El 8-M, en disputa

En el tercer 8 de marzo desde la aparici¨®n de la campa?a #MeToo en octubre de 2017, la llamada cuarta ola del movimiento feminista comienza a recoger los frutos de una movilizaci¨®n de alcance planetario que ha marcado un antes y un despu¨¦s en la lucha por los derechos de las mujeres. El salto cualitativo experimentado en sus reivindicaciones no solo se refleja en la voluntad expresa de acabar con la cultura de tolerancia y encubrimiento del abuso sexual, una cultura vinculada al abuso de poder, sino sobre todo en la asunci¨®n expresa por parte de instituciones, empresas y organismos p¨²blicos de su hist¨®rica connivencia con desigualdades estructurales que, hoy en d¨ªa, se perciben como intolerables gracias a las permanentes denuncias de las mujeres, cuyo impulso y empuje han logrado la aprobaci¨®n de medidas destinadas a combatir las muchas brechas que todav¨ªa perviven en nuestra sociedad. El feminismo goza de una buena salud en Espa?a porque ha sido capaz de mantener un importante m¨²sculo organizativo y reivindicativo en un contexto de auge de discursos reaccionarios que tanto aqu¨ª como a nivel global est¨¢n cuestionando las transformaciones en las actitudes y en las instituciones que el movimiento ha logrado en los ¨²ltimos 30 a?os.

A la luz de la actual energ¨ªa del movimiento feminista, resulta preocupante que la tramitaci¨®n de la principal iniciativa legislativa impulsada desde el feminismo, la futura Ley Org¨¢nica de Garant¨ªa del Derecho a la Libertad Sexual, haya sido objeto de un enfrentamiento en el seno del Gobierno de coalici¨®n. Confundir alegaciones t¨¦cnicas con ¡°ataques machistas¡± formulados por parte de uno de los miembros del Gobierno, como sugiri¨® el vicepresidente Pablo Iglesias, demuestra poco conocimiento del proceso legislativo. Dichas objeciones a la ley no pueden despacharse con simpleza y por meras razones de capitalizaci¨®n partidista, especialmente en lo relativo a los delitos contra la libertad sexual, donde, por el espec¨ªfico ¨¢mbito de su competencia, el Ministerio de Justicia deber¨ªa tener mucho que decir. Una iniciativa legislativa de tanto calado, y cuya principal virtud se encuadra, a priori, en la asunci¨®n de un enfoque integral relativo a las llamadas ¡°violencias sexuales¡±, necesita, primero, pulcritud jur¨ªdica y, despu¨¦s, un amplio debate en sede parlamentaria.

Tanto el anteproyecto de la ley de libertad sexual que la ministra Irene Montero quiere impulsar, como el que se ha comprometido a presentar sobre discriminaci¨®n por orientaci¨®n sexual, identidad o expresi¨®n de g¨¦nero, afectan al n¨²cleo mismo del enfoque feminista, pues introducen un cambio sustancial: dejan de considerar a la mujer como el sujeto central de sus pol¨ªticas p¨²blicas. Fueron estas pol¨ªticas, precisamente, las que situaron a las mujeres como el eje vertebrador de la corriente de igualdad, aquellas que permitieron colocar a Espa?a en la vanguardia internacional de la lucha contra la discriminaci¨®n de g¨¦nero.

El proyecto feminista no puede consistir en la protecci¨®n de un ¡°g¨¦nero sentido¡±, no contrastable biol¨®gicamente, como pretende introducir el texto legislativo, porque resultar¨ªa incompatible con una agenda pol¨ªtica centrada en la protecci¨®n de las mujeres ante la discriminaci¨®n que sufren por el mero hecho de serlo, esto es, en funci¨®n de su sexo y no por su identificaci¨®n ideol¨®gica con la idea de feminidad. El derecho a la identidad sexual es una reivindicaci¨®n leg¨ªtima del movimiento LGTBI, sin duda, y debe seguir sus propios cauces de expresi¨®n y procedimientos legislativos, pero no deber¨ªa alterar el enfoque central de las pol¨ªticas feministas, basadas en la idea de que el g¨¦nero, es decir, el conjunto de atributos diferenciados que se asignan a hombres y mujeres, es una construcci¨®n social que, todav¨ªa hoy, discrimina activamente a m¨¢s de la mitad de la poblaci¨®n de nuestro pa¨ªs.