨®lito ventajismo exhibido por el Partido Popular, ni bajo la de los socios imprescindibles para completar la mayor¨ªa. Lo que este compromiso requiere en estos momentos es colocar la renovaci¨®n de los ¨®rganos del Estado cuyo mandato se encuentra caducado parcialmente o en su totalidad al mismo nivel que las otras dos prioridades. Porque lo que tambi¨¦n est¨¢ en juego en esta dif¨ªcil legislatura, larga o corta, es el fin de la excepcionalidad.