El Constitucional suspende puntos clave del decreto de la Junta de Andaluc¨ªa en materia audiovisual y de patrimonio hist¨®rico
Uno de los preceptos impugnados daba pie a la legalizaci¨®n de emisoras pirata permiti¨¦ndoles emitir publicidad institucional
El Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite el recuso presentado por el Gobierno contra dos art¨ªculos del decreto de la Junta de Andaluc¨ªa que modific¨® 21 leyes y 6 decretos, con el argumento de que se persegu¨ªa una simplificaci¨®n administrativa para el fomento de la actividad productiva. La admisi¨®n a tr¨¢mite supone la suspensi¨®n autom¨¢tica de los preceptos impugnados.
El recurso del Gobierno se aprob¨® el pasado 21 de abril, tras intentos de negociaci¨®n con la Junta que no dieron resultado. No obstante, ambas partes se han comprometido a seguir dialogando, con objeto de tratar de encontrar una salida acordada, lo que, en su caso, podr¨ªa implicar la retirada de los recursos.
Las normas cuestionadas se refer¨ªan a la protecci¨®n del patrimonio cultural contra los expolios ¨Cart¨ªculo 13 de la ley-, y a la comunicaci¨®n audiovisual ¨Cart¨ªculo 28-. En ambos casos, el Gobierno entendi¨® que la Junta hab¨ªa invadido competencias del Estado. El Ejecutivo pidi¨® dictamen al Consejo de Estado, que se mostr¨® favorable a la interposici¨®n del recurso.
El precepto relativo a la comunicaci¨®n audiovisual permite que las empresas privadas gestionen emisoras de radio y televisi¨®n actualmente gestionadas por los ayuntamientos, al tiempo que facilita que se legalicen radios y televisiones pirata, por la v¨ªa de autorizarlas para que emitan publicidad institucional. La norma sobre el patrimonio hist¨®rico da a su vez competencias a los alcaldes para efectuar reformas en sus municipios en el entorno de los bienes de inter¨¦s cultural.
Las normas impugnadas fueron aprobadas el pasado mes de marzo en la Diputaci¨®n Permanente del Parlamento de Andaluc¨ªa, con el apoyo de 18 diputados. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, volvi¨® a defender ayer la virtualidad del decreto en la sesi¨®n de control de la asamblea andaluza, argumentando que la raz¨®n de las reformas reside en que ¡°necesitamos simplificar la vida¡± de los ciudadanos.
La Junta de Andaluc¨ªa se ha mostrado favorable a abordar los art¨ªculos ya suspendidos con el Gobierno central y ya ha remitido a La Moncloa el acuerdo para el inicio de las negociaciones. Desde San Telmo se hace hincapi¨¦ en que el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez al haber impugnado solo dos aspectos del real decreto admite ¡°impl¨ªcitamente¡± que est¨¢ de acuerdo en el resto de las disposiciones de su decreto estrella, informa Eva S¨¢iz. Esta misma ma?ana, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha vuelto a defender la normativa por considerar que ¡°impulsar¨¢ la econom¨ªa y contribuir¨¢ a que Andaluc¨ªa sea m¨¢s competitiva¡±.
El PSOE, por su parte, ha anunciado que presentar¨¢ su propio recurso al Tribunal Constitucional que interpondr¨¢n 50 senadores cuando se habilite el calendario en el Senado. Los socialistas andaluces aprecian dos motivos de inconstitucionalidad: por un lado, el decreto-ley no se ajusta a un caso de extraordinaria y urgente necesidad para su aprobaci¨®n como establece la Constituci¨®n y el Estatuto de Autonom¨ªa. Tambi¨¦n creen que se vulnera el derecho de participaci¨®n pol¨ªtica al haberse convalidado en la Diputaci¨®n Permanente del Parlamento, un ¨®rgano que solo opera durante las vacaciones parlamentarias y tras la disoluci¨®n de la C¨¢mara.
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