Primera l¨ªnea

La sentencia conocida la pasada semana sobre dos casos de devoluciones en caliente en la que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo resuelve el recurso contra otra anterior, presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha colocado en el punto de mira la pol¨ªtica de inmigraci¨®n que se dispone a adoptar el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez. En su momento, el Partido Socialista calific¨® de inconstitucional esta pr¨¢ctica recogida en la Ley de Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana y aprobada bajo el impulso del Partido Popular. Con la nueva decisi¨®n, el Tribunal de Estrasburgo vuelve sobre sus pasos al avalar ahora las expulsiones que hab¨ªa condenado en primera instancia.

El Gobierno estaba a la espera de conocer la decisi¨®n judicial de Estrasburgo para establecer las directrices en pol¨ªtica de inmigraci¨®n, impulsando, entre otras medidas, la reforma del asilo en Espa?a. El cambio de criterio del tribunal sobre los casos recurridos afecta, sin duda, a las posiciones del acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Pero no en el sentido de que las invalide, sino en el de que coloca a los miembros de la coalici¨®n ante sus responsabilidades a la hora de optar entre la l¨ªnea mantenida en la oposici¨®n o la de mayor dureza defendida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su interpretaci¨®n de la sentencia en el sentido de que la violencia limita el ejercicio de los derechos fundamentales resulta temeraria, puesto que eleva a la categor¨ªa de principio una cuesti¨®n que, m¨¢s all¨¢ de la trascendental controversia jur¨ªdica que puede suscitar, requiere no obviar los matices y las circunstancias.

El Gobierno se ha dividido a ra¨ªz del intento de convertir la sentencia de Estrasburgo en un argumento a favor de introducir un giro restrictivo en el trato hacia los extranjeros, impulsado desde el Ministerio del Interior y contestado por los miembros de Unidas Podemos. La sentencia, sin embargo, no dirime qu¨¦ hacer a partir de este momento, concediendo un amplio margen para que el Gobierno decida si se coloca del lado de la eficacia a cualquier precio o del compromiso inequ¨ªvoco con los derechos fundamentales como l¨ªmite para las medidas relacionadas con la inmigraci¨®n. Por lo que respecta a la reforma del asilo, las dificultades pr¨¢cticas para identificar en la misma frontera a las personas que cumplen los requisitos para solicitarlo no pueden resolverse por la v¨ªa de limitar el ejercicio de este derecho. Y en cuanto a las deportaciones, no es posible desentenderse de la suerte que aguarda a los inmigrantes enviados a un tercer pa¨ªs, fingiendo ignorar los riesgos que en ocasiones se ciernen sus vidas o su integridad.

Admitir que el principal dilema al que se enfrentan las pol¨ªticas de inmigraci¨®n obliga a elegir entre el realismo y los derechos fundamentales constituye uno de los mayores triunfos de las fuerzas populistas y xen¨®fobas. Entre otras razones, porque lo que proponen entender por realismo es, en realidad, claudicaci¨®n. Las soflamas de estas fuerzas contra los extranjeros no buscan solo convertirlos en chivos expiatorios, sino tambi¨¦n utilizarlos como reclamo para cuestionar los derechos fundamentales de todos. Ceder en esta primera l¨ªnea no conjura la amenaza de que, haciendo part¨ªcipes de un mismo odio a los extranjeros y la democracia, el populismo y la xenofobia acaben validando la incongruencia de invocar la defensa de los derechos fundamentales para negarlos.