El inter¨¦s general y el papel del Estado

En situaciones como las actuales, de extrema excepcionalidad, es importante reflexionar sobre dos elementos esenciales de la democracia: la defensa del inter¨¦s general y la dimensi¨®n pol¨ªtica que existe en toda crisis. El primer punto ata?e muy principalmente al Gobierno central, que tiene que actuar siempre, y muy precisamente, en defensa de ese inter¨¦s general. Esta obligaci¨®n-responsabilidad es, evidentemente, mucho m¨¢s relevante en un momento como el que vivimos, con la pandemia de la Covid-19. Para ello, la propia Constituci¨®n, en lo que se conoce como Constituci¨®n Econ¨®mica, es decir, el T¨ªtulo VII, dispone en su art¨ªculo 128, primer apartado, que ¡°la riqueza del pa¨ªs en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad est¨¢ subordinada al inter¨¦s general¡±. Y en el segundo, que ¡°se reconoce la iniciativa p¨²blica en la actividad econ¨®mica. Mediante ley se podr¨¢ reservar al sector p¨²blico recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervenci¨®n de empresas, cuando as¨ª lo exigiere el inter¨¦s general¡±.

El constitucionalismo hist¨®rico, de base liberal, no sol¨ªa recoger un papel del Estado en la ordenaci¨®n de la econom¨ªa, y no fue hasta despu¨¦s de la II Guerra Mundial cuando los textos constitucionales europeos empezaron a recoger este principio. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, no existe una f¨®rmula equiparable y su Constituci¨®n no prev¨¦ la actuaci¨®n del Estado en relaci¨®n con el libre mercado. Por eso Trump ha tenido que acudir a una ley aprobada expresamente para apoyar la guerra de Corea a fin de obligar ahora a empresas privadas a producir lo que el presidente de la naci¨®n considera imprescindible en este nuevo esfuerzo. Por el contrario, las Constituciones europeas, y entre ellas la espa?ola, hacen compatible la econom¨ªa de mercado (recogida en esos textos fundamentales) con lo que se vino en llamar ¡°econom¨ªa social de mercado¡±. En Espa?a no se puede aludir al art¨ªculo 128 sin reconocer y cumplir el resto de los principios constitucionales.

El enorme desaf¨ªo, tanto sanitario como econ¨®mico-social, cargado de incertidumbres, que nos plantea la pandemia de la Covid-19, exige, por tanto, que el Estado asuma ese papel previsto en el art¨ªculo 128 de la Constituci¨®n, respetando todo su contenido y respondiendo, de acuerdo con nuestra realidad, a la defensa del inter¨¦s general que se invoca.

Estoy entre los que piensan que la prioridad indiscutible es la defensa de la salud de los ciudadanos. No comparto que se contraponga salud y econom¨ªa, como un dilema que no admita escapatoria. Un tratamiento decidido de lucha contra la pandemia es coherente con la defensa del inter¨¦s general y, en mi opini¨®n, la mejor forma de combatir la crisis socioecon¨®mica que inevitablemente nos provoca esta pandemia. Cuanto antes acabemos con el virus, m¨¢s f¨¢cil ser¨¢ salir de la emergencia econ¨®mica y social.

La Constituci¨®n espa?ola hace compatible la econom¨ªa de mercado con la llamada ¡°econom¨ªa social de mercado¡±

Por eso el inter¨¦s general deber¨ªa llevarnos a tomar todas las medidas sanitarias para frenar y superar la pandemia y todas las que preserven al m¨¢ximo nuestro aparato productivo, para que la salida socioecon¨®mica sea eficiente. Si no somos capaces de poner en valor nuestro tejido empresarial, desde el aut¨®nomo, pasando por las pymes y las cooperativas, hasta las grandes empresas de todos los sectores, interpretamos mal, o sectariamente, el inter¨¦s general que invocamos. Aunque algunos no lo comprendan, el tejido productivo de nuestro pa¨ªs, del que depende el empleo y el bienestar, es un gran entramado interdependiente, con protagonistas privados y p¨²blicos a los que hay que defender y ayudar a superar este desaf¨ªo.

El primer requerimiento de la acci¨®n de gobierno en la dimensi¨®n socioecon¨®mica es el di¨¢logo permanente con los interlocutores sociales. Despu¨¦s de atender a las razones de todas las partes, el Gobierno tiene la responsabilidad de decidir. No se trata de sustituir a los actores econ¨®micos y sociales, porque nos llevar¨ªa a fracasos ya constatados, sino de avanzar en decisiones que permitan salir de la crisis sanitaria, lanzando la actividad con el menor da?o para empresas y trabajadores. Por eso hay que tenerlos en cuenta para procesar las decisiones. Los gestos de menosprecio, cuando no de agresiones injustificadas, restan capacidad de presente y de futuro. Las empresas, sea cual sea su tama?o, tienen un conocimiento mucho m¨¢s preciso de la realidad en la que se mueven y, por tanto, de cu¨¢les son las condiciones que les pueden permitir enfrentarse a la crisis que atravesamos con el menor coste econ¨®mico y de empleo, para recuperar su plena actividad cuanto antes. Los sindicatos tambi¨¦n viven directamente esa realidad y son imprescindibles para que el di¨¢logo, que permite a los gobernantes tomar decisiones, sea fruct¨ªfero.

El inter¨¦s general nos obliga a combatir la pandemia para preservar la salud de los ciudadanos, con todos los medios disponibles, p¨²blicos y privados, como prioridad absoluta; y ese mismo inter¨¦s general nos obliga a defender nuestro aparato productivo sin escatimar esfuerzos, para mantener el empleo y la recuperaci¨®n de la actividad plena de nuestras empresas lo antes posible. No habr¨¢ empleo sin empleadores, ni las empresas privadas podr¨¢n ser sustituidas por la tentaci¨®n estatalizadora que nos conducir¨ªa al fracaso.

Nada hay m¨¢s equivocado en esta emergencia que buscar culpables en lugar de sumar esfuerzos. La democracia espa?ola contempla el pluralismo y la diversidad, y el Estado se organiza teniendo en cuenta ese pluralismo de las ideas y tambi¨¦n la descentralizaci¨®n pol¨ªtica de las competencias en las comunidades aut¨®nomas.

En situaciones de crisis, el Gobierno tiene que contar con las fuerzas pol¨ªticas para llegar al m¨¢ximo consenso

En situaciones de crisis como la actual, el Gobierno tiene que contar con todas las fuerzas pol¨ªticas para llegar al m¨¢ximo consenso en las medidas que hay que implementar. Los que hablan cr¨ªticamente de improvisaci¨®n, se equivocan. Habr¨¢ que adoptar medidas excepcionales en funci¨®n de una evoluci¨®n incierta. Tambi¨¦n se equivocan los que dicen que no improvisan cuando responden a las cr¨ªticas, porque no es verdad, ni puede serlo. Como tampoco aciertan cuando niegan errores inevitables o respecto de acciones que, viendo lo sucedido, no se habr¨ªan adoptado.

El pluralismo pol¨ªtico est¨¢ representado en el Parlamento y no tiene ning¨²n sentido que est¨¦ paralizado. La misma sociedad que pide a los estudiantes que sigan sus clases en el aislamiento y a los empleados que trabajen desde casa, no puede entender que no se haga lo mismo con el funcionamiento telem¨¢tico del Parlamento, que, con pocas limitaciones, podr¨ªa estar cumpliendo plenamente sus funciones de debate, control del Ejecutivo y desarrollo legislativo. Si defendemos que los dirigentes pol¨ªticos hablen con toda la frecuencia que exijan las circunstancias, hay que mantener en funcionamiento el Parlamento porque es ah¨ª donde ese di¨¢logo se produce.

Como somos un Estado descentralizado pol¨ªticamente en autonom¨ªas y tenemos entidades locales con sus propias competencias, necesitamos adem¨¢s que las decisiones de car¨¢cter general, de aplicaci¨®n en todo el territorio nacional, se coordinen con los responsables auton¨®micos y, en la mayor medida posible, con los Ayuntamientos. M¨¢s all¨¢ del respeto a la Constituci¨®n, esta estrategia de acci¨®n contra la crisis nos permitir¨ªa acercarnos mucho m¨¢s a la realidad en todos los lugares de Espa?a. Los Gobiernos, central, auton¨®mico y local operan siempre a m¨²ltiples niveles, aunque cada uno tenga competencias espec¨ªficas asignadas. Las disposiciones de car¨¢cter general, dirigidas a todos los ciudadanos del Estado, ser¨¢n mucho m¨¢s eficaces, tanto en su elaboraci¨®n como en su ejecuci¨®n, si se cuenta con las Administraciones que est¨¢n m¨¢s pr¨®ximas a su realidad. En eso consiste el principio de subsidiaridad que rige en pa¨ªses compuestos como el nuestro y en la Uni¨®n Europea.

Felipe Gonz¨¢lez es expresidente del Gobierno.