Virus y fronteras democr¨¢ticas

El Covid-19 fue viajando r¨¢pidamente desde fines del a?o pasado. Aupado en millones de turistas y expandi¨¦ndose, primero, a EE UU y Europa y, luego, al resto del mundo. Al inicio gradual e imperceptiblemente; despu¨¦s exponencialmente, hasta que la OMS lo declar¨® pandemia el 11 de marzo -hace menos de un mes- cuando el n¨²mero de contagiados era de ¡°solo¡± 118.000 personas y el de fallecidos, 4.291. Con m¨¢s de un mill¨®n de personas contagiadas y de 50.000 fallecidos al momento de escribirse estas l¨ªneas, el mundo se ha construido nuevas fronteras y se est¨¢ volviendo irreconocible.

De un mundo globalizado con fronteras en diluci¨®n, en un abrir y cerrar de ojos, hemos pasado a otro en el que el aislamiento, la regla y la proscripci¨®n de todo viaje transfronterizo, es el nuevo est¨¢ndar. Y, junto con ello, medidas de emergencia generalizadas al interior de los pa¨ªses las que, bajo distintos nombres, restringen derechos y otorgan facultades especiales a los poderes ejecutivos para hacer frente a la pandemia. Y, en ese contexto, un colapso econ¨®mico generador de desempleo masivo.

Comprensible todo esto. Facultades extraordinarias que en algunos pa¨ªses se est¨¢n usando correctamente y con eficiencia. Pongo como ejemplo lo que me consta y estoy viviendo en mi pa¨ªs, el Per¨², primer pa¨ªs latinoamericano en disponer medidas oportunas y efectivas de aislamiento que han logrado hasta el momento ¡°aplanar¡± la curva de incremento de nuevos casos y de personas fallecidas. Asimismo, por los significativos recursos fiscales ya invirti¨¦ndose en atender efectos sociales de la pandemia.

Sin embargo, si, por lo general, se ha actuado con bases de legalidad y legitimidad, tambi¨¦n se est¨¢n presentado amenazas a derechos democr¨¢ticos, sea por prop¨®sitos autoritarios o por indiferencia. Tres asuntos llaman particularmente la atenci¨®n.

Primero, estados de emergencia generalizados que son tierra f¨¦rtil para que algunos, ¡°pescando a r¨ªo revuelto¡±, acaparen y concentren poder oscureciendo la democracia y los derechos ciudadanos. Y proyectos, por ejemplo, para la legitimaci¨®n ¨Cy uso posterior- de medios digitales de seguimiento de la ubicaci¨®n y estado -f¨ªsico y an¨ªmico- de los individuos. O decisiones autoritarias ya en desarrollo de grosera acumulaci¨®n y concentraci¨®n de poder vali¨¦ndose de lo ¡°extraordinario¡± de la situaci¨®n. Es visiblemente lo que ya est¨¢ ocurriendo en Hungr¨ªa donde es ahora el primer ministro V¨ªktor Orban quien gobierna; por decreto y prescindiendo del parlamento.

Segundo, el peligro del entrampamiento del funcionamiento de instituciones democr¨¢ticas dadas las condiciones objetivas imperantes. Delicados equilibrios y mucha claridad de objetivos democr¨¢ticos son urgentes e indispensables de manera que no se vea impedido ¨Co trabado- el funcionamiento del sistema judicial, el del Parlamento y el de los Gobiernos locales. Hay respuestas t¨¦cnicas y normativas para que las instituciones puedan funcionar en las condiciones de aislamiento.

En lo judicial se puede y debe acelerar, por ejemplo, el uso del ¡°expediente electr¨®nico¡± (que ya funciona en varios pa¨ªses). Ya que esto puede ser una meta de mediano plazo en muchas instituciones, el hecho es que se pueden llevar a cabo muchas actuaciones, diligencias y audiencias judiciales usando la comunicaci¨®n digital. En especial si est¨¢ de por medio la libertad de personas u otros derechos constitucionales.

El funcionamiento de los parlamentos, por su lado, tampoco se deber¨ªa ver impedido. No es objetable que en una situaci¨®n de emergencia como la actual se fortalezcan las funciones y capacidades de acci¨®n de los poderes ejecutivos. Pero ello no puede cancelar la funci¨®n parlamentaria. La comunicaci¨®n digital est¨¢ disponible y es un medio que no solo debe ser ¡°tolerado¡± sino fomentado para que los poderes legislativos puedan funcionar. El espacio de los poderes locales es tambi¨¦n fundamental, pero probablemente el m¨¢s complejo pues no siempre cuentan con los recursos tecnol¨®gicos y presupuestales necesarios. Son el eslab¨®n fundamental de conexi¨®n entre la ayuda estatal/gubernamental y la gente en condici¨®n de pobreza y extrema pobreza, por lo que la interconexi¨®n es esencial.

Tercero, parafraseando el t¨ªtulo del film de Luis Bu?uel, Los olvidados: las personas privadas de libertad. Se encuentran bajo responsabilidad y atenci¨®n directa del Estado y es un grupo particularmente vulnerable por las condiciones de hacinamiento prevalecientes en los centros de reclusi¨®n.

Veamos, como ejemplo, a Colombia y Per¨². En el primero, la poblaci¨®n penal es de 121,297; la capacidad, para 80,763 (50.19 % de hacinamiento); en el Per¨², la poblaci¨®n penal es de 92,300 y la capacidad, para 39,300 (134% de hacinamiento). El hacinamiento y las condiciones de higiene son evidentes caldos de cultivo para la expansi¨®n del virus. Lamentablemente no suele generar gran ¡°simpat¨ªa social¡± en sociedades gangrenadas por la inseguridad.

En las actuales condiciones de emergencia carcelaria es urgente estudiar y conceder indultos a personas que est¨¦n por cumplir sus penas y no haya cometidos delitos de sangre. La deportaci¨®n de reclusos extranjeros (que deber¨ªan estar en sus pa¨ªses). Y, as¨ª, otras categor¨ªas que se consideren relevantes que deber¨ªan ser parte de una inmediata ¡°descompresi¨®n¡± de los centros penales antes que haya que lamentar hechos graves de violencia en el actual contexto. En el Per¨² la presidenta del Tribunal Constitucional ha pedido p¨²blicamente que se proceda a otorgar indultos recomendando, para ello, una comisi¨®n ad hoc que estudie cada caso de manera que no se beneficien de ello personas que entra?en un riesgo para la sociedad.