Bal¨®n de ox¨ªgeno para la radio pirata

Las emisoras de radio, p¨²blicas y privadas, comparten las ondas con un enjambre de estaciones pirata. Hace una d¨¦cada hab¨ªa alrededor de 3.000 frecuencias ilegales o alegales frente a 2.000 legales. Pese a las repetidas promesas de elaborar un mapa del sector radiof¨®nico para detectar y erradicar las se?ales fraudulentas, siguen campando a sus anchas por todo el dial. El Gobierno de Andaluc¨ªa les ha dado un bal¨®n de ox¨ªgeno al permitir su acceso a la publicidad institucional y comercial. Adem¨¢s, ha abierto la puerta a que empresas privadas gestionen emisoras de titularidad municipal alterando as¨ª un equilibrio mantenido durante d¨¦cadas.

La decisi¨®n del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (del PP) ha desatado una oleada de protestas por parte de asociaciones period¨ªsticas y del ¨¢mbito audiovisual. Una veintena de entidades ha pedido al presidente del Consejo Audiovisual de Andaluc¨ªa (CAA), Antonio Checa, que elabore un informe sobre la ¡°indefensi¨®n jur¨ªdica¡± en la que se encuentran tras la reforma de la Ley Audiovisual de Andaluc¨ªa, aprobada hace a?o y medio con un infrecuente consenso parlamentario. Ponen de relieve que la reforma es ¡°un hito desregulador¡± en materia audiovisual dirigido ¡°al fomento de fines espurios que solo benefician a quienes hasta ahora se han negado a someterse a la ley¡±.

Distintas organizaciones profesionales y sindicales preguntan al presidente del CAA los motivos por los cuales no ha intervenido sobre las se?ales externalizadas de 29 emisoras p¨²blicas locales conectadas a otras comerciales a pesar de conocer la situaci¨®n. ¡°?No corresponde la actuaci¨®n de oficio del CAA como instancia reguladora al servicio de la ciudadan¨ªa?¡±, plantean. Quieren saber tambi¨¦n c¨®mo afectar¨¢ al sector el hecho de que las emisoras ilegales puedan a partir de ahora emitir publicidad comercial e institucional, qu¨¦ impacto tendr¨¢ la ausencia de contenidos locales en muchos municipios que ahora podr¨ªan recibir solo contenidos en cadena, y en qu¨¦ medida se ver¨¢ perjudicado el patrimonio audiovisual andaluz. Como autoridad independiente encargada de velar por los derechos, libertades y valores constitucionales de los medios audiovisuales, tanto p¨²blicos como privados, el consejo podr¨ªa haber emitido siquiera un informe urgente.

Quien s¨ª est¨¢ dispuesto a actuar es el Gobierno central, que percibe una invasi¨®n de competencias en el ¨¢mbito audiovisual y se plantea recurrir al Constitucional tras la consulta efectuada al Consejo de Estado. La perturbaci¨®n que en el sector supone transformar en legales las emisoras pirata ya fue denunciada por la Asociaci¨®n Espa?ola de Radiodifusi¨®n Comercial. Esta entidad percibe en los cambios abordados por Andaluc¨ªa una alteraci¨®n grave de la competencia y considera que ¡°son contrarios a la legislaci¨®n estatal b¨¢sica¡±. La AERC calcula que en esa comunidad existen m¨¢s de 400 emisoras ilegales. Pero el Ejecutivo regional no las persigue. Las protege.