El pa¨ªs que desterr¨® los consensos
El estallido popular que hoy atraviesa Colombia es un recordatorio de que para dirigir una naci¨®n, lo primero que hay que hacer es escucharla
Hay 22 millones de pobres. Aunque los datos suelen matizar el sufrimiento y los problemas, los de Colombia ¨Cconsiderado como el pa¨ªs m¨¢s desigual de la regi¨®n latinoamericana¨C son tan contundentes que no hace falta elaborar. Seg¨²n las cifras oficiales, poco m¨¢s del 42% de la poblaci¨®n en 2020 se encontraba por debajo de la l¨ªnea de pobreza (eso es 3,5 millones de personas m¨¢s que en 2019) y para ese mismo a?o, otros siete millones viv¨ªan en la pobreza extrema.
No sorprende que lejos ¨Cmuy lejos¨C del aburrimiento, las catarsis y el entretenimiento cotidiano que inund¨® internet en el confinamiento, ocurriera algo tan doloroso como invisible: paralelamente al virus, a las medidas para contenerlo y al miedo, el hambre se sub¨ªa por las paredes y entraba por las ventanas de millones de hogares colombianos. Hasta que la gente ya no pudo m¨¢s.
En abril de 2020, en zonas de Bogot¨¢ donde la pobreza y la desigualdad estaban enquistadas. Hubo quienes asomaron en sus ventanas trapos rojos como un grito de auxilio para sobrevivir a la miseria. Era un recordatorio de que la tragedia no afectaba a todos por igual y que algunos tem¨ªan m¨¢s a la escasez inminente que a un posible contagio. Muy pronto los trapos rojos se convirtieron tambi¨¦n en un s¨ªmbolo de protesta contra el olvido del Estado.
Pero no fue el ¨²nico. Antes y despu¨¦s de eso, el inventario de desencuentros del Gobierno del presidente Iv¨¢n Duque con distintos sectores se fue alargando. Una y otra vez, entre 2019 y 2020, la sociedad civil y diversas agremiaciones manifestaron su descontento, proponiendo di¨¢logos y exigiendo cambios, sin conseguir, hasta ahora, algo sustancial.
En ese panorama de tensiones agravadas por el peso de la pandemia, en un movimiento que solo puede explicarse desde la desconexi¨®n, el Gobierno central present¨® un proyecto de reforma fiscal etiquetada como Ley de Solidaridad Sostenible, que result¨® tan inoportuna como pol¨¦mica. A pesar de que diversos expertos coinciden en que una reforma es necesaria, el alcance y varios puntos del proyecto eran ampliamente discutibles y, si se quiere, inaceptables por aumentar la presi¨®n sobre los ingresos medios-bajos y bajos a trav¨¦s de impuestos.
Por eso, el 28 de abril de 2021, colectivos, sindicatos, centrales obreras y miles de j¨®venes iniciaron una de las movilizaciones populares m¨¢s descentralizadas y amplias de las que se tenga memoria.
De la reivindicaci¨®n a la violencia
Quienes apoyan la movilizaci¨®n y tambi¨¦n quienes la condenan han abierto un flujo interminable de denuncias, datos y relatos de la violencia que vive el pa¨ªs por estos d¨ªas. Con una virulencia extraordinaria, la narrativa dominante del Paro Nacional y sus reivindicaciones en materia de pobreza, desempleo juvenil y falta de oportunidades, se ha tornado angustiante por im¨¢genes ¨Cunas crudas y otras confusas¨C de abusos por parte del Escuadr¨®n M¨®vil Antidisturbios (ESMAD) y de la Polic¨ªa Nacional. Tambi¨¦n se registraron de actos de vandalismo y en distintas ciudades, como ocurri¨® en Cali, de civiles disparando indiscriminadamente contra los manifestantes y contra la Minga Ind¨ªgena, una movilizaci¨®n de pueblos originarios que reivindican derechos propios.
Paralelamente al virus, a las medidas para contenerlo y al miedo, el hambre se sub¨ªa por las paredes y entraba por las ventanas de millones de hogares colombianos. Hasta que la gente ya no pudo m¨¢s.
Para diversos observadores, organizaciones de Derechos Humanos y miembros de la comunidad internacional, lo m¨¢s preocupante es que el papel del Estado colombiano ha sido determinante en la diseminaci¨®n de los excesos. Hoy sabemos, seg¨²n reportes de organizaciones locales, que entre el 28 de abril y el 16 de junio se han registrado 4.285 casos de violencia policial con 43 homicidios, 1.468 v¨ªctimas de violencia f¨ªsica y 28 v¨ªctimas de violencia sexual, por mencionar solo algunos datos.
En este punto, detener la furia es lo m¨¢s urgente. ¡°Para desescalar, hay que escalar los derechos humanos y ponerlos en el centro del manejo de la crisis¡±, afirm¨® en una reciente entrevista, Rodrigo Uprimny, un reconocido jurista colombiano.
La trinchera del di¨¢logo
Pese al desgaste natural de la movilizaci¨®n y la decisi¨®n de los sindicatos detr¨¢s del Comit¨¦ Nacional del Paro que dejar¨ªan de convocar la marcha semanal, el estallido de dignidad civil y la forma en que el Gobierno de Iv¨¢n Duque respondi¨® a ello han reconfigurado los imaginarios del pa¨ªs.
No solo porque las protestas consiguieron el desplome de la reforma tributaria y la renuncia del ministro de Hacienda, el hundimiento de otra reforma orientada la salud (tambi¨¦n pol¨¦mica), la dimisi¨®n de la canciller, y el anuncio de una propuesta de subsidios para estudiantes de bajos recursos; sino porque han dejado en evidencia el abismo existente entre los ciudadanos y sus dirigentes de todas nociones pol¨ªticas, incapaces de escuchar, forjar consensos y representar verdaderamente a pa¨ªs atomizado por la inequidad y las desigualdades.
Esta crisis ha revelado los engranajes de un sistema que tritura las posibilidades de los colombianos de a pie y son ellos los que reclaman salir de ese socav¨®n de olvido estatal que la pandemia hizo m¨¢s profundo. Ahora, junto a las barricadas y contra las instituciones ¨Co a pesar de ellas¨C, buscan una nueva pol¨ªtica, una pol¨ªtica de and¨¦n.
Se ha abierto una puerta para una reforma estructural en lo econ¨®mico y lo social que permita estabilizar las finanzas p¨²blicas y garantizar unos m¨ªnimos de subsistencia para los colombianos. Esta es una oportunidad a una reconducci¨®n de las instituciones hacia el respeto, la protecci¨®n y la promoci¨®n de los derechos humanos; y una transformaci¨®n en lo pol¨ªtico que facilite el retorno del di¨¢logo y la confianza.
Las protestas, aunque se extingan, han planteado la necesidad de congregar, m¨¢s all¨¢ de la trinchera de la rabia y lo anodino, a las clases trabajadoras, a los estudiantes, al tejido empresarial y emprendedor, a los dirigentes y a los migrantes. Colombia tiene la oportunidad de hacer un pacto honrado con la memoria, aprender de lo ocurrido y avanzar sin dilaciones hacia un relato en el que todos los ciudadanos puedan leer su nombre.
Santiago S¨¢nchez Benavides es periodista miembro de Colombia Migrante. Este art¨ªculo fue desarrollado con la investigaci¨®n y an¨¢lisis de Andrea Amaya Beltr¨¢n, Nadia Hakim y Andr¨¦s del Castillo de Colombia Migrante, un colectivo de colombianos residentes en Europa, que promueve la diplomacia civil y la cooperaci¨®n para el desarrollo sostenible en ese pa¨ªs.
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