Espa?a responde ante la ONU sobre los derechos de las personas refugiadas

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebra su 44? periodo de sesiones en el que, este jueves, Espa?a ha respondido a las recomendaciones en materia de derechos humanos realizadas por los pa¨ªses miembros de la ONU en el marco del Examen Peri¨®dico Universal. El pasado mes de enero, el Grupo de Trabajo que examin¨® al Estado espa?ol emiti¨® un informe con 275 recomendaciones para mejorar la protecci¨®n y garant¨ªa de los derechos humanos en el pa¨ªs.

Por primera vez, seis pa¨ªses han puesto el foco en las deficiencias del proceso de tramitaci¨®n de solicitud de protecci¨®n internacional y se han pronunciado al recomendar a Espa?a la adopci¨®n de medidas que agilicen y hagan m¨¢s eficaz el procedimiento, que garanticen una evaluaci¨®n justa e individual, aseguren el principio de igualdad y no discriminaci¨®n, mejoren la coordinaci¨®n entre las administraciones y contraten nuevo personal, reforzando su formaci¨®n.

Tambi¨¦n, por primera vez, se se?ala de manera expl¨ªcita la necesidad de reformar la Ley Reguladora del Derecho de Asilo con el objetivo de mejorar los procedimientos en el sistema protecci¨®n y acogida. Adem¨¢s, como en a?os anteriores, en este informe se manifiesta la preocupaci¨®n sobre el cumplimiento del principio de no devoluci¨®n y la situaci¨®n en Ceuta y Melilla.

Desde PlatRefugio, la plataforma conformada por 15 entidades que trabajan por los derechos de las personas migrantes y refugiadas y que present¨® a Naciones Unidas un informe sobre las vulneraciones de derechos en el sistema de protecci¨®n y acogida en el Estado espa?ol, se valora positivamente la aceptaci¨®n por parte de Espa?a de las 22 recomendaciones relacionadas con esta materia. Su aceptaci¨®n supone el compromiso de avanzar en todas las medidas legislativas y de pol¨ªtica p¨²blica necesarias para mejorar el procedimiento de solicitud y tramitaci¨®n de asilo y la protecci¨®n de las personas solicitantes en el sistema de acogida.

En este sentido los compromisos asumidos son muy limitados, ya que en su contestaci¨®n tan solo se?ala que continuar¨¢ con las pol¨ªticas que ya se est¨¢n implementando hasta ahora, sin avanzar hacia cambios estructurales que impliquen modificaciones normativas y reorienten el enfoque de su pol¨ªtica actual.

Esto queda de manifiesto, por ejemplo, en la aceptaci¨®n de las recomendaciones sobre la situaci¨®n en las fronteras en la que se?alan que todo se hace atendiendo a las garant¨ªas establecidas en el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol, manteniendo as¨ª su postura, desoyendo a las ONG que est¨¢n en terreno y sin comprometerse a avanzar en las modificaciones legislativas necesarias para poner fin a las devoluciones en caliente y a la situaci¨®n de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (Cetis) en Ceuta y Melilla.

Los compromisos asumidos por Espa?a son muy limitados; solo se?ala que continuar¨¢ con las pol¨ªticas que se est¨¢n implementando, sin cambios estructurales

En esta l¨ªnea de respuesta, Espa?a ha contestado a las seis recomendaciones referentes a la necesidad de avanzar en las garant¨ªas del acceso a procesos ¨¢giles, eficaces y justos que ¡°est¨¢ a la espera de la reforma legislativa en la Uni¨®n Europea que tiene como objetivo que los procedimientos sean m¨¢s r¨¢pidos y eficaces¡±, a pesar de haber incumplido su obligaci¨®n de transponer la normativa europea actual.

Respecto a las recomendaciones relacionadas con las mejoras en el sistema de acogida, la respuesta de Espa?a se?ala el esfuerzo econ¨®mico y de gesti¨®n realizado que, aunque se pueda valorar positivamente, contin¨²a siendo imprescindible avanzar y repensar el enfoque del propio sistema de acogida para adaptarlo a la realidad social y econ¨®mica actual, garantizando as¨ª los derechos de las personas solicitantes de protecci¨®n internacional.

Adem¨¢s de respuestas limitadas en cuanto a un compromiso por la mejora de la situaci¨®n de los derechos de las personas refugiadas, tambi¨¦n realizaron afirmaciones inexactas, como la referente al refuerzo realizado con el aumento de los recursos humanos en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y el supuesto impacto que tuvo en el n¨²mero de resoluciones de solicitudes de asilo adoptadas, pasando de 12.000 en el a?o 2018 a 60.275 en el a?o 2019. Un incremento que, fundamentalmente, se debe a la decisi¨®n pol¨ªtica de facilitar autorizaciones de residencia y trabajo a todas aquellas personas venezolanas solicitantes de protecci¨®n internacional, siendo el 65,9% de las resoluciones de 2019 concesiones de razones humanitarias a personas con nacionalidad venezolana, seg¨²n datos oficiales de la OAR.

Considerando la limitaci¨®n de los compromisos asumidos por el Estado espa?ol al se?alar en su respuesta tan solo una continuaci¨®n en pol¨ªticas ya implementadas, y teniendo en cuenta los adoptados en el EPU, resulta imprescindible seguir trabajando para que estos se transformen en medidas legislativas y de pol¨ªtica p¨²blica que garanticen y protejan los derechos de las personas solicitantes de protecci¨®n internacional.

Laura Traveso y Estefan¨ªa Rosell¨® pertenecen al ¨¢rea de Comunicaci¨®n de Red Acoge.