Jurisprudencia para atajar una pol¨ªtica arbitraria de asilo

¡°Cuando iba a subir al barco y el polic¨ªa me ech¨® para atr¨¢s, me llev¨¦ una gran decepci¨®n: mi permiso no val¨ªa igual que los otros, y eso que me hab¨ªan preparado para lo que pas¨®. Cuando mucho m¨¢s tarde pude subir al barco, porque un tribunal hab¨ªa ordenado a la Comisar¨ªa General de Extranjer¨ªa y Fronteras que organizara mi traslado a la Pen¨ªnsula, sent¨ª que dejaba un trozo de coraz¨®n, por los amigos que quedaban atr¨¢s en Melilla; que sal¨ªa de un infierno, por las condiciones de vida; que se me abr¨ªa una oportunidad¡±. Eso cuenta J.E.M., uno de los protagonistas de la Operaci¨®n barco, promovida por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Este lunes 27 de julio la Secci¨®n Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictar¨¢ su primera sentencia en casaci¨®n para determinar si un solicitante de asilo documentado con una tarjeta roja tiene derecho a circular libremente en Espa?a con la simple obligaci¨®n de comunicar los cambios de domicilio y, por tanto, a viajar libremente desde Melilla a la Pen¨ªnsula, sin que la Polic¨ªa pueda impedirle el embarque, como hace sistem¨¢ticamente con quien no est¨¢ en las listas de traslados decididas por la Comisar¨ªa General de Extranjer¨ªa y Fronteras.

El SJM defiende este derecho en ocho litigios que ha resuelto favorablemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Ministerio del Interior ha recurrido varias sentencias en casaci¨®n porque desmontan su pol¨ªtica de decidir a qui¨¦n traslada a la Pen¨ªnsula, a un centro de acogida, y a quien retiene largos meses, incluso m¨¢s de un a?o.

En Melilla, donde tiene oficina el SJM, como en Ceuta, Interior se vale de los controles documentales establecidos en el aeropuerto y en la estaci¨®n mar¨ªtima para impedir el embarque de los solicitantes de asilo provistos de una tarjeta roja que no est¨¢n en las listas de traslados autorizados. Trata esos controles como si hubiera una frontera entre Melilla o Ceuta y el resto de Espa?a, para aprovecharse de que la tarjeta roja no autoriza el cruce de fronteras. Cuando la raz¨®n de ser de esos controles es comprobar si los marroqu¨ªes que han entrado libremente en Ceuta o en Melilla con su carn¨¦ de identidad de Tetu¨¢n o de Nador o con su pasaporte sin visado, tienen la documentaci¨®n suficiente para pasar al resto de Espa?a o del espacio Schengen.

Adem¨¢s, el Abogado del Estado argumenta que la admisi¨®n a tr¨¢mite de la solicitud de protecci¨®n internacional no implica el goce de una autorizaci¨®n de residencia provisional, transitoria, como s¨ª reconocen todas las sentencias, lo cual implica el derecho fundamental a la libre circulaci¨®n por todo el territorio nacional. Reduce la eficacia de la tarjeta roja a proteger de la expulsi¨®n a su titular, que disfrutar¨ªa solo de un listado muy limitado de derechos.

En realidad, la argumentaci¨®n del Abogado del Estado reposa en una consideraci¨®n pol¨ªtica: defiende la peculiaridad de las ciudades de Ceuta y Melilla como ciudades fronterizas, que exige el control documental por la magnitud de los flujos migratorios que soportan. Pero sucede algo similar en Canarias, donde no hay controles policiales de documentaci¨®n antes del embarque, pero donde se ven polic¨ªas que patrullan el barco y piden la documentaci¨®n. Cuando ven a una persona extranjera con la tarjeta roja, pero sin autorizaci¨®n de traslado a la Pen¨ªnsula la obligan a desembarcar, aduciendo que esa tarjeta no est¨¢ ¡°para hacer turismo por Espa?a¡±.

En el SJM confiamos en que este lunes 27 de julio el Tribunal Supremo saldr¨¢ garante de los derechos fundamentales y que su jurisprudencia atajar¨¢ definitivamente una pol¨ªtica arbitraria de la Comisar¨ªa General de Extranjer¨ªa y Fronteras que perjudica a las personas solicitantes de protecci¨®n internacional en la Frontera Sur.

Josep Buades Fuster es director de la Asociaci¨®n Claver-Servicio Jesuita Migrante (SJM) y responsable de la elaboraci¨®n de los informes CIE del SJM.